Reutemann puso condiciones al Nuevo Banco de Santa Fe
La decisión gubernamental pretende fijar pautas que sirvan como garantía de los fondos públicos en medio de un polémico proceso de readjudicación de la ex entidad estatal.
El Nuevo Banco de Santa Fe fue privatizado hace cuatro años, durante el primer gobierno de Jorge Obeid. La operación, piloteada por el ex ministro de Hacienda, Hugo Garnero, terminó entregando la entidad por 57 millones de pesos al Banco General de Negocios. Pero los bríos de renovación duraron poco, sólo hasta que los hermanos Rohm, flamantes dueños del banco, se convirtieron en prófugos de la justicia argentina.
A partir de allí, el gobierno de la provincia -ya en manos de Carlos Reutemann- ensayó una especie de “operativo salvataje” para rescatar a la entidad. El banco fue puesto otra vez en venta y recientemente adjudicado al banco de San Juan.
Esta “segunda privatización” no fue menos cuestionada que la primera, aunque en este caso la operación no corrió por cuenta del Estado, sino de un agente fiduciario, el ABN AMRO.
Una de las principales dudas que despierta esta nueva escena nace a partir de la supuesta insolvencia del Banco de San Juan para quedarse con el de Santa Fe. Y el dato no pasa desapercibido para el gobierno de la provincia. Porque precisamente esta entidad crediticia es la que funciona como agente financiero del Estado, es decir, el banco con el que se maneja el gobierno para realizar sus operaciones. Esta facultad le permite al Banco de Santa Fe movilizar 300 millones de pesos públicos por mes, y obtener onerosas comisiones.
El contrato original firmado entre los primeros dueños de la ex entidad crediticia estatal y la provincia establecía que aquel vínculo financiero se mantendría hasta el 2008. Pero un nuevo elemento producto de la readjudicación modificó los ánimos de la provincia. Mediante una resolución, el Banco Central autorizó una “fusión” entre el adquirente y el adquirido. Esto podría hacer desaparecer a Santa Fe como sede central del Banco, pondría en peligro la permanencia de sucursales en todo el territorio y hasta de los 1500 empleados que en la actualidad posee.
El gobierno de Reutemann no está dispuesto a pagar este costo social y por eso impuso condiciones: “no alterar el nombre ni el domicilio legal y contractual establecidos para el Nuevo Banco de Santa Fe”, “mantener en límites razonables los niveles de solvencia y liquidez, y no reducir sustancialmente el nivel de empleo”. Si bien no hay precisiones taxativas en el proyecto sobre las sucursales, esto se desprende del segundo artículo del mensaje, donde se requieren mantener las exigencias de “todas las leyes, decretos y disposiciones complementarias ya dictadas”.
La decisión se está adoptando en la provincia en pleno período de transición política. Por eso, muchos legisladores admiten que los tiempos parlamentarios se impondrán más que nunca y dejarán que la ley sea votada durante el gobierno de quien, en definitiva, terminó haciendo que el Banco pase a órbitas privadas: el Ing. Jorge Obeid.
