Prácticas profesionalizantes: “falta una definición política del gobierno provincial”
El vicepresidente de Fisfe y empresario esperancino Víctor Sarmiento, sostiene que la llave para abrir paso a una implementación concreta del programa de Prácticas Profesionalizantes, es la definición de una política clara por parte del gobierno provincial, advertencia que se inscribe en la necesidad de una coordinación efectiva entre los ministerios de Trabajo y Educación.
“Nosotros como empresarios debemos asumir la responsabilidad que nos corresponde para tomar a los jóvenes como pasantes, pero también el empresariado requiere del gobierno definiciones sobre los seguros de vida para los chicos y las inspecciones del Ministerio de Trabajo” apunta básicamente Sarmiento sobre las dos principales trabas en este proceso.
El empresario señala que se necesita un mayor involucramiento de la cartera laboral pero también de las escuelas, el tercer actor fundamental en esta escena. “Los directivos deben entender que este es el camino, además de la obligatoriedad que se impone en 2016. Es un trípode que debe mantener un equilibrio” grafica. Sarmiento admite a la vez la necesidad de profundizar la conciencia de la responsabilidad del empresariado.
El empresario esperancino planteó estas inquietudes ante Producción Santafesina en el reciente encuentro realizado en instalaciones de Cervecería Santa Fe entre 100 directores de escuelas técnicas y empresas destinado a consolidar la implementación de las prácticas profesionalizantes, que serán obligatorias desde 2016.
En la oportunidad, el gobernador Bonfatti remarcó que “la recuperación de las escuelas técnicas es uno de los objetivos de nuestra política educativa y para lograrlo hemos realizado muchas acciones y cuantiosas inversiones, contando con el acompañamiento del Instituto Nacional de Educación Técnica (Inet)”.
Las prácticas profesionalizantes son actividades pedagógicas no rentadas que integran la propuesta curricular de las escuelas de Educación Técnico-Profesional de la provincia de Santa Fe, que comenzaron a instrumentarse en 2013, a través de un convenio marco que el gobierno de Santa Fe firmó con la Federación de Industriales de la Provincia de Santa Fe (Fisfe) e involucra a más de 800 empresas.
Una política que llegó para quedarse e ingresa en su instancia decisiva de implementación, dado el breve lapso de tiempo que resta para su puesta en marcha como condición obligatoria.
