“El abuso fiscal atenta contra la reactivación”

Producimos alimentos y fibras para 300 millones de consumidores de la Argentina y del Mundo. Somos el motor de actividad del interior y contribuimos con impuestos extraordinarios, como las retenciones, con más de 6.000 millones, a los programas alimentarios manejados por el gobierno, cifra suficiente para alimentar a más de 4 millones de personas. Somos el mayor generador de divisas de la economía y de parte sustancial del superávit comercial. Queremos seguir siéndolo por el bien de los argentinos.

No podemos, sin embargo, ignorar que la carga impositiva actual sobre el sector terminará ahogándolo, como ocurrió en el pasado. Ausencia de neutralidad en alícuotas, plazos de cobro, pago del IVA y planes canje. El inequitativo y arbitrario tratamiento del impuesto a las ganancias sin ajuste de existencias, la aplicación de Ingresos Brutos y los aumentos desmedidos en impuestos inmobiliarios, municipales y tasas viales sin contraprestación alguna, los incrementos en tasas de certificados fitosanitarios e hidrovía, los atrasos en la devolución del IVA exportación y del factor de convergencia, sumados al elevado nivel de las retenciones, y la aplicación del impuesto a las ganancias sobre los reintegros a la exportación, convergen como una política hacia el sector de clara discriminación, con consecuencias negativas para el proclamado crecimiento productivo.

En particular, la negativa a efectuar ajustes de inventarios es un evidente abuso fiscal, desconoce la realidad y distorsiona el pago del tributo, transformándolo en un impuesto al capital, injustificable tanto desde la doctrina, como desde los conceptos básicos de equidad.

La falta de implementación de un IVA exportación neutro en cuanto a alícuotas y fechas de devolución, ha creado un régimen perverso en la formación de precios, debido a los atrasos constantes en su devolución en los que ha incurrido el Estado. Es imperativo un sistema de alícuotas y plazos neutros que permita la eliminación del precario régimen de pago del 90% al contado y 10% a 120 días en la comercialización de granos, para que todo ello deje de golpear la espalda de los productores.

Como consecuencia, quienes contribuimos a hacer grande la Argentina, ofreciendo trabajo, aportando divisas y generando alimentos, perderemos parte de nuestro patrimonio para cumplir con normas viciadas de inequidad, violatorias del derecho tributario y carente de razonabilidad.

Es injusto hacer pesar sobre los contribuyentes una desmedida carga impositiva, con el único pretexto de cumplir metas con organismos internacionales.

No sería deseable, pese al legítimo reclamo de quienes agotaron su paciencia, que el descontento nos lleve a concretar medidas de fuerza de sectores de la cadena agroalimentaria.

Mientras se nos invita a “Jornadas de consenso para la producción y el trabajo para instalar políticas de Estado que aseguren un modelo sustentable” -dentro del marco clásico de anuncios altisonantes, teñidos de frases hechas- se rompe el diálogo sobre aspectos básicos de equidad, sin más fundamento que la necesidad recaudatoria de un Estado que, lejos de contraerse, avanza en la consolidación de una estructura absurdamente sobredimensionada.

Sí de construir una Argentina sustentable se trata, es imperioso: resolver el agobiante endeudamiento, recrear el financiamiento, establecer reglas que perduren en el tiempo y no ligadas al gobierno de turno.

Convocamos a quienes en pocos meses aspiran a la conducción del país, a pronunciarse. Como empresarios, queremos saber a que atenernos.

Solicitamos al señor Presidente de la Nación que ha hecho público su compromiso con la producción, que disponga las medidas que reviertan la situación descripta, liberando la potencialidad del sector, motor de la economía argentina.