El contrabando y la crisis socioeconómica

En nuestro país, los grandes contrabandistas contemporáneos lucen trajes Armani, corbatas de Dior, relojes de oro y se sientan en despachos oficiales. En sus maletines ya no ocultan mercaderías sino copias de normas aduaneras permisivas, flexibles, difusas y contrarias a la ley, que guían sus costosos embarques por callejones liberados del efectivo control. Son, generalmente, ejecutivos de organizaciones especializadas que tienen métodos y canales de distribución muy desarrollados.

Estos nuevos corsarios depositan sus ganancias en todo tipo de paraísos fiscales y trafican al abrigo de organizaciones ilegales que operan dentro de la administración tributaria y aduanera. Son enemigos del fisco y de los comerciantes honestos; estas verdaderas mafias provocan a los argentinos perjuicios anuales por miles de millones de dólares.

Los contrabandistas encuentran sus tesoros en las mercaderías más gravadas con impuestos nacionales. También, en aquellas que tienen estrictos controles sanitarios o de seguridad para el consumo.

Entre otros, cigarrillos, naftas y textiles reúnen coincidencias que los convierten en productos especialmente seductores para los contrabandistas: tienen un amplio mercado y son afectados por impuestos que les ocasionan costos elevados.

Estas bandas conocen a la perfección las rendijas del servicio aduanero, el escaso control interno y, en ese sentido, canalizan el fraude provocando nefastos efectos económicos, jurídicos, éticos, sociales y también, sobre la seguridad nacional, la salud pública y el medio ambiente.

Por lo general, los puertos y aeropuertos con mayor concentración de tráfico constituyen el espacio idóneo para esta nueva generación de piratas. En las fronteras de nuestro país y, especialmente, en el Puerto de Buenos Aires y el Aeropuerto de Ezeiza, se produce una sangría anual de millones de dólares que la Administración Federal de Ingresos Públicos intenta sofocar con controles burocráticos y superpuestos que se anulan entre sí.

Un estudio de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados de la Nación, encargada del régimen aduanero, sobre la base de importaciones y exportaciones a consumo registradas por las Aduanas de Ezeiza y Buenos Aires – entre junio de 1993 y noviembre de 1996 – cuantificó la evasión anual en 7.663 millones de dólares. El estudio fue remitido a los principales sectores del Poder Ejecutivo que tienen vinculación con el control tributario y aduanero; hasta la fecha, la Comisión de Economía no ha recibido, de los funcionarios responsables, ni objeciones ni soluciones.

La Comisión de Economía le apuntó, además, al narcotráfico y realizó un estudio comparativo del control aduanero que la AFIP impuso a mercancías originarias y procedentes de Colombia, Paraguay, Bolivia y Perú, registradas en jurisdicción de la Aduana de Buenos Aires. Este trabajo pone de manifiesto cifras verdaderamente alarmantes que muestran, al menos, una gran desidia en controlar las mercancías importadas desde Colombia ya que las mismas eran liberadas al mercado interno, en el 95% de los casos, a contenedor cerrado. En contraposición y no sin asombro, se detectó que tal tratamiento de descontrol no era aplicable a otros países que, al igual que Colombia, son considerados riesgosos en lo que hace al tráfico ilícito de estupefacientes; en este caso Bolivia, Perú y Paraguay.

Puede apreciarse en nuestro comercio exterior un grifo abierto que, con el transcurso del tiempo, ha provocado la escasez de los recursos necesarios para solventar las políticas socioeconómicas que fueron sucediéndose. Va de suyo que esta apreciación no debe ser tomada como un aval a esas políticas, sino como una crítica al control tributario y aduanero que impusieron. 

Tras las empresas privadas afectadas, o quizá en primera instancia, el Estado Nacional es la mayor víctima en cuanto a su magnitud económica: el contrabando le cuesta a la Nación su continuo empobrecimiento.

En nuestro país, el botín del fraude aduanero se lo reparten tanto particulares como organizaciones clandestinas dentro del Estado. Por ello, sectores de la AFIP y de algunos organismos de seguridad se encuentran seriamente sospechados y son investigados, actualmente, por sus propios estamentos anticorrupción y la justicia.

Mientras muchos funcionarios aduaneros y de organismos de seguridad ponen especial énfasis en detectar los estupefacientes, el blanqueo de capitales, la importación ilegal de armas de fuego, productos que afecten la salud pública, el medio ambiente y  la economía en general, otros entorpecen las investigaciones judiciales y aquellas administrativas que llevarían a cerrar los callejones liberados del debido control aduanero y tributario. Callejones que permiten importaciones temporarias y tránsitos con mercancías que son objeto de un ilegal desvió al mercado interno – similares a las miles investigadas por el Juez Cruciani – e importaciones definitivas fraudulentas, como aquellas en las que, aprovechando los agujeros del Sistema Informático María, se ha declarado talco o vidrio molido y sirvieron, en cambio, para contrabandear cigarrillos o textiles; también, importaciones con valores inferiores a los realmente pagados y violaciones al régimen de reintegros a las exportaciones.

Reforma

Para intentar poner freno a este avance, he presentado en fecha 30 de mayo de 2002 un proyecto, ingresado bajo el número “2924-D-2002” con el acompañamiento de los señores Diputados Miguel Giubergia, Luis A. Trejo, Melchor Posse, Mario Capello, Fernando Montoya y Ricardo Nieto Brizuela, por el que se propone disolver la costosa y burocrática estructura de la AFIP, fortaleciendo a la Dirección General Impositiva y a la Dirección General de Aduanas y contemplando la capacitación de quienes deben ejercer la conducción ya que, en materia tributaria y aduanera, el que no sabe es como el que no ve.

Así también, se busca más cooperación, a nivel nacional y regional, entre los gobiernos provinciales y municipales, los organismos de la administración pública, los de seguridad, las asociaciones civiles relacionadas con el comercio y la industria y las organizaciones no gubernamentales que colaboran con la salud pública, la protección del medio ambiente, la ciencia y tecnología y la lucha contra el narcotráfico.

Se intenta además, conformar una unidad coordinadora que permita a la vez, prevenir y detectar la corrupción en los organismos encargados del control aduanero y tributario; con la libertad y autonomía necesarias para proteger, a los funcionarios que investiguen el fraude, de los movimientos espurios y despidos sin causa tan comunes en estos últimos tiempos.

Guillermo Eduardo Corfield, Diputado Nacional-Presidente de la Comisión de Economía.