Denuncia de inconstitucionalidad contra la provincia de Santa Fe
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Denuncia de inconstitucionalidad contra la provincia de Santa Fe

El Diputado Nacional Rafael Martínez Raymonda, en su carácter de Secretario General del Partido Demócrata Progresista, presentó ante la Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Juicios Originarios, una demanda declarativa de inconstitucionalidad en contra de la Provincia de Santa Fe, de la ley 10524 y las reformas introducidas por la ley nº 12.079. Se trata de la llamada «ley de lemas» en su versión santafesina, en base a las violaciones constitucionales que consagra, a saber:

a) Enajena la voluntad expresada mediante al voto, desviándolo erráticamente hacia el sublema más votado con independencia de que sea o no querido por el ciudadano.

b) Enajena la facultad de los partidos políticos de designar los candidatos a los cargos políticos y públicos que impone el art. 38 de la Constitución nacional.

c) Invade facultades del Congreso de la Nación, tanto en materia electoral, como en materia de personas jurídicas, en cuya principal función cual es la de postular candidatos, se inmiscuye y la desnaturaliza al transferirla a grupúsculos que llevan a la anarquía electoral.

d) En el caso particular de la reforma santafesina reciente, crea una flagrante desigualdad ante la ley, al permitir sub lemas a los partidos y negarlos a las alianzas, con clara desviación de poder de favorecer al partido mayoritario, confesada por el señor Gobernador al declarar que la promulgó porque se lo pidió su partido.

Es de público conocimiento que en la provincia de Santa Fe, desde 1997 hasta la fecha, el panorama electoral quedó bifurcado entre el partido Justicialista en el gobierno desde 1983 y la Alianza Santafesina conformada por la UCR, el PSP y el PDP. Hasta ahora las dos fuerzas presentaron sublemas.

La ley tiene un vicio de «desviación de poder». El gobernador la calificó de «salto al vacío», aunque luego promulgó con urgencia inusitada (sancionada el 29 de noviembre de 2002 y promulgada el 2 de diciembre del mismo año), porque el partido el Justicialista se lo pidió. A la inconstitucionalidad se suma la insinceridad del acto en cuanto a sus fines, que es uno de los más deleznables vicios de los actos políticos.

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