Fundamentos
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El endeudamiento agropecuario en general y de las economías regionales en particular, debe ser considerado en forma diferencial, ya que a nuestro criterio resulta la consecuencia de un largo y desbastador proceso caracterizado por la falta de rentabilidad, que afectó básicamente al sector de la pequeña y mediana empresa agropecuaria. Estrato éste que constituyo históricamente el basamento en donde se acentúa la economía, desarrollo y sostenibilidad del interior del país.

Las redes sociales que conforman los productores y sus organizaciones en el ámbito rural, los pueblos de campaña, las pequeñas ciudades del interior, sumado a las industrias y servicios conexos, constituyen la esencia de la vida en una vasta zona de nuestro territorio nacional.

En el convencimiento que defender este proyecto, no se trata de una cuestión sectorial, si no de una visión de política estratégica para nuestro país. El CER tal como está planteado significaría la total desestabilización de la pequeña y mediana empresa agropecuaria, con el consiguiente aumento de los niveles de pobreza y contribuye al engrose en los bolsones de pobreza en las grandes ciudades.

Los problemas acarreados por la falta de obras de infraestructura y las consecuencias frente a los fenómenos climáticos, la falta de transparencia en los mercados de cereales tanto en disponible como a futuro, las alteraciones en los tributos que pagan los productores, de acuerdo a las necesidades fiscales y muchas veces incidiendo a destiempo en función a los ciclos productivos. Los precios de los insumos que continúan como referencia el valor del dólar. Las deudas en el mismo rubro, con proveedores y su dolarización. La vertiginosa caída del consumo interno, lo cual afecta sustancialmente a nuestras producciones regionales. La inexistencia de financiamiento, lo cual provoca que el productor deba enfrentar la campaña sin asistencia crediticia y la extemporánea caducidad en la posibilidad de pagar las deudas bancarias con bonos públicos, son solo algunos de los problemas que permanecen sin resolución.

Todo este marco, afecta al sector agropecuario en general, pero inciden más gravemente en nuestros pequeños y medianos productores.

Si a esto sumamos las consecuencias que provocaría la aplicación del actual coeficiente de actualización (CER), sin un tratamiento diferencial, tal como se propone en el presente, sería causante fundamental del desarraigo rural, hecho que va a contramano de lo que plantean los países desarrollados y que debiera ser parte de nuestra estrategia como país.

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