Control oficial y popular para frenar la contaminación en arroyos de Las Colonias
El subsecretario de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe, Lorenzo Domínguez Crédito: El Cronista Regional
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Redacción
25/01/2004
Humboldt Las Colonias Prusianas río Salado

Control oficial y popular para frenar la contaminación en arroyos de Las Colonias

La responsabilidad empresarial, el accionar gubernamental y la presión comunitaria son los componentes que deben reactivarse para bajar los índices de contaminación en los cursos de agua de la cuenca del Salado. La inminente reglamentación de la Ley de Medio Ambiente pondrá a prueba la voluntad política para el control en el volcamiento de efluentes industriales que atentan contra la naturaleza y la salud humana. En tanto, la participación de los gobiernos locales y las ONGs representará una garantía.

Semanas atrás se realizó una importante reunión en la localidad de Humboldt con la participación del subsecretario de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe, Dr. Lorenzo Domínguez, presidentes comunales y legisladores del Dpto. Las Colonias, para analizar la situación medio ambiental en la cuenca del Río Salado.

El cónclave -que se desarrolló en la sede del Tiro Federal de esa localidad- significó un nuevo impulso para buscar soluciones al problema de contaminación en los arroyos de la zona, una consecuencia del volcamiento de efluentes industriales en los cauces de los principales cursos de agua de la cuenca que desagua en el sistema Cululú-Salado.

La falta de controles y la ausencia de un marco legal adecuado en la provincia de Santa Fe en la materia, ha permitido que durante años, los desechos industriales de empresas de Rafaela y Esperanza principalmente, contaminaran los cauces de los arroyos Las Prusianas, Las Palomas, Cululú, Cañada Felicia y los canales rafaelinos norte y sur.

La actual gestión del Dr. Domínguez al frente de la Subsecretaría de Medio Ambiente en la provincia, tendrá la posibilidad de trabajar por primera vez con una normativa que permita poner límites a esta situación intolerable que desde décadas atenta contra la fauna ictícola y la salud de las personas.

El Cronista Regional consultó al funcionario por ese tema, quien adelantó la inminente reglamentación de la Ley Nº 11.717 a través de tres decretos, uno de los cuales -según pudo averiguar este medio- contiene los aspectos centrales para el control de efluentes, con su respectivo régimen de sanciones y multas. Ese sería firmado en marzo por el gobernador Reutemann.

“Estos temas debieron ser tema de debate mucho antes en la sociedad. Es más: en algunos periódicos regionales leí que el gobierno se puso en marcha con el tema de Las Toscas. En realidad, me hice cargo hace un año de esta secretaría y este es un tema de alto nivel político. El gobernador Carlos Reutemann me instruyó a contribuir para que la producción en la provincia de Santa Fe sea una producción limpia. Es por esta acción del gobierno provincial que estos temas han sido tratado sin limitaciones y por eso hoy en día son noticia” dijo Domínguez para describir el contexto de su accionar al frente del organismo.

-¿Cómo evalúa la situación en el Dpto. Las Colonias con su actividad industrial y sus efectos en los arroyos de la zona?

-Hay 100 años de producción industrial en nuestra provincia y no hay un correspondiente preocupación y cuidado por el medio ambiente. Los residuos de toda esa actividad económica fueron vertidos al aire o a los ríos. Pero los que hoy podemos recuperar son los que fueron vertidos a la tierra. Nos encontramos en la provincia y también en el departamento Las Colonias y Castellanos, con un subsuelo que tiene una especie de yacimiento arqueológico donde se puede estudiar toda la actividad económica que se desarrolló durante los últimos 100 años. Hay un ejemplo: la curtiembre Meiners en Esperanza empezó a curtir hace 100 años. En el año 1998 -hace tres años- instaló un sistema de recuperación del cromo y todo lo que se recuperó corresponde a esos tres años. Todo el resto fue vertido a los ríos o fue acumulado en la tierra. Y es sólo un ejemplo porque hay otras industrias en la zona y todas produciendo el mismo efecto. Cuando debatimos estos temas el responsable de la contaminación cree que se lo está atacando o los ciudadanos del lugar creen que es una operación política contra su localidad. Siempre hay alguien que interpreta mal. Entonces tenemos que tener un correcto diagnóstico de la situación y abordar las soluciones.

-¿Cómo puede calificarse la presencia de cromo -como uno de los principales contaminantes- en los cursos de agua de la cuenca en cuestión?

-Las leyes cuantifican los niveles máximos tolerables de cada contaminante. Esto desde la perspectiva biológica parece disparatado, porque uno puede decir: “voy a tirar un poco de veneno hasta donde la ley me permite”, pero quien observa desde la perspectiva biológica dice: “no hay que tirar nada”. Muchas veces se hace la pregunta: ¿hay o no hay contaminación?. Y contaminación hay siempre. Entonces debemos partir de esa base para entendernos mejor. La legislación santafesina -derivada de la 11.220 que es la de privatización de la DIPOS con sus decretos reglamentarios que son previos- fija los niveles de cromo en función del caudal del cuerpo receptor. Parece difícil de entender: un señor que tira cromo en el Paraná puede tirar más allí que en el Cululú. Es así, esto es lo que dice la ley. La Convención señala que para un curso de agua de las características del río Saldado -que es el cuerpo receptor para este conjunto de industrias- podrían estarse tirando aproximadamente 1.200 a 1.500 microgramos por litro en el caño de salida de una determinada empresa. Estamos haciendo mediciones en los efluentes de las industrias y en esos cursos de agua. Nuestras mediciones coinciden con las realizadas por la Facultad de Ciencias Hídricas o la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Litoral. Observamos a partir del año 1998 con la puesta en marcha de la planta de recuperación de efluentes en Esperanza, que bajó drásticamente la carga de cromo que hay en la cuenca, sobretodo en el río Salado. Tenemos distintos muestreos realizados en los cursos de los arroyos Las Prusianas, Cululú y Salado, varían entre 5 y 20 microgramos por litro en las fechas más recientes.

Contra el progreso

Para Domínguez “debemos ponernos de acuerdo en que si el problema existe es la contracara del progreso y pensar qué vamos a hacer de cara al futuro. Algunos piden contaminación cero. Eso es difícil de alcanzar junto con desarrollo económico. Por eso uno se atiene a las leyes que en ningún caso establece niveles cero de contaminación” aclaró.

El funcionario advirtió además la ausencia de un marco legal adecuado que caracterizó a Santa Fe durante años en la materia. “La provincia hoy tiene solamente normas para regular la calidad del agua. No tiene normas que regulen la calidad del suelo y del aire. Recién ahora en la reglamentación que ha de sancionarse, espero en el curso de unas semanas, vamos a tener por primera vez normas con respeto a muchas cosas. A partir de ahí surgirán nuevas obligaciones. Hoy hay obligaciones de resultados. No hay obligación de que una empresa construya una planta de tratamiento de efluentes. La ley dice “el resultado debe ser este” y sólo se refiere a vertimientos a los cursos de agua. Esta es la situación vigente. La situación inminente en el futuro es la de obligaciones con respecto a vertidos a la atmósfera, al suelo y al agua. Por eso estamos promoviendo en toda la provincia un fuerte componente de participación popular a través de los gobiernos locales, los medios de comunicación social y las Organizaciones No Gubernamentales. Eso garantizará que las metas no sean ficticias”.

Muchas empresas de la región eluden aspectos clave que impiden una producción limpia y alteran el medio ambiente, como puede observarse aparte en “Estado de situación”, un informe oficial que revela que la falta de cumplimiento en las condiciones de vuelco es una realidad. “Cuando se dice que no se cumple con las condiciones de vuelco -explicó Domínguez- estamos diciendo que en el momento que fue medido, hay algunos de los componentes que fueron estudiados que está superando la norma”.

Otra cuestión inaceptable es la resolución 115/93 de la DIPOS que, con visos de ilegalidad, ampara a algunas industrias de la zona (aparte “Paraguas bajo el agua”). “Es una resolución que permitió a empresas el volcado provisional superando normas ambientales. Nosotros en este momento, si bien es cierto que está vigente, la cuestionamos y planteamos la necesidad de su derogación. Hay que reemplazarla por la reglamentación de la ley Nº 11.717 que es inminente” expresó el titular de Medio Ambiente.

Finalmente, señaló que hay cuatro zonas en la provincia que merecen una atención especial, entre las que se encuentra la referida en esta nota: el eje Avellaneda-Reconquista, el eje Santa Fe-Santo Tomé, el eje Rafaela-Esperanza y el cordón industrial del Gran Rosario. “Estos cuatro lugares son los que mayores problemas tienen y esta Secretaría nace en una provincia que tiene un pasivo ambiental enorme. Y el pasivo ambiental del suelo es la mitad del problema. La otra mitad es avanzar hacia forma de producción limpia” concluyó.

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