Ley sobre subdivisión de parcelas rurales
Santa Fe, un paraíso de aves Crédito: Archivo El Cronista Regional

Ley sobre subdivisión de parcelas rurales

La Cámara de Senadores de la provincia dio sanción definitiva a la ley que modifica la actual Ley de Unidad Económica Agraria que hasta hoy impedía a los propietarios subdividir campos, y da un plazo de dos años para solucionar el grave problema de los condominios rurales, los que de ahora en mas podrán dividirse en caso de ser necesario y si sus propietarios así lo desean.

Esta sanción es producto de los proyectos que impulsaron, en paralelo, por un lado los senadores del PJ Alberto Crosetti y Ricardo Spinozzi y por otro los diputados peronistas Jorge Lagna, Laura Venesia y José Pividori, ante el reclamo de la mayoría de la gente de campo, las organizaciones del agro, municipios y comunas de los 19 departamentos de la provincia, que hicieron llegar notas de adhesión a la Legislatura.

En la sesión del Senado de Santa Fe votaron afirmativamente los representantes del Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, mientras que decidieron abstenerse las dos senadoras del Partido Socialista.

En los fundamentos de la ley, los legisladores habían sostenido que “el Estado tiene la obligación de promover y estimular a través de sus leyes, toda actividad productiva que conduzca a lograr el mayor desarrollo económico y social de los habitantes de esta Provincia, evitando limitar en modo alguno el normal desenvolvimiento de los productores al restringir la posibilidad de disponer del mayor capital que estos poseen, salvo en los lógicos casos de utilidad pública, lo que ya están perfectamente previstos y definidos en nuestra legislación”.

En los planteos formulados en el debate, los legisladores señalaron que cabe preguntarse “si como está demostrado, esta Ley (por la prohibición de subdividir) no provocó el bien de los gobernados en particular ni propendió al bien común en general, ¿quién ganó?”.

“Probablemente -concluyeron- hayan sido quienes se consideran los únicos capacitados para juzgar y decidir si, cuando algún productor divide su propiedad privada, lo está haciendo para convertir algo económico o rentable, en antieconómico su uso y aprovechamiento”.

“Afortunadamente, si una Ley es demostradamente nociva para la inmensa mayoría de la población y para el Estado mismo, como es el caso de la Ley Provincial Nº 9319, queda el recurso de quitarla, y aunque si bien esto no remediará el daño producido hasta ahora, evitará inmediatamente que continúe haciéndolo” dijeron oportunamente los senadores y diputados que impulsaron esta nueva ley.

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