Exigen la derogación de la emergencia económica
En los fundamentos del proyecto los senadores dicen que: “Más allá de comprender que, en términos generales, las condiciones económico-financieras que pudieron motivar la sanción de la ley 11696, que declaró la emergencia -económica y previsional en nuestra provincia no se han modificado en forma sustancial, transcurrido tres años de su sanción, creemos indispensable morigerar sus efectos en lo que concierne a la reducción salarial para los empleados activos y pasivos de la provincia”.
El derogación del artículo 4 -que posibilitó la implementación de la emergencia económica- permitirá aplicar los regímenes estatutarios de cada uno de los poderes, de este modo permitirá nuevamente la liquidación de adicionales, suplementos o bonificaciones salariales y la antigüedad de cada agente como acontecía antes de la vigencia de dicha ley.
La derogación en tanto del artículo 11 que declaró la emergencia previsional, como sus complementarios 12, 13 y 14 permitirán a futuro la retención, liquidación y efectivización para los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, según los mecanismos establecidos antes de la declaración de la emergencia, lo que constituye de hecho un incremento salarial para los pasivos provinciales.
Las consecuencias de la devaluación de la moneda ha incidido en forma dramática en la capacidad adquisitiva de los asalariados, quienes padecen el incremento desmedido de los costos de los productos de consumo masivo, sin haber obtenido una compensación salarial que atenúe los efectos de aquellas medidas, como así ha ocurrido parcialmente en el sector privado.
Queda absolutamente claro, entonces, que las retenciones y congelamiento de asignaciones, suplementos y bonificaciones salariales que impuso la ley de emergencia deben ser suprimidos a los fines de reconstituir el ingreso básico de los empleados y pasivos de la provincia.
La justicia a nivel nacional ha acogido esta inquietud reivindicando el salario de los trabajadores públicos nacionales, al ordenar la restitución del 13 % que se le descontaba. Es decir, se ha declarado la inconstitucionalidad de aquellas normas que dispusieron descuentos compulsivos de salarios y jubilaciones.
En virtud de lo expuesto, los legisladores entienden, que el presente proyecto constituye un acto de estricta justicia que va a permitir en algún grado, paliar la grave situación por la que atraviesan la gran mayoría de los empleados públicos y fundamentalmente los pasivos de la provincia.
