Recurso de amparo para conocer los decretos que firma el gobernador
Recurso de amparo para conocer los decretos que firma el gobernador

Recurso de amparo para conocer los decretos que firma el gobernador

El Dr. Marcos Barceló realizó la presentación en el Juzgado Civil de la 6ta. Nominación y fundamentó que es obligación la publicación de los decretos firmados por el Poder Ejecutivo y que a partir de esa “omisión” se impide el ejercicio de los respectivos controles de uno de los poderes del Estado.

El letrado cuestionó los últimos nombramientos de jueces comunales firmados por Reutemann -revelados por El Cronista Regional (ver notas relacionadas) y solicitó todos los ciudadanos tengan las mismas posibilidades de acceder a los cargos vacantes.

El juzgado ya analiza la presentación y el Poder Ejecutivo recibió una cédula en la que se le corría traslado para que se explicara si verdaderamente no se están publicando los actos de gobierno.

El texto de la presentación

Señor Juez:

Marcos Aníbal Barceló, abogado, inscripto en la matrícula respectiva, con fianza legal vigente para el ejercicio de la procuración, por mi propio derecho, constituyendo domicilio legal en calle Santiago del Estero nº 3.519 de la ciudad de Santa Fe, comparezco y respetuosamente manifiesto:

1.- Legitimación Activa. Amparo Colectivo. Representación de Intereses Colectivos:

El art. 43 de la Constitución Nacional permite que “Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo, y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización.-“

No queda mayor margen de dudas, de que nos encontramos ante la violación de derechos de eminente incidencia colectiva; es decir que afecta a todo el universo de ciudadanos de la Provincia de Santa Fe; nada más ni nada menos que la no publicación de los decretos que el Poder Ejecutivo dicta en el cumplimiento de sus específicas funciones; tanto en el Boletín Oficial, como en la página web oficial del gobierno, como también incumple el envío de los mismos a la Legislatura Provincial.-

La pregunta que nos hacemos, y que deviene como inevitable, es: ¿puede un ciudadano santafesino accionar a los efectos de que se restablezcan tales derechos que han sido violados sistemáticamente?.-

Creemos humildemente que sí, y lo fundamentamos en derecho:

El nuevo art. 43 de la C.N., habilita al afectado, al Defensor del Pueblo y a las asociaciones que propendan a esos fines, para accionar por cualquier tipo de violación de derechos de incidencia colectiva.-

Debemos descartar obligadamente a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, la que forma parte el Poder Ejecutivo Provincial y en consecuencia se encuentra virtualmente inhibida de representar intereses de particulares en contra de la Administración Pública.-

Tampoco existen asociaciones “que propendan a esos fines”, en la Provincia de Santa Fe.-

Por su parte, como bien expresa la nota del Diario El Litoral que se adjunta, la propia Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, ha hecho infructuosos esfuerzos a los efectos de que el Poder Ejecutivo Provincial le reenvíe los decretos que dicta; y el gobierno le contesta muy alegremente, que la cuestión es resorte de una dependencia de la Administración, como si las mismas fueran entelequias autónomas e independientes.-

Como vemos el control de los actos de gobierno, pilar fundamental de forma republicana de gobierno, no se puede ni se está llevando a cabo, merced a la orfandad de mecanismos de control a tales efectos.-

Es de público y notorio conocimiento, que el señor Gobernador de la Provincia de Santa Fe, ha nombrado en muchos de esos decretos que no se han publicado, a amigos y a amigos de amigos, en puestos administrativos tales como; jueces comunales, etc.- (por nombrar el caso más divulgado).-

¿En que me afecta esta situación en particular?

Me afecta (lo que me transforma en un afectado, art. 43 C.N.), en tanto y en cuanto no puedo controlar a mi gobierno provincial, ni a los actos administrativos que dicta en sus funciones.-

No puedo saber si los decretos que dicta, tienen contenido normativo y alcance general, o carecen de contenido normativo, y poseen alcance individual, por la sencilla razón de que no se publican en ningún lado, y por lo visto los resortes constitucionales y legales a mano, devienen inútiles (ver la publicación periodística en donde los esfuerzos del Diputado Favario lucen como fútiles).-

Me afecta también, en tanto y en cuanto, muchas personas allegadas a mi persona, amigos y parientes, se encuentran desocupadas, y quisiera que ellas tengan las mismas posibilidades que los amigos del Gobernador, a la hora de poder ocupar cargos públicos, o por lo menos la posibilidad de enterarse con antelación de la vacante de los mismos.-

Por último, porque no creo que haya un solo ciudadano en la Provincia de Santa Fe, que no desee que su gobierno le notifique los actos administrativos que dicta a través de la publicación de los mismos.-

Nos asiste el derecho constitucional de controlar los actos de gobierno; para eso los elegimos.-

“La sanción del nuevo texto constitucional ha variado este cuadro. El art. 43, segunda parte, al consagrar el amparo colectivo legitima para su promoción, entre otros, al afectado que, sin dudas, constituye un concepto vago.

Por cierto, será afectado quien de modo directo y personal es lesionado en el disfrute de sus derechos fundamentales, reconocidos por la propia Constitución Nacional. Los tratados y las leyes; quien sufre, de manos de la autoridad pública o de los particulares, en forma actual o inminente una lesión o menoscabo, manifiestamente ilegal o arbitrario. Pero también, y aquí reside el enunciado generoso de la reforma, lo será quien experimente tales lesiones de manera indirecta o refleja” (MORELLO, AUGUSTO, VALLEFIN CARLOS A., El Amparo Régimen Procesal, Cuarta Edición, Edit. Librería Editora Platense, pag. 286).-

2.- Objeto:

Que por intermedio de la presente vengo a interponer ACCION JURISDICCIONAL DE AMPARO, contra el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.-

Por intermedio de la presente se pretende que el Poder Ejecutivo Provincial cese en el acto lesivo omisivo, y: a) proceda a publicar los decretos que dicta (los que está obligado a publicar, es decir aquellos con contenido normativo y alcance general), en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe; b) proceda a publicarlos a todos sin excepción, en la página web que la Provincia de Santa Fe mantiene en la Red de Internet; y c) proceda a enviar en forma inmediata, a todos los decretos que dicta, a la Dirección de Compilación y Publicación de Leyes, Información e Investigación Legislativa de la Legislatura de la Provincia de Santa Fe.-

Se impongan las costas del presente, a la Provincia de Santa Fe, por haber dado lugar al dispendio jurisdiccional, con su inconstitucional e ilegal proceder.

3.- Los hechos:

Según nota publicada en el vespertino diario El Litoral de la ciudad de Santa Fe, de fecha 21 de octubre de 2.003, el Diputado Provincial Demoprogresista Carlos Favario, advirtió al Poder Ejecutivo Provincial, por la “injustificada mora” del mismo en el envío de los decretos que publica, a la legislatura provincial.-

Según dicha nota, en el año 2.003 el Poder Ejecutivo lleva dictados 3.250 decretos, y el último decreto enviado a la legislatura lleva el nº 1.524 de fecha 03 de junio de 2.003.-

En el sitio web de la Provincia de Santa Fe, se puede acceder a todas las leyes dictadas por el Poder Ejecutivo Provincial desde el año 2.000 en adelante (según reza la nota de marras), pero en ninguna parte de la misma se puede acceder a los decretos dictados.-

Tenemos que hacer una diferenciación sustancial en cuanto a las distintas hipótesis que se presentan:

Por un lado tenemos los Decretos dictados por el Poder Ejecutivo Provincial, de los cuales (según la normativa vigente), el PEP solo se encuentra obligado a la publicación en el Boletín Oficial, a aquellos que tengan contenido normativo y alcance general (esto es lo estipulado por el Decreto nº 3.321/1.993).-

Este podría ser el caso del precedente Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe -03/12/1997- Meiners, Federico Ltda. S. A. c. Provincia de Santa Fe (El Litoral 1998-2) “Es inadmisible la solicitud de nulidad del acto de la Dirección de Obras Sanitarias de la Provincia de Santa Fe que impuso al actor una multa fundada en la resolución 98/88 creadora del régimen sancionatorio complementario del reglamento para el control de vertimiento de líquidos residuales (resolución 1089/92), si la impugnación se basa en la falta de publicidad de aquella normativa. Ello en tanto en atención a la particular naturaleza de las disposiciones destinadas a regir determinados tipos de actividades -inmuebles cuyos líquidos residuales requieran un tratamiento previo para alcanzar las condiciones de vuelco aceptables para su descarga a los cuerpos receptores- y por lo tanto comprendiendo sólo un limitado número de sujetos eventualmente responsables, la recurrente debía fundamentar que para que fuera posible su conocimiento efectivo debían preverse mayores exigencias que las constancias de las actuaciones administrativas en las cuales intervino, las cuales sin duda le posibilitaron obtener un cabal conocimiento del régimen en cuestión.”

Por otro lado encontramos la obligatoriedad por parte del Poder Ejecutivo Provincial, en publicar en la página web oficial del gobierno (www.santafe.gov.ar) , los decretos antes mencionados; como es fácil observar en dicha página (se acompaña copia de las páginas pertinentes), solo se publican leyes pero no decretos, con lo cual el incumplimiento es taxativo.-

Y como tercer elemento de análisis, encontramos la obligatoriedad del Poder Ejecutivo Provincial en enviar en forma “inmediata” a la Legislatura de la Provincia, de todos los Decretos que dicta.-

4.- La Cuestión Constitucional:

Nuestra Carta Magna Federal, establece en su art. 1º: “La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según la establece la presente Constitución”.-

La publicidad de los actos de gobierno, entre los que se incluye la publicación en el Boletín Oficial de los decretos que dicta el mismo, como el sistema de división y control entre los poderes del estado, son rasgos fundamentales que hacen a la forma republicana de gobierno, adoptada por el gobierno argentino.-

“La República clásica se define como un sistema político de división y control del poder. Las otras notas que la caracterizan son la publicidad de los actos de gobierno, la responsabilidad de los funcionarios, la periodicidad de los cargos electivos y la igualdad de todos ante la ley… Estas separaciones del poder, en realidad entre órganos, implican atribuciones propias y cooperación compartida entre todos ellos. La finalidad perseguida no es otra que evitar el desborde del poder y el peligro para las libertades personales que suscitaría al centralización en la toma de decisiones públicas… Después de aquellas prácticas, los Constituyentes del 53 tomaron sus recaudos y todo el sistema institucional se anudó en torno a atribuciones limitadas y a relaciones de poder que generarían controles recíprocos…” (MARIA ANGELICA GELLI, “Constitución de la Nación Argentina, Comentada y Concordada”, Segunda Edición Ampliada y Actualizada, La Ley, pág. 15).-

Por extensión analógica, se violenta el art. 42 de la C. N., en cuanto protege el derecho a la información de los ciudadanos en su relación de consumo. Máxime teniendo en cuenta que es el propio Estado el que tiene que garantizar y proveer a la protección de esos derechos.-

La constitución de la Provincia de Santa Fe establece en su art. 60: “Las leyes son obligatorias luego de su publicación.

El Poder Ejecutivo debe publicarlos dentro de los ocho días de promulgadas y, en su defecto, dispone la publicación el presidente de la Cámara que hubiere prestado la sanción definitiva.

Las leyes entran en vigor el noveno día siguiente al de su publicación, salvo que las mismas leyes establezcan otras fechas al efecto”.-

5.- La Cuestión Legal:

El Código Civil de la República Argentina por su parte, en su art. 2º establece: “Las leyes no son obligatorias sino después de su publicación, y desde el día que determinen. Si no designan tiempo, serán obligatorias después de los ocho días siguientes al de su publicación oficial.”

Por otra parte la no publicación de las leyes y decretos, en debida forma, impide la efectivización de la presunción legal contenida en el art. 20 del Código Civil: “La ignorancia de las leyes no sirve de excusa, si la excepción no está expresamente autorizada por la ley”.-

El decreto provincial nº 3.675/50 (que se acompaña), establece la facultad del Presidente del Honorable Senado para disponer la impresión de la Compilación de leyes y decretos de la provincia, realizada por la Oficina de Compilación y Publicación de leyes y de Información e Investigación Legislativa.-

Por su parte la ley provincial nº 10.401/90, establece en el art 1º, que: “el Poder Ejecutivo enviará a la dirección de Compilación y publicación de Leyes, Información e Investigación legislativa de la Legislatura de la provincia, copia de todos y cada uno de los decretos que emanen de dicho poder en virtud de las atribuciones que le son inherentes por la Constitución.-“

El art. Nº 2 establece que :”…el envío de los decretos se hará inmediatamente después de haber sido dictados”.-

El Decreto Provincial nº 3321/93, por su parte, establece:

Art. 1º: Dispónese la publicación obligatoria en el Boletín Oficial de los Actos Administrativos de alcance General con contenido Normativo, aún cuando los mismos alcancen exclusivamente con sus disposiciones a la propia Administración Pública Provincial, o refieren al desenvolvimiento interno de sus reparticiones o dependencias, o a sus relaciones con sus funcionarios y agentes.-

Art. 2ª: A los fines previstos en el art. Precedente, se considerarán actos administrativos de alcance general y contenido normativo, los que contengan, modifiquen, sustituyan, suspendan, o abroguen normas jurídicas generales, objetivas, que se incorporarán al ordenamiento jurídico vigente, y cuyos destinatarios sean una pluralidad indeterminada de personas físicas o jurídicas.-

Art. 9º: Los organismos responsables de efectuar las publicaciones mencionados en el art. 5º del presente decreto proveerán, en caso de duda respecto de la obligatoriedad de publicación de algún acto en particular o de la formulación del decisorio conforme lo previsto por el art. 6to., las consultas del caso por ante los servicios permanentes de asesoramiento jurídico de la jurisdicción a que pertenezcan, y en caso de carecer de los mismos, ante la fiscalía de estado.-

La ley provincial nº 12.063/02, establece por su parte, que : “…dispónese que el Poder Ejecutivo provincial, dentro de los plazos que establece el art. 60 de la Constitución, deberá publicar en el sitio web de la provincia, el texto íntegro de las leyes promulgadas, incluidos sus anexos cuando los hubiere. Asimismo, deberá publicar todos los decretos que dicta en ejercicio de sus facultades constitucionales que conforme las normas vigentes deban publicarse en el Boletín Oficial”.-

En el artículo 2º se establece un plazo de 30 días para la promulgación.-

6.- Precedentes Jurisprudenciales:

La C.S.J.N. ha establecido en “Longo” (Fallos 293:157), que la publicación oficial exigida no importa que se efectúa necesariamente en el órgano oficial. Cuando la publicación se hace en otros órganos se requiere que presente tal naturaleza y características que brinden no solo una satisfactoria divulgación, sino también certeza sobre la autenticidad del texto legal, máxime cuando la norma puede ser fuente de penas. (BUERES-HIGHTON, Código Civil y Normas Complementarias, Análisis Doctrinario y Jurisprudencial, Edit. Hammurabi, pag. 6).-

“Superada pues la cuestión vinculada con el origen de la norma que estableció el estado de sitio, pasaremos a examinar su vigencia en relación a su publicidad y tiempo de aplicación.

“Según surge del cap. quinto de la segunda parte de la Constitución, una ley existe como tal desde su sanción y promulgación, acto éste que completa las etapas de aquélla.”

“La publicación previa, establecida por el art. 2º del Cód. Civil como requisito para que las leyes entren en vigor es en realidad un acto de difusión cuya finalidad consiste en hacer posible que la ley sea conocida por todos antes que sea obligatoria. La publicación no produce el conocimiento efectivo de la ley por quienes deben cumplirla y por ello se la considera acto de difusión y no acto de conocimiento. El sistema se basa en una presunción: producida la publicación (medio) se tiene como logrado el conocimiento (fin) (conf. “Código Civil”, Belluscio, Zannoni, t. 1, p. 11 y sus citas, Buenos Aires, 1978). Comprendido así el fin de la publicidad corresponde destacar que en el caso que nos ocupa se ha visto eficientemente cumplida, dado la violencia de su amplia divulgación por la prensa.

En sentido corroborante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos: t. 293, p. 157 ha sostenido que la ley 16.504 al modificar el art. 2º del Cód. Civil si bien estableció concretamente que la publicación de las leyes debía ser oficial, ello no importaba que se efectuaba necesariamente por el órgano oficial, requiriendo que cuando se haga a través de órganos periodísticos privados, presente tal naturaleza y características que brinden no sólo una satisfactoria divulgación sino también certeza sobre la autenticidad del texto legal; lo que por cierto ha ocurrido en este caso, con lo cual el requisito de publicidad se da por cumplido.

En torno a la publicidad del dec. 714/89 tomado como reglamento de necesidad y urgencia resultan ilustrativas las palabras de Marienhoff en el “Tratado” cit., t. 1, p. 267, donde destacó que dada su especialísima razón de ser y fundamento, su eficacia y obligatoriedad no debe supeditarse a su previa publicación, resultando suficiente que haya sido divulgada por radiodifusión a través de la estación y de las emisoras que gocen de mayor preferencia en el público.” “Barrionuevo Cesar y/o Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal Correccional, Sala V, 04/06/1.989”.-

“Tal como señala el recurrente, el dec. 1897/85 no fue publicado en el B.O. pero sería sin duda censurable que el poder administrador alegara –lo que no ha hecho– que no se encuentra vigente, dada su falta de publicación, cuando incluso lo reglamentó (res. 500/85 del Ministerio de Defensa). Pero tal circunstancia sí impide imputar al actor inactividad en el ejercicio de un derecho que desconocía tener. El órgano productor del derecho no puede ser amparado por la falta de publicidad de la ley, para desconocer su existencia anterior y eximirlo de las consecuencias que de ella se derivan, pero es justo y razonable que no se pueda imputar el incumplimiento de deberes legales a quienes ignoran la existencia de las normas, las que sólo se reputan conocidas cuando se las hace públicas oficialmente (doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos: 285:223; 308:1861 –La Ley, 151, 511; 1986-E, 199–, consid. 3°)”. (Bellomo, Víctor R. c. Estado nacional -Ministerio de Defensa; Camara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II, 04/06/1.992).-

“Contraría la lógica, el sentido común y el sistema republicano de gobierno la idea de que quien circule por rutas nacionales o interprovinciales deba conocer y cumplir reglamentos y procedimientos de varios de municipios, siendo -como en el caso- pasible de sanción por parte de un municipio por exceso de velocidad, máxime si el fundamento de la misma es una ordenanza de cuya publicidad oficial no se tiene referencia, pues ello la torna inaplicable aún dentro del ejido municipal”.

“El artículo 2° del Código Civil en cuanto establece que las leyes no son obligatorias sino después de su publicación, resulta de aplicación también a las ordenanzas municipales -en el caso, se impuso una infracción de tránsito originada en una ordenanza sin mencionar donde y cuando se público y sin acompañar copia-, puesto que de lo contrario las personas y sus bienes estarían protegidas frente a un eventual abuso y arbitrariedad en el orden nacional y/o provincial pero no respecto a la autoridad municipal” (Municipalidad de Monte Leña c. Estrada de Senestrari Norma y/o, Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación y de Familia de la 1ª Nominación de Bell Ville, 19/02/2.002).-

7.- Doctrina Aplicable al Caso:

“Otros ordenamientos como el Español exigen la publicación completa. Esa es, en realidad, la solución correcta y la que está más en consonancia con el principio establecido en el artículo que comentamos. La seguridad jurídica exige que las normas se publiquen en su integridad. Si el supuesto de hecho contemplado por la norma se completa en su sentido por lo dispuesto en su anexo, no publicar el anexo implica publicar parcialmente la norma. Admitir lo contrario en el caso de los anexos llevaría a justificar el absurdo de que se publicaran parcialmente las leyes, omitiendo partes del texto de los arts. o incluyendo solo alguno de ellos.-

Por otra parte, la publicación cumple una función de autenticidad del texto de la norma, la cual no queda garantida con la sola existencia del texto en una oficina pública”.- (BUERES Y HIGHTON, Código Civil y Normas Complementarias, Análisis Doctrinario y Jurisprudencial; Edit. Hammrabi, pag. 6).-

8.- Prueba:

8.a. Documental:

8.a.1. Nota publicada en el vespertino, Diario El Litoral de Santa Fe, de fecha 21 de octubre de 2.003, titulada LOS DECRETOS DE REUTEMANN PARECEN SECRETO DE ESTADO.-

8.a.2. Página 1, de la página web oficial del gobierno de Santa Fe, www.santafe.gov.ar, en cuyo índice temático figura la publicación de leyes pero no de los decretos que se dictan.-

8.a.3. Ley nº 3675 de fecha 04 de julio de 1.950, Compilación de Leyes y Decretos de la Provincia.

8.a.4. Ley nº 10.401/1.989.

8.a.5. Decreto nº 3321/93.

8.a.6. Ley n1º 12.063.

8.b. Informativa:

8.b.1. A la Secretaría de Estado General y Técnica de la Gobernación de Santa Fe, a los efectos de que remita a este Juzgado en forma urgente, nómina de todos los decretos dictados en el año 2.003; nómina de los que se han publicado en el Boletín Oficial; nómina de los que se han publicado en la página web oficial del gobierno; nómina de los decretos que se han enviado a la Dirección de Compilación y Publicación de Leyes, Información e Investigación Legislativa de la Legislatura de la Provincia de Santa Fe, durante el año 2.003.- Para que informe también a este juzgado, cual es el criterio utilizado para los tres mecanismos recién expresados.- Téngase presente, ofíciese a sus efectos.-

8.b.2. A la Dirección de Compilación y Publicación de Leyes, Información e Investigación Legislativa de la Legislatura de la Provincia de Santa Fe, para que informe a este juzgado, nómina de los decretos dictados en el año 2.003 por el Poder Ejecutivo, y que han sido enviados a dicha Dirección.-

8.b.3. Al Diario El Litoral de Santa Fe, a los efectos de que envíe a este juzgado copia certificada de la página nº 6 de la primera sección, de su diario, del día 21 de octubre de 2.003.- Ofíciese.-

8.b.4. A la Secretaría de Informática de los Tribunales de la ciudad de Santa Fe, a los efectos de que informe a este juzgado, si en la página web www.santafe.gov.ar, se publican los decretos que el Poder Ejecutivo Dicta, en su caso cuales de los dictados en el año 2.003 se han dictado, y a qué fecha corresponden cada uno de ellos. Se oficiará.-

8.c. Testimonial:

Del Diputado Provincial Carlos Favario, con Dirección laboral en la Legislatura de la Provincia de Santa Fe, a los efectos de deponga a tenor del siguiente pliego testimonial: 1.- Por las generales de la ley.- 2.- Para que informe al juzgado hechos mencionados y relacionados con el presente amparo colectivo; para el caso de que no los tenga presentes se le leerá copia de la nota periodística y de los hechos de la demanda; 3.- Se hacen reservas de ampliar el presente pliego.-

9.- Cuestión Constitucional. Reservas del Caso Federal.-

Una resolución adversa a lo peticionado sería violatorio del principio de La publicidad de los actos de gobierno, entre los que se incluye la publicación en el Boletín Oficial de los decretos que dicta el mismo, como también del sistema de división y control entre los poderes del estado, todos rasgos fundamentales que hacen a la forma republicana de gobierno, adoptada por el gobierno argentino.-

Sería violatorio del art. 1º y 42 de la Constitución Nacional y del art. 60 de la Constitución Provincial.-

Sería violatorio del Principio de Legalidad, inserto en el art. 19 de la Constitución Nacional, en tanto y en cuanto, los habitantes de la Provincia de Santa Fe, nunca sabrán a ciencia cierta a qué atenerse en virtud de decretos que dicta el Poder Ejecutivo, y que no son publicados, y como tal no son conocidos por la comunidad.-

Ello nos habilitaría para recurrir por ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe vía Recurso de Inconstitucionalidad, y por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vía Recurso Extraordinario Federal.-

10.- Petitorio:

10.a. Me tenga por presentado, domiciliado, en el carácter invocado, otorgándoseme participación de ley.-

10.b. Por interpuesta Acción Jurisdiccional de Amparo, contra la Provincia de Santa Fe, con las modalidades insertas en el punto II de este escrito, al cual me remito, y doy aquí por reproducido.-

10.c. Se admita la prueba ofrecida, y se provea lo conducente para su producción.-

10.d. Oportunamente se acoja la presente demanda, con costas a la provincia de Santa Fe.-

10.e. Presentes las reservas formuladas en el punto 9 del presente escrito, al cual me remito y doy aquí por reproducido.-

Proveer de Conformidad.-

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *