La reforma política empieza por municipios y comunas

El gobierno de Carlos Reutemann resolvió dar los primeros pasos efectivos hacia la reforma política en la provincia. La decisión de “dejar de hablar” para pasar a los hechos implicará distintas fases. La primera abarcará a municipios y comunas, la segunda pretenderá avanzar sobre la Legislatura y la tercera contemplará -economía y política mediante- una reforma constitucional.

La tan anunciada reforma,impulsada desde la Nación por “consejo” del FMI, apunta a reducir el costo de la política y a readecuar el funcionamiento de las instituciones en un contexto de crisis.

En Santa Fe, el puntapié inicial fue al mismo tiempo el debut del flamante ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo.

El funcionario envió a la Legislatura dos mensajes: el 2483, que incorpora formas de democracia semidirecta a los Municipios; y el 2484, que modifica la propia Ley Orgánica de Municipalidades.

Este último proyecto modifica sustancialmente la composición de los concejos deliberantes de las principales ciudades de la provincia con una reducción de sus miembros a la mitad.

Se corrige el Artículo 23 de la ley y se establece que las municipalidades de primera categoría elegirán nueve concejales (antes eran 18) por los primeros doscientes mil habitantes. A ellos se agregará uno por cada sesenta mil habitantes (antes era cada 30 mil) o fracción no inferior a los 30 mil.

La modificación incidirá particularmente en las ciudades de Santa Fe y Rosario, donde se eliminará la mitad de los ediles. Las municipalidades de segunda categoría mantendrán el mismo cupo.

El mensaje también avanza sobre el costo de funcionamiento de estos cuerpos. El Presupuesto del Concejo, según el texto, no podrá ser mayor al 1,5 por ciento del gasto público consolidado de la respectiva jurisdicción. Y las dietas no podrán ser en ningún caso superiores al sueldo del intendente.

La norma incorpora una disposición transitoria, donde se dispone que para el próximo acto electoral a llevarse a cabo a partir de la sanción de esta ley, la reducción del número de bancas que se determine como consecuencia de esta nueva legislación “será aplicada para los cargos que corresponde renovar”. Hasta tanto la reducción de cargos sea completa, el gasto del Concejo no podrá ser mayor al dos por ciento del presupuesto

La iniciativa sugiere modificar también el segundo artículo de la ley original para blanquear y sanear el personal municipal. De esta forma, las municipalidades estarán obligadas a “publicar en medios electrónicos de libre acceso y otros medios de igual idoneidad, los antecedentes curriculares y patrimoniales de todos aquellos que ejerzan cargos públicos electivos o sean nombrados políticamente”. Deberá también publicarse por tales medios la nómina completa de todas las autoridades políticas y agentes que presten servicios remunerados en el municipio, en cualquiera de sus órganos o dependencias. Y deberán adjuntarse a esos datos “los haberes totales que cada uno percibe y todo pago que el ente disponga en su provecho, sea o no de índole remunerativa”.

De sancionarse la ley, cualquier ciudadano podrá saber quién trabaja en el municipio de su ciudad, y de cuánto es el sueldo que cobra gracias a los impuestos que el vecino paga. Es de esperar que idéntica medida se adopte en la llamada “segunda fase” de esta reforma política, para que la sociedad también conozca las dietas y remuneraciones de los legisladores, y los nombres y sueldos de la planta del personal -incluídos los ñoquis- de la Legislatura santafesina.