De la Casa de Gobierno a la agencia de empleo
El gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann Crédito: Prensa Gobernación

De la Casa de Gobierno a la agencia de empleo

Los últimos actos administrativos del gobernador Carlos Reutemann ratifican el botín en el que se han convertido desde hace algunos años los juzgados comunales de la provincia.

Las vacantes son utilizadas como recompensas para “premiar” a amigos, familiares, colaboradores, allegados, o simplemente para evitar que actuales funcionarios se conviertan en nuevos “desocupados”.

Habitualmente, quienes ejercen el Poder Ejecutivo se reservan los últimos días o semanas de sus gobiernos para rubricar los anhelados decretos -Jorge Obeid nombró en el último tramo de su gestión al Dr. Mario Lacava como juez de paz de la localidad de Recreo-. Reutemann, en realidad, ha sido precoz: firmó algunos en 2000, otros en 2001 y 2002, pero la principal avalancha se registró a mediados del corriente año.

Como consecuencia, el mapa de estos juzgados menores comenzó a completarse con nuevos miembros, en su mayoría, vinculados al poder político de turno.

Y la cosa no se frenó allí, por más escándalo que desataron los nombramientos, y más allá de la embestida que legisladores de la oposición encarnaron tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

En las últimas horas, se conoció que con fecha 29 de septiembre de 2003, Carlos Reutemann volvió a la carga y firmó un nuevo decreto: el Nro. 3143, que designa, en este caso, a Don Rubén Dunda como juez comunal de la localidad de Fighiera, en el departamento Rosario.

Dunda fue diputado provincial por el Justicialismo, también Defensor del Pueblo, Secretario de Estado de Trabajo, y en la actualidad, asesor del Poder Ejecutivo. Mientras tanto, ejerce su mandato como Secretario General de la Departamental Rosario del Partido Justicialista.

El mismo día -29 de septiembre de 2003-, Reutemann firmó otro decreto aunque en este caso para designar a un funcionario político que sólo ocupará el cargo durante dos meses. Se trata del Dr. Benito Santiago Aphalo, quien mediante el decreto Nro. 3092, fue designado Subsecretario de Asuntos Legislativos. El lugar estaba vacante después de que renunciara el Dr. Horacio Rosatti, seducido por un cargo más apetecible en la Procuración del Tesoro de la Nación.

Si bien estas son las últimas designaciones confirmadas, fuentes extraoficiales aseguran que otros tantos -entre ellos actuales legisladores, esposas de ministros, etc. se esmeran en presentar en tiempo y forma las notas respectivas para iniciar en el Ministerio de Gobierno los expedientes que puedan derivar en “nuevos jueces comunales”.

La práctica no tiene en cuenta la profesión -la legislación vigente no exige ser abogado-, y hasta se vulnera en más de un caso la residencia de quienes viven a varios kilómetros de donde deben ejercer sus funciones, aspectos pendientes para ser tenidos en cuenta en una futura reforma a la ley Orgánica del Poder Judicial.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *