Inconstitucionalidad y violación de la autonomía municipal
Inconstitucionalidad y violación de la autonomía municipal

Inconstitucionalidad y violación de la autonomía municipal

El proyecto en cuestión – a través de su art. 1º – declara en estado de emergencia “la prestación de los servicios públicos, ,la ejecución de los contratos a cargo del sector público y la situación económica financiera de las Administraciones Públicas Municipales y Comunales, sus organismos descentralizados, entidades autárquicas…”. El mismo art. 1º continúa diciendo que la ley “es aplicable a los Departamentos Ejecutivos, Comisiones Comunales, Honorables Concejos Municipales”.

Esta disposición viola claramente el nuevo texto de la Constitucional Nacional, cuando en su art. 123 dice: “Cada Provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el art. 5º asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.” Es decir, reconoce 5 (cinco) esferas que necesariamente deben asegurar y otorgar las provincias a los municipios; no es una libre elección o potestad que se les otorga a los estados provinciales.

Igualmente, el proyecto resulta contradictorio con una lectura actual de la propia Constitución de la Provincia de Santa Fe, que establece claramente las competencias municipales en sus artículos 106 y 107.

Pero un análisis más minucioso del proyecto de Ley de Emergencia nos lleva a una segunda conclusión: en realidad el proyecto está pensado con el claro objetivo de otorgar facultades extraordinarias a los Ejecutivos Municipales, en desmedro del ordenamiento legal y de las ordenanzas municipales vigentes, por ejemplo:

a- A través de los arts. 3, 4 y 5 del proyecto de ley, la Legislatura de la Provincia autorizaría directamente a los Ejecutivos Municipales a reprogramar plazos, y resolver contratos de suministro, obras, concesión de servicios, locación de obras o servicios y consultorías; a renegociar contrataciones; suspender trámites de licitaciones, adjudicaciones, adquisiciones de bienes, contrataciones y locaciones; cuando estas potestades especiales, según nuestro ordenamiento legal actual, son potestades exclusivas de los Municipios. Al respecto el art. 10 de le Ley Nº 2756 – Ley Orgánica de Municipalidades – establece que “… los entes municipales, en su orden interno, fijarán las condiciones generales y particulares para las licitaciones públicas o subastas públicas y contrataciones directas…”.

b- A través del art. 7 del proyecto de ley, la Legislatura de la Provincia autorizaría a los Ejecutivos Municipales a modificar los valores de la Tasa General de Inmuebles. Aquí nos encontramos no sólo con que el establecimiento de los valores de las Tasas que cobran los Municipios es una potestad exclusiva de los gobiernos locales, tal cual lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades (Nº 2756), cuando en su art. 2 dice: “Las Municipalidades son independientes de todo otro poder en el ejercicio de las funciones que le son propias; forman sus rentas, pudiendo establecer impuestos, tasas, derechos o contribuciones”; sino, también, surge una inconstitucionalidad evidente, ya que el art. 107 de la Constitución Provincial establece que los Municipios son quienes crean, recaudan y disponen libremente de recursos propios provenientes de las tasas y demás contribuciones que se establezcan en su jurisdicción.

c- A través de los art. 10 y 11 del proyecto de ley, la Legislatura de la Provincia autorizaría a los Ejecutivos Municipales a cambiar el destino de los recursos afectados a fondos o cuentas especiales (cuando éstos resultaren excedentes en relación con el gasto efectivamente ejecutado) de manera de poder disponerlos como recursos de libre disponibilidad; así como disponer de los fondos de afectación específica, con la obligación de restituirlos una vez que cese la emergencia. Aquí nuevamente, más allá de que la Legislatura Provincial no puede disponer ni autorizar a nadie a efectuar cambios de partidas de los presupuestos de las Municipalidades, se está vulnerando atribuciones propias de la autonomía con que cuentan los Municipios: la Ley Orgánica de Municipalidades en el inciso 17 del artículo 39 establece claramente como atribución del Concejo Municipal: “Fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración”.

d- Finalmente, a través del art. 15 del proyecto de ley, la Legislatura Provincial autorizaría directamente a Municipios y Comunas a concertar operaciones de crédito con entidades financieras públicas o privadas. Al respecto el art. 39 de la citada Ley Orgánica, en su inciso 20, establece como potestad de los Concejos Municipales: “Autorizar con los dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros, al Departamento Ejecutivo para contraer empréstitos de dinero…”.

La autonomía municipal reconocida por la Constitución Nacional y, también por nuestra propia Constitución Provincial (aún pendiente su adecuación a la nueva Constitución de la Nación), reconoce y asigna a los Municipios y Comunas prerrogativas y facultades que no pueden ser violadas mediante la sanción de una norma que pretende remediar y solucionar un situación de emergencia, ya que ante ésta pueden y cuentan, los Municipios, con facultades propias. No nos olvidemos que en la actualidad se encuentra vigente en la Municipalidad de Santa Fe, una “emergencia económica” que fue dispuesta por Ordenanza del Concejo Municipal a pedido del Ejecutivo.

Llama la atención el hecho de que Intendentes Municipales que tendrían que defender los intereses de sus ciudades y la autonomía – que le es reconocida a los Municipios a través de los claros textos constitucionales – sean quienes planteen la necesidad de restringir esa misma autonomía, permitiendo que la Provincia sea la que autorice aumentos de tasas municipales, cambios en las partidas presupuestarias de la Municipalidades, suspensión, renegociación y resolución de contratos, concesiones y adquisiciones.

Puede ser que este intento de menoscabo de la autonomía municipal no sea ingenuo y, en realidad, lo que se pretenda es el “gobierno de los Ejecutivos Municipales a través de Decretos”, desconociendo las Ordenanzas vigentes y obviando o eliminando cualquier instancia de control.

Esperamos que prime la sensatez, que nuestros Intendentes no insistan con una Ley que “hiere de muerte” a la autonomía municipal, y que nuestros Legisladores Provinciales no hagan lugar a este verdadero espanto jurídico.

Ing. Darío Boscarol-Presidente del Honorable Concejo Municipal de la Ciudad de Santa Fe

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