Procedimiento para investigar enriquecimiento ilícito de la policía
Fuente:
Política
Prensa Gobernación
21/01/2004
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Procedimiento para investigar enriquecimiento ilícito de la policía

Según la norma, la dirección provincial de Asuntos Internos de oficio o por denuncia fundada investigará los supuestos de enriquecimiento injustificados del personal policial que se encuentre en ejercicio de sus funciones y hasta seis años después de su renuncia o pase a situación de retiro.

La autoridad administrativa quedará relevada de la intervención prevista anteriormente, si el Ministerio Público, por intermedio del fiscal de grado formulare el requerimiento exigido en el artículo 268 inciso 2) del Código Penal Argentino.

La dirección provincial de Asuntos Internos tendrá amplias facultades para requerir informes a los Registros Públicos, quienes deberán producirlos en el plazo de 10 días hábiles, considerándose su incumplimiento falta administrativa.

Asimismo contará con el asesoramiento de la dirección general de Asuntos Jurídicos del ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, pudiendo solicitar a organismos oficiales las pericias que estime necesarias.

El requerimiento para la justificación del enriquecimiento patrimonial será precedido de una sumaria información ordenada y confeccionada por el organismo competente que deberá contener lo siguiente:

* Informes de Registros Públicos respecto a bienes inmuebles, muebles registrables, comercios, marcas, señales de ganado y actividades civiles lucrativas de las cuales sean titulares el funcionario policial, su cónyuge, conviviente, grupo familiar conviviente, parientes consanguíneos hasta el cuarto grado y afines hasta el segundo grado.

* Copia de las declaraciones juradas patrimoniales, presentadas en cumplimiento del artículo 28 inciso i) de la Ley N° 6.769 y reglamentos derivados que se encuentren archivadas en dependencias policiales o Escribanía de Gobierno.

* Informes de la evolución de cuentas bancarias, operaciones con tarjeta de crédito, compraventa de títulos y acciones, transferencia de divisas y caja de seguridad registradas.

* Se hará constar el origen de la información consignada y sí los datos fueron aportados por el funcionario investigado.

Cuando sea necesario obtener informes sobre cuestiones protegidas por el secreto fiscal, tributario, bursátil de valores, bancarios o examinar documentación privada relativa a cuestiones civiles o comerciales podrá solicitarse auxilio jurisdiccional fundamentando la petición.

Al respecto, puntualiza que en caso de denegatoria se hará constar esta circunstancia.

La información sumaria deberá concluirse en el plazo de 60 días hábiles. La disposición de clausura deberá expresar si existen elementos para el requerimiento de justificación del aumento patrimonial.

En el término de 10 días hábiles contados a partir del acto de clausura se realizará el requerimiento al funcionario policial investigado para que justifique la procedencia de su enriquecimiento patrimonial o persona interpuesta que se indique fijándole un plazo razonable, de acuerdo a la complejidad de las actuaciones, que no podrá exceder de 90 días, prorrogable hasta 30 días más a pedido del investigado.

Será confeccionado con mención de los bienes patrimoniales respecto a los cuales debe justificar la procedencia de los fondos para su adquisición y notificado por cédula en el domicilio registrado.

El requerido podrá solicitar se le corra traslado con entrega de las actuaciones dentro del plazo fijado para contestar lo peticionado.

El funcionario que tuviera a cargo la instrucción podrá rechazar la petición por motivos fundados dentro de los tres días de su presentación, quedando las actuaciones en despacho para vista del interesado en días y horas hábiles.

En todos los casos, el traslado será con entrega de copias certificadas con costo a cargo del peticionante.

La autoridad requirente en el término de 15 días de recepcionado el escrito de justificación elevará las actuaciones al juez en lo penal de instrucción en turno informando fundadamente sobre la justificación del enriquecimiento patrimonial e informará a la Jefatura de Policía de la provincia a los fines administrativos pertinentes.

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