La Nación debe implicarse en la lucha contra el narcotráfico
La Nación debe implicarse en la lucha contra el narcotráfico

La Nación debe implicarse en la lucha contra el narcotráfico

Del mismo modo, la ausencia de radarización adecuada, o el permeable control aduanero y migratorio han permitido, por ejemplo, la vergüenza internacional de ver la condena en España de dos conspicuos representantes de las Fuerzas Armadas por transportar dos toneladas de cocaína que cargaron en su lujoso avión a la vista de todos en el Aeropuerto de Morón.

Por ello, resulta lamentable que el responsable nacional de seguridad, como Sergio Berni, pretenda culpar a Santa Fe de los males del narcotráfico. Cuando el país es infiltrado por poderosos narcos, ejemplo el conocido caso de “Mi Sangre” detenido en la ciudad de Buenos Aires, así como la porosidad fronteriza que permite el paso de la droga. Se esmera en presentar al gobierno provincial como despreocupado del flagelo. Parece gracioso pensar que en la Provincia de Santa Fe se cultive, siembre, coseche o produzca a gran escala narcóticos como la marihuana o cocaína. Existe casi nulo antecedente de la existencia o traslado de éxtasis, o demás drogas sintéticas. El PACO -gran destructor neuronal que lleva a nuestros jóvenes a un futuro desgarrador – no alcanza los niveles de consumo como en urbes del gran Buenos Aires o la propia Ciudad Autónoma.

Parece entonces que Berni desconoce la realidad del narcotráfico. Los narcos, de ¿dónde obtienen la droga? ¿Cómo la consiguen? ¿Quién se las trae? ¿Cómo ocultan sus ganancias provenientes del mercado ilegal? Si coincidimos que la marihuana no se cosecha en Rosario, de algún lado proviene. ¿Y cómo? Por las únicas vías posibles, tierra, aire o agua. ¿Y quién tiene el control de las aguas navegables, el espacio aéreo o las rutas nacionales? El Estado Nacional. Sergio Berni debiera saberlo porque forma parte de sus responsabilidades. Ahora bien, frente a esta situación, el funcionario decide priorizar otros objetivos antes que los efectos del narcotráfico hacia el interior del país. Evidentemente esa premisa lo llevó a desplazar a más de tres mil hombres -entre gendarmes y prefectos- desde el interior del país para cuidar a los vecinos de Buenos Aires. La ineficacia de la Policía Federal, llevó a Berni a desproteger las provincias, los controles de paso y el transporte de estupefacientes a nivel nacional para priorizar la convivencia pacífica del barrio de La Boca.

Pero sin detenernos en Berni, ¿cuál es la actividad que realiza la Unidad de Información Financiera por el lavado de activos de origen delictivo? ¿Cómo colabora la AFIP como organismo de control impositivo? ¿O pretendemos creer que el dinero proveniente del narcotráfico es enteramente reinvertido y convertido al mercado formal dentro de los límites de nuestra provincia? Incluso podríamos ir más allá, la desatención de los presos federales, la eterna burocracia de la SEDRONAR para disponer de los bienes decomisados en la provincia, y demás esquemas institucionales para colaboración que hoy están ausentes para los santafesinos.

La Justicia Federal tampoco escapa a esta lógica. Berni debería saber que el Juzgado Federal de Rafaela creado por Ley en el año 2006 todavía no entró en funcionamiento -a propósito de los embates locales sobre demora en la implementación de la reforma-, que de las 11 Fiscalías que existen en la provincia, sólo tres de los doce designados están siendo ocupados por magistrados con acuerdo del Senado, donde se pretende que sólo dos jueces de instrucción resuelvan y repriman los delitos del narcotráfico de ciudades como Rosario, San Lorenzo, Villa Constitución, Venado Tuerto por citar algunas. Edificio del Tribunal donde, por otro lado, abundan los procesos contra consumidores o pequeños vendedores de la periferia, pero escasean patéticamente las investigaciones contra vendedores a gran escala o de lavado de activos proveniente del narcotráfico. Pedimos a Berni entonces, que interceda ante sus pares para aconsejarles a los magistrados fijen líneas de acción investigativas contra los contrabandistas, grandes evasores y distribuidores a gran escala de la droga, en vez de atender a la persistente manufactura de los delitos de tenencia simple de estupefacientes. Los santafesinos quisiéramos saber si los nombres que habitualmente aparecen en crónicas relacionadas al narcotráfico de hace años son asideras o nos engañan con la estigmatización de gente honorable mientras los verdaderos delincuentes permanecen en penumbras.

¿Será por el hecho de que Santa Fe no es gobernada por el Kirchnerismo? ¿Será porque interesa más el rédito político que la seguridad de los santafesinos? No podemos dar una respuesta certera, pero sí afirmar que es en esta soledad que el gobierno provincial ha emprendido su lucha contra un delito pensado como complejo por su dinamismo y comisión transfronteriza. Delito que de por sí es generador de violencia. Que mientras corrompe en todos sus estratos, revela violencia en la lucha de los mercados en barrios populares y en su venta al menudeo. Engranaje final de la gran cadena de tráfico con destino directo a la víctima: el consumidor.

Pero la percepción de la violencia no puede tergiversar el objetivo. El narcotráfico no se combate mirando a los consumidores o desde los “quioscos”, de abajo para arriba sino al revés, desde quienes la importan o fabrican, distribuyen y fraccionan, tal como lo sostienen los expertos. Sí es cierto, que la crueldad la padecemos los santafesinos en nuestro cuerpo y de eso nos tendremos que hacer cargo.

Lo primero que habría que asumir es que hay una situación de crisis en materia de seguridad y de descrédito en las instituciones, cuya organización y objetivos están destinados a entender en el tema de seguridad. Sobretodo y con especial referencia a las fuerzas de seguridad.

Las policías, tanto las provinciales como las nacionales, han sido infiltradas en algunos estratos por el narcotráfico. Quienes deben reprimir a veces se posicionan como administradores del negocio y ejes de relaciones criminales. También vemos con gran preocupación el lento y ambiguo accionar de la justicia.

Los gobernantes deben entender que el tema de seguridad es una preocupación de todos y que se necesita trabajar en el tema con profundidad, dedicación, esfuerzo y solidaridad. Entonces, corresponde a los dirigentes políticos ceder el espacio dedicado a la faz discursiva para dar lugar a un trabajo progresivo.

Entendemos de Berni la preocupación por los vecinos de los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires, pero deberá asumir que es un funcionario nacional y que todos los habitantes necesitamos del trabajo coordinado de las fuerzas de seguridad nacionales de manera de obstruir y desarticular lo que hoy se presenta como un libre tránsito nacional de drogas prohibidas. Deberá entender que mientras organiza eventos deportivos en villas de la Ciudad de Buenos Aires, nuestros jóvenes en Tablada, Ludueña, Nuevo Alberdi, Chaqueño, San Lorenzo, Alto Verde, Villa Hipódromo, entre otros, sufren descarnadamente las consecuencias de la ausencia de estrategia nacional de destrucción de vías de acceso para la droga.

Los escenarios críticos entonces merecen replanteos. Investigar y profundizar sobre las estructuras para que, desde allí, se puedan fomentar modificaciones que sean reales y no retóricas.

Las acciones delictivas adquirieron nuevas modalidades, más complejas y mejoradas. Evidentemente las respuestas deben abordarse desde el mismo lugar. Entendiendo la realidad tal cual se presenta y fomentando la discusión, el debate y la búsqueda de soluciones de la misma entidad. Médicos, asistentes sociales, psicólogos, contadores, criminólogos, abogados, etc, son profesionales que necesariamente deben ser convocados para el diseño, desarrollo, implementación, y control de los nuevos esquemas delictivos.

Por Diputada Provincial Alicia Gutiérrez. Partido SI en el Frente Progresista.

Prensa SI: 0342-156-103478

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