Convenio para implemetar la Reforma Procesal Penal

El gobernador Hermes Binner firmó un convenio de colaboración y cooperación con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) para la implementación de la reforma procesal penal en la provincia de Santa Fe.

El acto se realizó en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, en Santa Fe, y contó además con la participación de la vicegobernadora, Griselda Tessio, y del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti. Por el Inecip estuvieron la subdirectora, Sidonie Porterie, y Ángela Ledesma, jueza de la Cámara Nacional de Casación Penal y jurista de reconocida trayectoria.

El acuerdo con el Inecip –instituto especializado en reformas penales en la Argentina y en Latinoamérica–, se suscribe en el marco de la implementación del nuevo Código Procesal Penal acusatorio, oral y público, que fue aprobado por la Legislatura el año pasado. Las modificaciones introducidas por esa norma (Nº 12.734) implican cambios profundos en la judicatura, el Ministerio Público, la defensa pública, la policía y la materia penal juvenil.

El Inecip colaborará en la formulación e incorporación de políticas e instrumentos de acción para la prevención del delito y la justicia penal. Lo hará en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que tiene entre sus objetivos realizar todas las acciones ejecutivas, de articulación y capacitación para poner en marcha la reforma “a fin de establecer un sistema de justicia penal moderno, garantista y eficiente”, según indica el convenio.

Una decisión política

El gobernador Binner subrayó que su gestión impulsa reformas judiciales desde el inicio, de allí la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la reformulación del Consejo de la Magistratura, la autolimitación del Poder Ejecutivo para la designación de los miembros de la Corte Suprema y del Procurador General. “Lo que en la realidad no existe, la ley no lo crea, y nosotros tenemos que avanzar en la comprensión de esa realidad para que a partir de allí surjan las motivaciones y las decisiones que permitirán concretar las reformas, como esta del Código Procesal Penal a la que hoy le damos un punto de inicio”, destacó Binner.

A su turno, el ministro Superti aseguró que “no es fácil implementar una ley que tiene como objetivo cambiar el sistema de enjuiciamiento, porque una cosa es dictar una norma y otra muy distinta cambiar una realidad”. Por eso se trabajará sobre tres ejes: “un paquete normativo para ponerla en marcha, capacitación de los operadores e infraestructura”.

El ministro agregó que la colaboración del Inecip, que tiene mucha experiencia en estos tres aspectos, ayudará a cumplir el objetivo de “constitucionalizar el proceso penal de la provincia, para lo cual existe una clara decisión política”. Superti confió “en la madurez de la Legislatura, que va a tener un rol muy importante, y que se traduce en entender que este es un problema de Estado, ya que consiste en mejorar la calidad institucional para todos los santafesinos”.

“Incomprensible letargo”

Ángela Ledesma, jueza penal y representante del Inecip, indicó que desde distintos ámbitos académicos –nacionales e incluso internacionales– se había expresado con asombro “el incomprensible letargo de Santa Fe” en la puesta en marcha de un modelo de enjuiciamiento penal conforme a la Constitución. “Por eso representa una gran satisfacción que realmente exista una decisión política de producir esta reforma, para la cual se necesita una actitud abierta, dispuesta y generosa de todos los sectores”, agregó la jurista.

En el acto estuvieron presentes referentes académicos e impulsores de reformas procesales penales de otras provincias como Carlos Chiara Díaz, ministro del Superior Tribunal de Entre Ríos; Rita Mill de Pereyra, ex camarista federal de Corrientes; y José Cafferata Nores, de la provincia de Córdoba, quien a las 19 brindará una conferencia sobre el tema en la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Además participaron los autores del anteproyecto de Código Procesal santafesino elaborado a principios de los 90, los camaristas Julio De Olazábal y Ramón Teodoro Ríos y los abogados Víctor Corvalán y Jorge Vásquez Rossi.

También se destacó la presencia de representantes de la Corte Suprema, diputados y senadores, autoridades universitarias, colegios profesionales y otros ministros. En ese sentido, el titular de la cartera de Seguridad, Daniel Cuenca, expresó que la reforma del Código “es fundamental, ya que los cambios que se pretenden generar en materia de seguridad están íntimamente emparentados a un funcionamiento eficaz y transparente del sistema judicial”. Cuenca se comprometió a brindar recursos para trabajar en conjunto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la capacitación y profesionalización de un cuerpo de policías que contribuyan en la etapa de investigación (a partir de la vigencia del nuevo Código a cargo del Fiscal).