Un nuevo enfrentamiento entre las cerealeras y el gobierno
Las cerealeras en pie de guerra contra el gobierno Crédito: El Cronista Regional

Un nuevo enfrentamiento entre las cerealeras y el gobierno

Desde la devaluación realizada a principios de 2002, se ha instalado una puja creciente entre representantes del sector agropecuario y el Gobierno en torno de la carga tributaria que grava dicho sector. En un primer momento, las tensiones se originaron por las retenciones a las exportaciones, luego a raíz del IVA diferencial aplicable al sector, mientras que ahora el eje de la discusión pasa por el proyecto que intenta modificar la forma de liquidación del Impuesto a las Ganancias en las exportaciones de cereales y oleaginosas.

Un nuevo capítulo se escribe en la disputa que mantiene el Gobierno con el sector agropecuario. Esta vez, la razón es uno de los puntos de la reforma impositiva que impulsa el Ministerio de Economía, referido a la modificación de la metodología de liquidación del Impuesto a las Ganancias para la exportación de granos y oleaginosas. Dicha iniciativa, que ya cuenta con media sanción por parte de la Cámara baja y espera su tratamiento en el Senado, dio lugar en las últimas semanas a un cruce de solicitadas y declaraciones en diversos medios periodísticos.

Concretamente, la mencionada reforma propone que se tome como base para la liquidación del Impuesto a las Ganancias al precio de los granos al momento del embarque, a diferencia del criterio utilizado actualmente, que toma como referencia al valor fijado cuando se cierra la operación de venta. El objetivo de ello, tal como lo señala el titular de la AFIP, Alberto Abad, es evitar las triangulaciones realizadas con intermediarios del exterior para tributar menos impuestos en el país.

“La medida es específica. Sólo se aplicará la base tributaria modificada cuando haya una maniobra en la que intervenga un trader fantasma. Si en cambio, ese intermediario está registrado, tiene entidad en el país, apoyatura comercial, oficinas relacionadas con la actividad y sus operaciones con el mismo grupo económico no superen el 30 por ciento del total, no habrá modificaciones”, expresó dicho funcionario.

Ante esta situación, la respuesta del sector agropecuario no se hizo esperar. Según un comunicado de la Cadena Agroalimentaria Argentina, entidad que agrupa a representantes de la producción, la industria, las cámaras sectoriales y las bolsas de comercio y de granos, esta iniciativa “altera seriamente el proceso de formación de precios en los mercados granarios y agrega un factor de incertidumbre, adverso a su imprescindible transparencia y eficiencia”.

De acuerdo a esta entidad, la reforma impositiva propuesta tendría un impacto económico sumamente negativo, ya que ocasionaría una disminución en la producción, en las exportaciones y, en última instancia, en la recaudación fiscal. El razonamiento expuesto es el siguiente: en primer lugar, al introducir los cambios se generaría una alta dosis de incertidumbre, lo que llevaría a que los exportadores descuenten del precio por pagar al productor una prima de riesgo, estimada en unos 7 a 10 dólares promedio por tonelada (hecho que es interpretado como una nueva retención aplicada al sector).

Esa menor cotización implicaría una pérdida para la producción del orden de los 660 millones de dólares (462 millones por el menor precio pagado por la exportación, y otros 198 millones por las ineficiencias derivadas de los problemas de logística).

Además, ese menor precio pagado al productor desalentaría la producción, que caería en por lo menos un 4 por ciento. A su vez, esa retracción en la producción provocaría una caída en las exportaciones del orden de los 860 millones de dólares.

Según la agroindustria, el impacto fiscal directo de la medida podría estimarse en una reducción de la recaudación por unos 353 millones de dólares (185 millones menos en retenciones y 168 millones de merma en Ganancias).

Las operaciones cruzadas entre empresas competidoras y filiales de todos los países constituyen la esencia del negocio de commodities. Los precios se conocen en forma pública a través de mercados transparentes y son concertados con anterioridad a la entrega de las cosechas o productos. Por lo tanto, de hacerse efectiva la mencionada reforma, se alteraría sustancialmente la forma de operar en el mercado.

Conforme a lo señalado por distintos especialistas, si lo que se pretende es controlar efectivamente los precios de venta de los cereales y oleaginosas a fin de garantizar su adecuación a los valores de mercado, basta con aplicar correctamente la normativa vigente que sobre precios de transferencia. Es necesario evitar la adopción de medidas que generen distorsión en el mercado y lesionen la competitividad de la producción agrícola nacional, sobre todo si se tiene en cuenta que este sector genera alrededor de un tercio del total de las exportaciones del país.

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