Ayuda social para empleados del sector privado: decreta el gobierno, pero pagan los empresarios
Fuente: Gentileza
Economía
Redacción El Santafesino
07/10/2019
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Ayuda social para empleados del sector privado: decreta el gobierno, pero pagan los empresarios

Es la asignación no remunerativa de $5.000 para los empleados del sector privado que decidió la administración de Mauricio Macri. En qué consiste y cuáles son las lecturas de una ayuda social como ésta en el actual contexto.

Asignación no remunerativa; este es el verdadero significado al mal llamado “bono” o seudobono, y así lo establece su Decreto Nº 665/2019, aplicable para el sector privado. Por ser una asignación no remunerativa, no está obligado a ser pasible de aportes personales ni cargas patronales, ya que en el espíritu del Decreto subyace la necesidad de que el empleado reciba los $5.000 netos de cargas sociales.

Este monto deberá abonarse durante el mes de octubre (sueldo devengado septiembre) o en los plazos, cuotas y condiciones que las partes establezcan. Llámese partes a los empresarios, los empleados y los gremios o sindicatos que representan a los trabajadores y son los que en definitiva conocen las situaciones de cada sector y acuerdan la forma en que se podría cobrar/pagar dependiendo de qué lado se lo mire.

Las condiciones socio-económicas de nuestro país hicieron necesario y urgente adoptar este tipo de medidas para mantener los estándares adquisitivos de las remuneraciones de los trabajadores, muchas de las cuales se encuentran en un fuerte retroceso producto del impuesto inflacionario que sufre la Argentina.

Resulta importante aclarar ciertas consideraciones que se plasman al leer los considerandos del Decreto antes mencionado, las cuales se explican a continuación:

-En caso de que un trabajador esté registrado bajo la modalidad de “jornada reducida” o media jornada como comúnmente se conoce, el cobro de la asignación será proporcional al tiempo trabajado.

-Los $5.000 serán a cuenta de futuras revisiones paritarias, lo que se traduce en un guiño al empresario.

-Quedan excluidos del cobro de esta asignación: los empleados públicos nacionales, provinciales y municipales; los trabajadores del sector agrario; el personal comprendido bajo el régimen de trabajadores de casas particulares (servicio doméstico) y los empleados de la construcción.

-A cinco millones asciende la suma de empleados que no están contemplados en el Decreto y no serán beneficiados con ninguna suma extra.

Cuando se discutieron las condiciones para darle forma a esta asignación y que la misma recaiga en forma directa al bolsillo, no se pudo eludir con la circunstancia no menor de que estos montos están alcanzados por el impuesto a las ganancias. Lo cierto es que muy difícilmente se puede eludir el impuesto, ya que debería salir una ley que modifique el tratamiento impositivo que actualmente posee.

Uno de los sectores que hasta el momento se pronunció firmemente sobre cómo se abonará este monto, fue el propio sector del Comercio. A través de CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), se divulgó un documento que establece la permisibilidad de pagar la asignación a los empleados en hasta cinco cuotas; la primera de ellas en octubre, siendo la última en febrero del 2020.

Si regresamos en el tiempo, nos deja de manifiesto que la historia se repite, hasta con los montos. Fue por 2018 cuando se estableció un bono de $5.000 en dos cuotas pagaderos al sector privado, sin olvidar que por el año 2016, se había dado una suma fija a los empleados públicos que rondaba entre los $2.000 y los $3.500 según su categoría. El 2017 nos regaló una inflación controlada del 25% por lo que a las luces actuales eran valores manejables que no causaban demasiado daño a la economía, por lo que no se debió recurrir a ninguna asignación o bono extra de navidad.

Coyunturalmente, Argentina posee sectores mejor posicionados que otros, lo que permitirá pagar sin dificultad la cifra de $5.000. Lamentablemente son más los que se encuentran en el segundo grupo y hasta recurren al pago de las cinco cuotas, licuando cualquier valor nominal que se establezca de aquí a febrero del 2020.

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