Ana Meiners y una polémica auditoría municipal
Concejales de la UCR sobre auditoría municipal en Esperanza Crédito: Gentileza esperanzadiaxdia

Ana Meiners y una polémica auditoría municipal

La Justicia de primera instancia, desde el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, declaró nulo un decreto firmado por la Intendente de la Municipalidad de Esperanza, Ana Meiners, por la cual se contrataba de forma directa y sin licitación los servicios de una universidad privada para realizar una auditoría a la gestión del ex Intendente Rafael De Pace.

Recordemos que Meiners defendió por intermedio de su asesor letrado la contratación directa de los servicios de la Universidad Católica de Santa Fe por $125.000 basándose en el principio que ningún otro organismo podría darle esos servicios. Los ediles radicales entendieron que la normativa fija que las contrataciones sin licitación no pueden superar los $2.500.

El fallo judicial declara nulo el decreto 8.717 por el cual se aprueba el convenio de locación de obra con la Universidad Católica de Santa Fe, así como todos los demás actos como consecuencia de éste.

Los ediles brindaron una conferencia de prensa para dar a conocer a la comunidad el fallo judicial e informaron del mismo mediante nota a la intendenta y al presidente del concejo. En la oportunidad, destacaron que el juez, en su fallo, reprochó no haber detenido la auditoría cuando se envió la primera intimación.

También entregaron copia del fallo judicial, que podrá ser apelado por la administración municipal, donde le recuerda a las autoridades municipales la “obligación de responder individualmente el intendente y los empleados municipales ante los tribunales ordinarios, por los actos que importen extralimitación, transgresión u omisión de sus deberes” al transcribir parte de la ley 2.756

Grenón y Comesatti explicaron además que “el juez determinó que esos pagos deben ser reintegrados al municipio de Esperanza por quienes serian los responsables de estos pagos, es decir, el Contador podría haber dado la orden, pero fundamentalmente la Intendenta en ejercicio. Esos pagos llegaron a la suma de 35 mil pesos, pagados irregularmente, y tienen que volver a las arcas municipales”.

Según leyó textualmente Grenón, el fallo judicial de primera instancia dice que “por sus costos deben responder con su patrimonio aquellos que se determinen como responsables de la contratación ilícita”.

En un tramo del fallo el magistrado destaca el hecho inusual -pero contundente- que algunas respuestas en la tramitación del expediente judicial fueran rubricadas por la propia intendenta y no solo por el apoderado.

Los ediles recordaron que fueron los primeros pedir una auditoría de la gestión De Pace y lo hicieron manifestando la conveniencia de convocar a organismos públicos. También habían manifestado las diferencias de costos que otros municipios pagaron por los mismos servicios.

Fuente: esperanzadiaxdia.com.ar Gentileza: José Zenclussen.

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