Los privilegios que desangran al Estado

A pesar de los intentos por aplacar la repulsión que generan, los regímenes de privilegio siguen dejando secuelas. En el 2000, la Legislatura de la provincia derogó la Ley 4.794 y sus modificatorias, que instituían las pensiones graciables. Hace pocas semanas, el Senado aprobó otro proyecto del justicialista Daniel Depetris para recortar estas jubilaciones en un veinte por ciento.

Pero los sucesivas artilugios legislativos lograron trenzar una red que permitió tergiversar el espíritu de la ley original y contener con las pensiones graciables a quienes no las merecían.

Estas remuneraciones fueron pensadas para compensar la militancia y entrega de aquellos políticos que, por los avatares de la vida, terminaran prácticamente en la miseria.

Se crearon por la ley Nro. 4.794, sancionada en octubre de 1958, durante el primer gobierno de Carlos Sylvestre Begnis. La norma establecía una remuneración igual al 20% de las dietas que se hubieran cobrado en el ejercicio de las funciones. El incentivo estaba destinado a ex convenciones y ex legisladores, y como requisito debían tener 55 años o estar absolutamente incapacitados para el trabajo; no tener entradas que igualen o superen la suma que resultara de la aplicación de esta ley; y en caso de fallecimiento anterior o posterior a la vigencia de la norma, podían tramitar la pensión la viuda, las hijas solteras, o los hijos hasta los 18 años de edad. El decreto 10.150 de 1959 reglamentó la norma y estableció que conjuntamente con la presentación de la solicitud del beneficio se debía exhibir un “certificado médico para probar la incapacidad de trabajar”.

Más tarde llegaron otras modificaciones que sólo contribuyeron a convertir en “más privilegiados” a quienes se hicieran acreedores de estas pensiones. Por la ley 7.178 de 1974, se incorporó un aguinaldo que debía cobrarse en dos cuotas. En 1985, se votó la ley Nro. 9.805 que duplicó la remuneración. Así, se determinó que la pensión sería el 40% de la dieta y el límite de edad, de sólo 50 años.

Finalmente, se aprobó en 1987 la ley 10.120, que volvió a incrementar en un 50 por ciento la remuneración de los pensionados en el caso de que tuvieran carga familiar, e introdujo un ventajoso inciso, según el cual se estipula que “el derecho a la prestación nace con la presentación en forma de la solicitud”.

Esa reforma fue la llave que desató un problema para las gestiones sucesivas, aun después de derogada la norma.

La triste herencia

En la actualidad, más de cuarenta ex convencionales y legisladores tramitan el cobro de esta pensión, seis pelean judicial o administrativamente por reajustes o retroactivos, y otros 70 ya cobran ese beneficio que oscila entre los 1650 y 2400 pesos. Por todos ellos, la provincia desembolsa mensualmente más de cien mil pesos. En muchos casos, los beneficiarios aparecen con domicilios en otras provincias como Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes.

Entre los que recurrieron a la justicia o al reclamo administrativo se encuentran Esteban Alzugaray, Emma Cucco, Armando Gennai, Cayetano Mammana, Adolfo Olmedo y Enrique Rojo. Este último, mientras cobra su pensión, reclama un reajuste por carga familiar.

En lo que va de la gestión de Carlos Reutemann, sólo cinco decretos se firmaron avalando estos pedidos y todos por la existencia de la orden judicial que así lo establece.

El 23 de agosto de 2001, el Poder Ejecutivo firmó el decreto a favor de Carlos Storani (dip. 83-87); en octubre del mismo año, de Juan Santos Díaz (dip. 83-87); en igual mes y año, de Camilo Eduardo Greborio (dip. 83-87) y de José Luis Sañudo (dip. 91-95); y el 14 de marzo del corriente año, a favor de Rodolfo Escobar (dip 93-97), quien, patrocinado por el Dr. José María Alzugaray, reclamó el beneficio a través de un recurso de amparo.

Lista de espera

Entre los tramitantes de estas pensiones se encuentran hombres y mujeres del PJ, de la UCR y del PDP, y en su mayoría se desempeñaron como legisladores entre los años 83 a 95. A pesar del tiempo transcurrido, persisten en el trámite porque el derecho adquirido les asegura que tarde o temprano cobrarán. Para lograr agilidad, algunos apelan al amparo y en la mayoría de los casos, sus condiciones socioeconómicas distan mucho de lo que exigía la ley original.

Entre los expedientes más llamativos se encuentran:

ENRIQUE ESTEVEZ: Fue diputado justicialista (87-91) durante la gestión de Víctor Félix Reviglio y ejerció la presidencia del cuerpo. Más tarde (91-95), se desempeñó como concejal de la ciudad de Capitán Bermúdez. Finalmente, en el período 95-99, volvió a ocupar una banca, en este caso en el Senado, representando el departamento San Lorenzo. En la actualidad cobra en la Cámara Alta como personal de planta política.

OSCAR ROBERTO PEIRETTI: Era empleado de la Cámara de Senadores con categoría 21. Pidió licencia en ese lugar y asumió como diputado por el PJ en 1993, en reemplazo de María Angélica Gastaldi. Su mandato fue de sólo dos años. En 1995, cuando dejó el cuerpo, asumió su hija, Graciela Peiretti, que ejerció hasta 1999. En la actualidad mantiene su condición de empleado legislativo en la delegación del Senado de la ciudad de Rosario.

EDGAR QUIJANO: fue intendente de la ciudad de Carcarañá entre 1983 y 1987. En 1987 y hasta 1991 asumió como diputado provincial por el PJ. Desde el 91 y hasta el 2002 ejerció varios cargos ejecutivos, entre ellos, interventor del PAMI regional Santa Fe. Su esposa, Evangelina, es empleada en la Secretaría Administrativa de la Cámara de Diputados.

JORGE CARLOS DUBOULOY: Fue diputado justicialista en el período 87-91. En los últimos años volvió a aparecer en escena como el denunciante del Senador Jorge Massat, a quien acusó por enriquecimiento ilícito.

ANTONIO PRATS: Fue diputado provincial justicialista en el período 83-87. Luego se desempeñó como senador por el departamento General López entre 1987 y 1991. Actualmente asesora a la Comisión interparlamentaria Crecenea – Codesul. Su esposa se jubiló como empleada legislativa.

EDGARDO TABORA: Fue diputado provincial por el PJ durante menos de un mes. Asumió el 14 de noviembre de 1991 y dejó la banca el 10 de diciembre del mismo año. Reemplazó a Eduardo Lassús, que asumió como integrante del Tribunal de Cuentas provincial. En la actualidad, reclama el beneficio asesorado por el Dr. José María Alzugaray.

JOSE ANTONIO REYES: fue diputado del PJ durante los años 83-87, mientras la provincia era gobernada por José María Vernet. Terminó preso por desmanejos en ese ámbito. Presidía la Cámara cuando se votó la ley que modificó y flexibilizó la norma original de pensiones graciables.

MARTIN CARRIZO: Era empleado permanente de la Biblioteca del Senado. Asumió luego como diputado provincial por el PJ entre los años 91-95. Más tarde pidió licencia como personal legislativo por cargo político y fue concejal en la ciudad de Esperanza. En las últimas elecciones fue reelecto como edil por el PJ y su mandato vence en diciembre de 2005.

Aunque en la actualidad, la mayoría de los expedientes se encuentran “congelados” en las distintas reparticiones del Estado, el “batacazo” lo darán más tarde (si siguen el camino administrativo) o más temprano (si optan por la vía judicial). A menos que desistan del trámite…