Política económica y reformas post elecciones de medio término

Tras haber obtenido un triunfo contundente en las elecciones de medio término con el significado de un apoyo de la población al gobierno nacional y, simultáneamente, el más fuerte retroceso de la fuerza política con quien antagoniza, el Presidente Macri logra un nuevo balance de poder que va más allá de los partidos y coaliciones políticas.

La maquinaria judicial parece mover sus coordenadas -como ha sido durante todos los ciclos políticos en los últimos treinta años según sus fases de consolidación y declinación- , los gobernadores opositores ajustan sus objetivos estratégicos desde su otrora juego a nivel nacional a la supervivencia y atención de las tensiones internas, la dirigencia gremial acusa un nuevo golpe que medra aún más su poder y legitimidad (que ya venía disminuyendo por secuenciales impactos de cuestionamiento en la transparencia del manejo de algunos gremios, la supeditación de los objetivos primarios de protección de los trabajadores al juego político partidario, casos de vinculaciones con actividades realizadas durante la gestión de gobierno anterior y que se encuentran actualmente bajo investigación judicial y la gradual pérdida parcial en la representación del sujeto social “trabajador” a la luz de fenómenos ocurridos en las últimas décadas: el cuentapropismo y la informalidad laboral hoy contienen a más de la mitad de los otrora integrante del colectivo trabajador).

A este cambio en la relación de fuerzas se suma la situación de fragilidad por la que atraviesa cierta parte del empresariado vernáculo que supo articular poder durante el gobierno anterior y los movimientos sociales que, pese a no haberle dado respiro al gobierno de Cambiemos en su actividad de movilización y protesta, ven como dichas muestras de masividad no tienen su repercusión lineal en el electorado.

Completa este esquema una nueva conformación del Congreso de la Nación donde, si bien Cambiemos no tendrá una mayoría absoluta, el logro de los números necesarios para asuntos ordinarios se encontrarán al alcance de la mano vía sucesivos procesos de mayorías móviles negociadas.

Sin embargo, hay un actor imprescindible para el tipo de política económica que sostiene el gobierno nacional y con poder autónomo suficiente para no ser afectado por los vaivenes electorales. Un actor que ha quedado fuera del alcance de los cambios del balance de fuerzas que beneficiaron al gobierno nacional y, paradojalmente, el actor donde tuvo origen el “core” de la construcción Cambiemos: La comunidad de negocios, en su rol –asignado por la visión económica del gobierno nacional- de movilizador de procesos de inversión en una economía que no despegará sin un salto en la inversión y el sostenimiento de la misma en niveles altos en el largo plazo.

Este último actor resulta crítico para los planes no sólo económicos sino políticos del Presidente de la Nación. Alcanzada las metas políticas de medio término, el Presidente se lanza al objetivo de lograr una recuperación económica y un vigoroso y sostenido crecimiento.

Para el marco de diagnóstico de la política económica compartida por el Presidente y su equipo económico, la persuasión de la comunidad de negocios mediante un marco de reglas de juego claras y estables e incentivos económicos constituye la vía adecuada.

Interpretando que los planteos principales de dicha comunidad de negocios radica en la cuestión de la competitividad, focalizada en sólo un par de sus factores: los costos impositivos y laborales, el Gobierno Nacional se planteó tres reformas principales y con la meta de comenzar el año 2018 con sendos instrumentos legales en la mano: El Consenso Fiscal con las provincias, la reforma tributaria y la reforma laboral.

Contando como condición estratégica, por un lado, el nuevo balance de fuerzas respecto a los gobernadores opositores, a la oposición en el Congreso y a los gremios y, por otro lado, tener como aliada principal a la gobernadora del distrito más grande del país y dirigente política con mejor imagen, sumando como elemento táctico el muy bajo espacio para autorrestricciones ideológicas –entendidas éstas como aquellas posiciones que le pueden generar tensiones o disensos internos- el Presidente convocó a dichas reformas planteando propuestas iniciales que luego fueran bajados por los equipos técnicos en sendos borradores preliminares En dichos borradores figuraban posiciones extremas que significaban, en términos prácticos, anticipaciones a las concesiones que se harían a sus contrapartes en las negociaciones –gobernadores, oposición legislativa y dirigencia gremial- de modo tal que los mismos puedan exhibir algunas conquistas.

Hasta el momento, el curso de los acontecimientos parece seguir dicha lógica.

Consenso Fiscal

El posicionamiento inicial del Gobierno Nacional consistía en resolver el problema histórico y estructural de financiamiento de la Provincia de Buenos Aires –quien agitaba como elemento atemorizante un posible fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación favorable a su reclamo relativo al Fondo de Conurbano que disminuiría sensiblemente los recursos de las restantes provincias- y, al mismo tiempo, obtener un importante número de compromisos por parte de los Estados Provinciales los cuales se pueden sintetizar en la aceptación de nuevas reglas de disciplina fiscal tendientes a la reducción del gasto público o el mantenimiento de sus niveles actuales –según la situación particular actual de cada provincia-, la homogeneización y disminución de las presiones tributarias provinciales, ceder recursos que actualmente se coparticipan y renunciar a reclamos judiciales presentes y futuros sobre esta última cuestión.

Completaba este planteo inicial la disponibilidad de recursos nacionales para atender el financiamiento estable de la Provincia de Buenos Aires, lo cual contrastaba con posiciones que anteriormente había expuesto el propio gobierno nacional ante reclamos –también legítimos- de otras provincias.

En otras palabras, el proceso de negociación de dicho “consenso” comenzó con un intento del Gobierno Nacional –articulado con la Gobernadora de Buenos Aires y el Jefe de Gobierno de CABA- de imponer más o menos coercitivamente a los gobernadores un “pliego” de y concesiones de las cuales surgía como única gran ganadora la Provincia de Buenos Aires quién recibiría $44.000 millones adicionales en 2018 y $65.000 millones anuales adicionales a partir de 2019. En el medio, la CABA resultaba prácticamente indemne y, en el otro extremo las restantes provincias argentinas junto al Estado Nacional estaban llamados a ser los aportantes del financiamiento a la ganadora.

Las febriles negociaciones –potenciadas por la aglutinación estratégica y firme de los gobernadores no oficialistas- hicieron que una sola semana permitiera lo que en otros procesos llevara meses, transformando sustancialmente el planteo coercitivo que inicialmente les trataban de imponer a los gobernadores.

Provincia de Buenos Aires terminó obteniendo lo mismo que preveían las primeras versiones del documento.

Las restantes provincias, computando conquistas y concesiones de recursos nacionales, alcanzaron un saldo positivo, negociaron una menos intensa y más gradual reducción de sus respectivas presiones tributarias provinciales (cuyo impacto sustancial será asimilado recién por las futuras gestiones de gobierno provinciales), obtuvieron $125.000 millones adicionales para los próximos 11 años como compensación específica por desistir a reclamos judiciales y no iniciar nuevos, con el caso especial de Santa Fe quién logró, complementariamente, un acuerdo específico del Gobierno Nacional de atender la deuda correspondiente a los fallos de la Corte Suprema de Justicia favorables a dicha provincia.

Si tanto Provincia de Buenos Aires como las restantes provincias obtuvieron del Consenso firmado balances positivos en términos de recursos, va de suyo que dicha carga recaerá sobre el Presupuesto Nacional (aunque los principales voceros del Gobierno Nacional se esforzaron en relativizarlo públicamente), lo cual nos conduce a plantear la compatibilidad de dichos acuerdos con los objetivos buscados por el Gobierno Nacional mediante este consenso (persuadir a la comunidad de negocios sobre una disminución del costo fiscal y la sustentabilidad del financiamiento público).

Para que los resultados del Consenso resulten compatibles con los objetivos buscados, deberían observarse en el mediano plazo, mínimamente, las siguientes condiciones:

-Que la Provincia de Buenos Aires canalice los voluminosos recursos adicionales obtenidos a una auténtica reducción de su brecha fiscal y no que dichos recursos se destinen a nuevos gastos o al incremento de la estructura de erogaciones existente.

-Que los poderes legislativos del Estado Nacional, CABA así como de todas y cada una de las provincias aprueben el Consenso Fiscal firmado.

-Que las restantes provincias –a un nivel consolidado- respeten con las pautas de la futura ley de responsabilidad fiscal y cumplan con la senda comprometida de reducción de tributos propios.

-Que la implementación del Consenso, junto a las otras dos reformas señaladas (tributaria y laboral), generen los efectos macroeconómicos en el mediano plazo que supone el Gobierno Nacional, consistente en una reactivación económica y un vigoroso y sostenido crecimiento de modo tal que una mayor actividad económica genere los recursos fiscales adicionales que le permitan compensar el efecto negativo resultante de dichas reformas.

En otros términos, el incumplimiento de al menos una de dichas condiciones podrá conducir a una contradicción entre resultados y objetivos buscados.

Reformas tributaria y laboral

En ambas iniciativas, el proceso comenzó con una dinámica similar a la del Consenso Fiscal.

En cuanto a la primera, el Gobierno Nacional envió al Congreso un proyecto de ley con medidas diversas, previendo algunas concesiones que se realizará a título de “conquistas de la oposición”. Como rasgo general de dicho proyecto se observa una disminución en la presión tributaria a las empresas con una compensación parcial mediante medidas que afectaban a determinadas actividades económicas. Asimismo, no se proponían medidas que favorecieran a aquellos contribuyentes que no son empresas.

Respecto a la reforma laboral, el Gobierno Nacional presentó a los dirigentes sindicales un primer borrador con modificaciones que significaban conceptualmente la supresión de varias conquistas en materia de derecho laboral que los trabajadores habían logrado ya hace 40 años.

De la negociación con dichos dirigentes surgió una versión intermedia, que, no obstante implicaría ciertas pérdidas de conquistas.

Al momento de escribirse estas líneas ambas reformas están aún en proceso de discusión política-parlamentaria.