Reclamo administrativo de Santa Fe a la Nación
Fuente:
Política
Redacción El Santafesino
03/03/2009
coparticipación del impuesto emergencia económica Impuesto al Cheque

Reclamo administrativo de Santa Fe a la Nación

El gobierno de Santa Fe presentó una “reclamación administrativa” para que la Nación declare la plena coparticipación del impuesto a los débitos y créditos en cuentas corrientes bancarias –impuesto al cheque– y devuelva a la provincia los fondos retenidos “inconstitucionalmente” al finalizar la vigencia de la emergencia económica.

Mediante esta medida, que constituye un “trámite de cortesía” para evitar litigar ante la Corte Suprema de Justicia, la provincia propone una instancia conciliatoria para que el gobierno nacional “ordene el pago de los montos proporcionales en concepto del impuesto al cheque, devengados desde el 19 de diciembre de 2006, a partir de la sanción de la ley 26.180.

El impuesto a los débitos y créditos en cuentas corrientes bancarias fue establecido durante la emergencia económica de 2001, a través de la ley 25.413, para preservar el crédito público y recuperar la competitividad de la economía argentina.

Este impuesto –indirecto y concurrente según la Constitución Nacional– establecía como fecha límite de aplicación el 31 de diciembre de 2002. No obstante, merced a sucesivas prórrogas que modificaron la estructura distributiva del impuesto, se mantuvo vigente.

En febrero de 2002 se suscribió un convenio federal que resolvió modificar la estructura distributiva del impuesto al cheque. A partir de la nueva normativa (Nº 25.570), el 70 por ciento del impuesto ingresaría al tesoro nacional y sería administrado por “el Poder Ejecutivo Nacional con destino a la atención de los gastos que ocasione la emergencia pública”, el 30 por ciento restante se coparticiparía a las provincias.

Una vez normalizada la situación, a fines de 2005, nuevamente se modificó el destino de ese tributo. Mediante la ley 26.180, promulgada el 19 de diciembre de 2006, se dispuso que el fin del impuesto a los débitos y créditos en cuentas corrientes bancarias era “contribuir a consolidar la sustentabilidad del programa fiscal y económico”. Esta normativa sigue vigente.

Actualmente, el 70 por ciento del tributo ingresa al tesoro nacional y de la suma que implica el 30 por ciento restante, que se debiera coparticipar a las provincias, el gobierno nacional se queda con un 42 por ciento más.

El documento

En el documento, que fue expuesto ante el ministro de Economía de la Nación, Carlos Fernández, por un estudio de abogados contratado en Capital Federal por el gobierno santafesino, la provincia solicita que “se declare la plena coparticipación del impuesto a los débitos y créditos bancarios” y “se reintegre a la provincia los recursos inconstitucionalmente detraídos desde el 19 de diciembre de 2006”.

“En caso de no tener respuesta en el término de (30) días a esta solución amistosa y previa del conflicto que motiva la presentación”, la provincia “entenderá que la vía administrativa queda descartada quedando expedita la vía de reclamación judicial”, expresa el documento.

Según indica la reclamación, el impuesto al cheque se estableció en el marco del “el inciso 3 de la Constitución”, que “faculta al Congreso a establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables”. Sin embargo, agrega el documento, actualmente esa “asignación específica no respeta los requisitos constitucionales” con que fuera creado.

Esto se debe a que, según expresa el reclamo, “para ser una asignación específica necesita ser una asignación especial y particularmente determinada y destinada a la constitución de un fondo también específico. Así lo dispuso específicamente la ley de su creación 25.413 (artículo 3) siguiendo una correcta técnica constitucional y presupuestaria”.

Entre los requisitos establecidos por el Comité Ejecutivo de la Comisión Federal de Impuestos –a través de la Resolución Nº 23 de 2003–, se dispuso que “el establecimiento y modificación (incluyendo su prórroga) de asignaciones específicas de recursos coparticipables deben producirse siguiendo el mecanismo prescripto por el inciso 3º del artículo 75 de la Constitución Nacional. A saber: ley especial; tiempo determinado y mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara”.

En ese sentido, la reclamación considera que “la especificidad de la asignación (impuesto al cheque) no resulta un requisito de validez, sino de existencia misma de la norma constitucional” y que al no existir “asignación específica, es inútil que se cumplan con los demás requisitos establecidos en aquella norma constitucional”.

En este marco, el documento sostiene que la disposición del artículo 6 de la ley 26.180, que modifica la distribución del impuesto al cheque establecida en el artículo 3 de la ley 25.413 y sus modificatorias, no satisface los recaudos constitucionalmente exigidos para su validez, pues se trata de una genérica y vaga mención a la “sustentabilidad del programa fiscal y económico”, no de ningún destino concreto y determinado”.

Invocación de emergencia

Además, la reclamación sugiere que “tampoco constituye justificación suficiente la eventual emergencia sufrida por el país durante el período 2001 – 2002 para producir la detracción de un impuesto coparticipable en naturaleza. Ni tampoco la supuesta sustentabilidad del programa fiscal y económico que invoca la ley 26.180”.

La invocación de la emergencia no es una razón suficiente para obviar la exigencia constitucional que impone el artículo 75 (incisos 2 y 3) de la Constitución, sino sólo una institución legal que se aplica para restringir temporalmente ciertos derechos individuales de las personas sin que se afecte el contenido esencial de esos derechos”.

“En consonancia con lo expuesto mi parte sostiene que la ley 26.180 es inconstitucional en tanto viola lo dispuesto por el artículo 75 incs. 2 y 3 de la Constitución Nacional y concordantes y el Acuerdo entre Nación y provincias del 27 de febrero del 2002.

Finalmente el documento solicita se “inaplique toda norma de rango legal que se oponga al artículo 75 inciso 3 de la Constitución Nacional, en relación al impuesto a los créditos y débitos bancarios, en especial, el artículo 6 de la ley 26.180 que modifica el artículo 3 de la ley 25.413, en razón de su notoria y manifiesta inconstitucionalidad; y se ordene el pago a la provincia de Santa Fe de los montos proporcionales correspondientes en concepto de impuesto a los créditos y débitos bancarios que se hayan devengado a partir de la sanción de la ley 26.180”.

Asimismo, se aclara que “la reclamación constituye un trámite de cortesía en función del deber de colaboración y coordinación federales a fin de evitar litigar ante la jurisdicción originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la pretensión que constituye el objeto del reclamo”.

Con el propósito de conducir el reclamo a través de una vía más amistosa, el gobernador Hermes Binner autorizó a la Fiscalía de Estado a contratar un estudio jurídico en Capital Federal para que represente a Santa Fe en sus reclamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Mediante el decreto Nº 3165, se aprobó la contratación del estudio patrocinado por los abogados Ricardo Gil Lavedra y Carlos Rosenkrantz, encargados de asesorar y representar a la provincia en “la demanda contra la Anses, en el reclamo por la detracción de fondos coparticipables que pertenecen al Estado provincial (15 por ciento de la masa coparticipable prevista en el artículo 2º de la Ley Nº 23.548 y sus modificatorias vigentes); las acciones por la detracción de fondos provinciales (30 por ciento) del tributo a los débitos y créditos bancarios (impuesto al cheque Nº 25.413); y causas en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también en materia de coparticipación federal de impuestos”, indica la norma.

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