Proponen consagrar el agua como un derecho humano
Durante el acto de presentación, realizado en el Centro Cívico de la ciudad cabecera de la región 5, Marisa Mottura y José Luis Parrino, integrantes de la comisión que trabajó en el armado de este anteproyecto, explicaron a los presentes los alcances de la iniciativa, señalando que “la finalidad de la nueva ley será establecer un régimen normativo que garantice el agua como derecho humano, asegurando la calidad, regularidad, continuidad y eficiencia en la prestación del servicio en todo el ámbito de la provincia”.
Asistieron al encuentro autoridades de municipios y comunas y representantes de entidades intermedias, quienes pudieron intercambiar sus propias experiencias y efectuar consultas relacionadas con las problemáticas locales en materia de prestación de servicios sanitarios, recibiendo al final una copia del anteproyecto para su estudio a los efectos de continuar el debate del mismo.
El proyecto apunta a reemplazar a la ley 11.220, vigente desde 1994 y que abrió paso a la privatización de la entonces Dirección Provincial de Obras Sanitarias. La iniciativa es amplia y contempla desde la consagración del agua como un “derecho humano” hasta pasar del actual régimen de tarifa plana a un sistema de bandas de consumo, con tarifas escalonadas en forma creciente que prevén, en el marco de la preservación de un elemento escaso, que a medida que crece el consumo se incremente el costo.
En el nuevo marco regulatorio se establecen nuevas pautas para el manejo del recurso que marcan los deberes y derechos que todos los santafesinos tienen en relación al agua. Con este fin, el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente prevé abrir una instancia de revisión del proyecto con distintos sectores de la sociedad, incluyendo a organizaciones no gubernamentales vinculadas al medio ambiente y a la defensa de los consumidores, cooperativas de servicios, comunas y municipios, tanto del área actualmente servida por la empresa Aguas Santafesinas SA como fuera de la misma.
La iniciativa también se discutirá con los legisladores provinciales, quienes en definitiva deberán otorgarle al proyecto el carácter de ley. De este modo, se ratifica la modalidad de audiencias públicas como un instrumento de participación ciudadana y acceso a la información.
Modelo futuro
El nuevo marco regulatorio alcanzará a todos los prestadores de la provincia y prevé la transformación de la empresa Aguas Santafesinas, de sociedad anónima a una sociedad del Estado. La nueva sociedad del Estado tendrá jurisdicción sobre toda la provincia a través de la operación y mantenimiento de los acueductos a fin de entregar agua en puerta en cada localidad. El sistema tarifario contemplará la diferenciación entre gastos e inversiones y la micromedición progresiva a todos los usuarios por medio de la instalación de medidores.
Por otra parte, se fijarán bandas de consumos con tarifas escalonadas en forma creciente que prevén, en el marco de la preservación de un elemento escaso, que a medida que crece el consumo se incremente el costo. Algunos de los parámetros que regirá el nuevo marco regulatorio están relacionados con la ubicación de la vivienda y con el tipo de consumo, si es residencial o industrial.
Los cargos específicos para obras de expansión es otro de los puntos planteados en el proyecto junto con la revisión de la tarifa social y la creación de un fondo provincial de saneamiento destinado a financiar grandes obras que requiere el sistema de distribución de agua potable con el que se quiere alcanzar a cada localidad del territorio provincial.
Comunas y municipios
Los municipios y comunas podrán prestar los servicios de distribución de agua potable, colección y tratamiento de desagües cloacales, por sí o por terceros, mediante la intervención de los organismos con competencia en el control de los servicios. En ejercicio de su poder concedente, las comunas y municipios, estarán facultados para fijar la tarifa de distribución en sus respectivas jurisdicciones.
Para el correcto ejercicio del poder concedente, se establece un procedimiento de admisión de los municipios que deseen participar de la prestación del servicios de distribución dentro de la empresa de jurisdicción provincial (sociedad del Estado), como así también de aquellos que se encuentran hoy en el área concesionada y que ordenanza mediante deseen prestar el servicio por cuenta propia. Los municipios y comunas también podrán celebrar convenios interjurisdiccionales para crear entes autárquicos o empresas metropolitanas.
Órgano de control y consejo asesor
El proyecto ratifica la presencia de un organismo de regulación y control del servicio público de saneamiento, a través de directores elegidos por concurso público con un jurado de participación legislativa, de asociaciones de usuarios y de municipios y comunas.
En la órbita de la empresa sociedad del Estado se prevé la creación de un consejo asesor con el objetivo de emitir opinión en todas las materias que comprende el desarrollo de la prestación del servicio, particularmente en los diseños que se elaboren para asegurar la calidad y continuidad de la prestación.
Los servicios sanitarios en el territorio provincial son brindados por la empresa Assa en 15 ciudades, acumulando 1.988.000 habitantes de un total de 3.242.000 que tiene la provincia y por Cooperativas que se conformaron en 347 comunas y municipios.