Entre pujas económicas y la lucha por la vida

Sustanciales diferencias en los precios de medicamentos oncológicos y para Sida desataron una áspera polémica entre droguerías, farmacéuticos, hospitales y el IAPOS.

El origen de la discusión radica en que la obra social estaría pagando estos remedios dos y hasta tres veces más que lo que abonarían los hospitales públicos, como el Iturraspe.

Legisladores del radicalismo, que se dedicaron a la investigación del tema, habían solicitado una audiencia pública en el Senado para que todos los actores debatieran el tema. Pero la idea fue desestimada por el oficialismo y la discusión se quedó en el seno de una comisión interdisciplinaria que analiza temas de salud.

La causa del encarecimiento de estos productos, imprescindibles para prolongar la vida de los enfermos, podría buscarse en la cadena de comercialización: industria farmacéutica, droguerías, farmacias y pacientes. La hipótesis indicaría que los eslabones son demasiados y es allí donde surge la verdadera puja: drogueros vs. farmacéuticos, y viceversa.

Fuentes ministeriales consultadas al respecto imaginaron un escenario donde la industria farmacéutica podría prescindir de las droguerías -su función esencial es la de distribuir el remedio- y tomar como eslabón próximo y directo de venta a la farmacia.

Paralelamente, los farmacéuticos especulan con que el conflicto surge por un interés real de las droguerías, que pretenden eliminarlos de la cadena y facturar directamente al cliente o consumidor.

En el Iapos

Para intentar explicar los aparentes sobreprecios que pagaría IAPOS, su directora, María Inés Insaurralde, comentó los mecanismos de compra con los que se maneja la obra social.

Aclaró que no se utilizan procesos de licitación, sino que operan directamente con los colegios de Farmacéuticos con quienes tienen convenios firmados desde hace diez años.

“Por estos acuerdos, tenemos en estos remedios un descuento del 35,7 por ciento del precio de venta al público que la droguería le hace a la obra social a través del Colegio”.

La funcionaria defendió el rol del farmacéutico y entendió que “su papel es fundamental”. De acuerdo a la legislación vigente, “el médico tiene la obligatoriedad de prescribir por genéricos y le otorga la posibilidad al farmacéutico de sustituir los medicamentos prescriptos por otro de menor precio que tenga igual droga, igual concentración y forma farmacéutica”.

Sobre esta base, no consideró propicio borrar al farmacéutico de la cadena de comercialización al tiempo que precisó que estos profesionales se quedan con una ganancia de apenas el 4%.

“No me parece que se trate de sacar eslabones de la cadena para abaratar costos porque las farmacias son pymes que pagan sus impuestos, que emplean mano de obra, que hacen a la actividad económica. Creo que si se quiere colaborar con la disminución de estos precios se debe hacer cumplir la ley para que los restantes eslabones de la cadena bajen su margen de comercialización. No es alta la ganancia de la farmacia, pero preguntemos también cuáles son los beneficios de las droguerías y de los laboratorios”.

Para justificar el no empleo de las licitaciones, la Directora dijo que estos procesos implican “un único ganador, un único laboratorio y único tipo de medicamento, con lo cual dejaríamos de lado la política actual de la obra social que es tener todos los laboratorios de calidad y todas sus marcas comerciales”.

“Nosotros en esto queremos una libre elección. En segundo lugar, licitar significaría acopiar una determinada cantidad de medicamentos que implicaría crear una estructura de almacenamiento con personal capacitado. Esto haría aumentar el gasto y correr el riesgo de robo. Además, dejaríamos de lado al farmacéutico que nos asesora sobre precio y calidad”.

María Inés Insaurralde consideró que los hospitales logran mejores precios porque “compran a un único laboratorio y en cantidad”. “Pero me parece que no es comparable el desempeño de uno de estos nosocomios con el de una obra social”, sentenció.