Más de 900 pescadores objetados para recibir subsidios

El gobierno de Santa Fe entregó a las entidades que agrupan a los pescadores artesanales el padrón depurado de beneficiarios que recibirán el subsidio del Estado durante el período de veda de la actividad extractiva.

El padrón se confeccionó sobre la base de los datos aportados por las entidades sindicales y civiles que nuclean a los pescadores. De ese total, se realizó una minuciosa verificación de los datos, para comprobar que los potenciales beneficiarios estuvieran debidamente encuadrados en los requisitos establecidos por el Ministerio de la Producción para acceder al cobro del subsidio.

Tras el proceso de depuración, el listado quedó integrado por 2.577 pescadores, sobre un total 3.491 casos propuestos para recibir el beneficio. No obstante, la depuración continuará en los próximos días con cruces de datos con organismos nacionales, según indicaron desde el Ministerio de la Producción.

De los 914 casos objetados, 98 figuraban duplicados y el resto están alcanzados por los beneficios de otros programas sociales, jubilaciones u otras ayudas del Estado: 202 por el Plan Jefes de Hogar II; 150 pertenecen del plan Santa Fe Vale; 110 están incluidos en el Programa de Empleo y Capacitación Laboral; 111 jubilados o pensionados y 17 fallecidos, entre otros.

El pago de los subsidios a los pescadores definidos como “artesanales” –por la ley provincial Nº 12.482– es de 850 pesos mensuales, contra los 500 pesos que se pagó durante el período de veda anterior. No se contempla el pago de una suma adicional para fin de año.

Una vez entregadas las listas, “los representantes de los pescadores tendrán plazo hasta el 28 de noviembre para solicitar reconsideraciones de casos de beneficiarios que no estén incluidos en el padrón”, indicó Ricardo Biani, secretario del Sistema Hídrico, Forestal y Ministerio de la Producción.

Biani participó días atrás junto al subsecretario de Relaciones Institucionales, Carlos Scabuzzo, de las negociaciones con el Sindicato de Pescadores para evitar el corte del puente Rosario – Victoria. Tras recibir los padrones, los representantes del sindicato, encabezados por su secretario general, Juan Carlos Billarreal, decidieron analizar la propuesta del gobierno.

El pago de este subsidio funciona como un resarcimiento por la prohibición de la actividad de captura de toda especie de peces de río durante los meses de noviembre, diciembre y enero de cada año, establecida por la ley provincial Nº 12.703.

En el marco del diálogo con los representantes de los pescadores, también se acordó la conformación de una comisión de fiscalización del cumplimiento del plan de conservación, integrada por funcionarios de los ministerios de la Producción, Trabajo y Seguridad Social y Desarrollo Social. Las inspecciones se realizarán en forma coordinada con las instituciones representativas de los pescadores de cada lugar de la provincia.

Pescadores artesanales y de subsistencia

Se considera pescadores “artesanales” a quienes practiquen la pesca por cuenta propia, sin establecer relaciones de dependencia con terceras personas, considerando el producto de la actividad extractiva como de su propiedad y destinado al consumo familiar, la venta directa al público, al comercio o acopiadores, según su decisión.

También debe desempeñar la actividad dentro de la jurisdicción del departamento donde poseen su domicilio; contar con una residencia mínima en dicho departamento de al menos dos años; y utilizar para el desarrollo de su actividad embarcaciones de remo o motores de hasta 15 HP de potencia.

En cambio, la pesca “de subsistencia”, según la ley provincial Nº 12.212, es “la que realizan personas sin recursos, con el único fin de proveerse alimentos para sí y su familia y se realiza desde la costa o en bote de remos”. Los pescadores de subsistencia no están alcanzados por la veda.

La política aplicada por el Ministerio de la Producción se enmarca dentro de las estrategias establecidas por la Cadena de Valor del Río y sus Recursos, integrada por las cámaras empresarias, empresas habilitadas, representantes gremiales de los pescadores, acopiadores y vendedores minoristas.

El objetivo general es lograr un ordenamiento de la actividad pesquera tendiente a la conservación de los recursos, ajustado a la legislación vigente y con un manejo responsable y transparente de los recursos públicos.-