Advierten la ausencia de una política de Estado en materia de seguridad
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Advierten la ausencia de una política de Estado en materia de seguridad

A través de un proyecto de resolución los senadores Alberto Beccani (Rosario) y Felipe Michlig (San Cristóbal) se solicita la presencia del Señor Ministro de Gobierno, Justicia y Culto, Dr. Carlos Alberto Carranza, en la próxima sesión a los efectos de suministrar informes y explicaciones de la problemática de la seguridad en la Provincia, todo de acuerdo al artículo 45 de la Constitución Provincial.

A los efectos de cumplimentar lo expresado en el artículo mencionado el funcionario deberá informar sobre los puntos siguientes:

1) Plan de seguridad provincial: a) Enunciados de la política y objetivos planteados; b) Metas propuestas; c) Medidas a adoptar en el corto, mediano y largo plazo.

2) Prevención del delito: a) Descripción y enumeración de los grupos sociales vulnerables detectados por esa cartera; b) Medidas para reducir los factores de riesgo. Se detallará si se está actuando en coordinación con otras áreas del gobierno; c) Estrategias de prevención que se aplican en las zonas donde se localiza la repetición de delitos; d) Medidas aplicadas para fortalecer la contención de los grupos vulnerables; e) Evaluación de los resultados obtenidos con las Juntas Barriales; f) Si el Ministerio opina y orienta en la distribución de Planes de Empleo y Ayudas Sociales sobre los grupos vulnerables; g) Si se tiene previsto implementar planes de alarmas comunitarias de buenos resultados en algunas localidades de la Provincia de Buenos Aires y de la Provincia de Mendoza. En ese caso especificará el tipo de alarmas y el funcionamiento en un sistema solidario.

3) Institución policial: a) Medidas tomadas para eficientizar el uso de los recursos disponibles en la materia; b) Si se estima necesario introducir reformas a la actual estructura policial para lograr una mayor eficiencia y transparencia de la fuerza; c) Cuales son los mecanismos de evaluación de los resultados de las políticas de seguridad aplicadas; d) Cuales son las inversiones previstas para incorporar tecnología a la fuerza policial; e) Estudios y resultados efectuados por ese Ministerio para lograr la optimización operativa, teniendo en cuenta que los delitos no denunciados alcanzan un 50% (delito negro) y que del resto sólo un ínfimo porcentaje resulta con condena judicial; f) Del total de gastos de personal, cuál es el porcentaje destinado a pago de remuneraciones normales y cuál es el correspondiente al pago de adicionales y/o servicios extraordinarios; g) Montos previstos a invertir en cursos de capacitación profesional, durante el año en curso; h) Montos previstos a invertir, en el transcurso del año, en equipamiento; i) Incluyendo los 500 efectivos policiales que se incorporarán a fines de abril, debe informarse la cantidad de personal policial que cuenta la Provincia, puntualizando la relación entre cantidad de habitantes y policía en todo el territorio y en cada uno de los departamentos; j) Deberá establecer si se considera la seguridad privada como parte del sistema provincial. En tal caso, cuáles son las tareas de coordinación y complementación con los mismos; k) Deberá suministrar información sobre el parque automotor afectado a la policía en la tarea de seguridad, detallando no sólo su cantidad sino su antigüedad; l) Se deberá indicar que acciones se implementaron desde ese Ministerio al tomar conocimiento por medio de los reclamos públicos que los vecinos conocían a quienes delinquían y donde se ocultaban, datos que aparentemente la policía ignoraba. Conclusiones al respecto; m) Distintos medios de prensa se han hecho eco de declaraciones de ciudadanos que han decidido armarse ante la falta de seguridad. ¿Cuál es la respuesta que se ofrece desde el ámbito ministerial?; n) Si además de la oficina de Asuntos Internos se han diseñado nuevas políticas para emprender una lucha eficaz contra la corrupción policial. o) Opinión del Sr. Ministro sobre la posibilidad que los Jefes de Policía Departamentales sean elegidos por el voto popular, conjuntamente con Diputados y Senadores y por el mismo período, pero sujetos a la autoridad del Jefe de Policía Provincial que seguiría siendo designado por el Poder Ejecutivo.

4) Justicia: a) Si en el ámbito de ese Ministerio se analizó la posibilidad de incorporar en los Juzgados de Asuntos Penales con evidentes atrasos en la tramitación de las causas, en dotar de otro Juez al mismo teniendo en consideración que los aludidos retardos se dan generalmente en la falta de tiempo material del Magistrado para resolver los asuntos a Despacho.

5) Sistema penitenciario: a) Fecha de iniciación de la construcción de la cárcel de Piñero y fecha de inauguración, detallando la cantidad de plazas; b) Si se ha considerado la posibilidad de alojar provisoriamente a detenidos en otros lugares que no sean ni comisarías ni los institutos carcelarios existentes, previa clasificación de los detenidos en baja, regular y alta peligrosidad; c) Si se ha evaluado la posibilidad de implementar el sistema de pulseras inviolables para detenidos en su domicilio; d) Si dentro de la evaluación del sistema de pulseras se analizó la posibilidad de aplicarlas voluntariamente a aquellos detenidos que opten por asistir a una colonia agrícola que a esos efectos organizaría el Estado; e) Indicará la relación que hay entre personal penitenciario y presos; f) Se especificará los planes que se estén llevando a cabo para dar tareas laborales a todos los detenidos de la Provincia.

6) Minoridad: a) Detallará las acciones emprendidas para investigar la existencia de grupos que utilizan a los menores para mendigar o delinquir. Resultados de los mismos; b) Si se ha creado un equipo interdisciplinario donde confluyan todos los sectores del gobierno involucrados en la problemática del menor para diseñar una política de protección y de asistencia a los mismos.

Diagnóstico preocupante

En los fundamentos de la medida los legisladores indican que “desde hace tiempo se vienen incrementando los niveles de delincuencia en la Provincia apareciendo hasta ahora el Estado impotente para proteger a la ciudadanía. Durante la gestión del ex Subsecretario de Seguridad Lic. Enrique Alvarez nunca pudimos conocer si existía una política de seguridad y a juzgar por la realidad actual si la misma hubiera existido, evidentemente fue un rotundo fracaso”.

“Es prioritario conocer si la actual gestión tiene un plan al respecto y en tal caso sus contenidos y alcances, hoy resulta imposible combatir la delincuencia sin una auténtica política de Estado que debe ir más allá de los gobiernos de turno para que pueda ser exitosa”.

“El estado de inseguridad ha generado en la población temor y angustia que los han llevado a tomar medidas extremas como vivir entre rejas, o unirse para denunciar en forma colectiva a supuestos delincuentes y señalar los lugares donde se ocultan”.

“Estas manifestaciones ponen en evidencia la crisis del sistema de seguridad provincial por ello resulta necesario implementar medidas para corregir esta situación, caso contrario se verá incrementado el fenómeno”.

“El Dr. Antonio Ramos, Juez de Sentencia en los Tribunales de Rosario hizo una importante reflexión que la transcribe el diario La Capital en su edición del lunes 24 cuando expresa: ‘Si hay un reclamo público es porque no sirvieron las denuncias individuales, porque se lo ha intentado individualmente, en privado y no tuvo respuestas. El poder de seguridad inicial no puede desconocer quien roba en un barrio si los vecinos lo saben’. Es decir, los vecinos conocen a los delincuentes y las fuerzas policiales parecen desconocerlos”.

“Como consecuencia de esta situación de asombro y perplejidad por parte de la ciudadanía empiezan a surgir algunas manifestaciones equívocas y simplistas sobre la manera de resolver el problema de la inseguridad. El problema debe ser abordado desde los distintos aspectos que componen el fenómeno, de ahí la necesidad de conocer la actuación del Poder Ejecutivo, que es el responsable del tema”.

“Tanto es así que si se incrementara la cantidad de efectivos en forma sustancial, nos encontraríamos con un incremento de los arrestos pero sin un funcionamiento correlativo de la justicia en cuanto a su rapidez o se siguiera careciendo de espacios adecuados para la contención carcelaria, pronto nos daríamos cuenta de que esa acción está destinada al fracaso”.

“Lo mismo ocurre con los que solicitan elevación de las penas en general, sin saber que la mitad de los delitos no se denuncian y que de la otra mitad solo una ínfima parte es condenado, por lo que un aumento de la pena llevaría a que unos pocos estén más tiempo en prisión pero la realidad impone que todos los delincuentes deben ser detenidos y penados, cosa que se logrará con un sistema mucho más eficaz”.

“La complejidad del delito requiere de expertos en la materia por eso es necesario conocer el nivel de quienes tienen a su cargo la seguridad en la Provincia”.

“Vemos con preocupación que se promete a la ciudadanía medidas aisladas, como el incremento de número de policías o la construcción de algunas plazas carcelarias, y no expresando claramente que este es uno de los aspectos para combatir el flagelo. Estudios internacionales han demostrado que no sólo es más humano sino también mucho más económico la acción sobre la prevención que sobre la represión”.

“Por ello aspiramos a que la Provincia tenga, y así trataremos de averiguar con la presencia del Sr. Ministro, una adecuada política de seguridad donde estén contemplados todos los factores que hacen a este grave problema, sin exclusión de ninguno priorizando la rápida reversión del conflicto dado que la percepción actual es que el Estado resulta inadecuado para resolver el problema”.

“Por la complejidad del tema y el necesario debate que se debe dar en el órgano legislativo, estimamos imprescindible la presencia del Sr. Ministro en este Recinto”, finalizan los senadores.

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