Respaldo legal para la asistencia a los afectados por las inundaciones

En la última semana se promulgó una ley que faculta al Ejecutivo Nacional a desembolsar partidas especiales para inundados en Santa Fe.

Además de resarcir a los afectados por la emergencia hídrica, la ley también establece un acuerdo con el Ejecutivo Provincial que deberá cuantificar los montos previstos para compensar daños, subsidiar y o brindar mecanismos de asistencia crediticia para los damnificados que residan en las zonas de desastre, a efectos de resolver la ampliación del fondo creado por la Ley Nº 25.735.

También se otorgan beneficios impositivos para la compra de maquinaria y equipos, las obras de recuperación de suelos y desalinización y la compensación por daños.

La ley -impulsada por la diputada Lilia Puig de Stubrin- establece en el artículo 1º facultad al Poder Ejecutivo nacional, “para acordar con el Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe en un plazo de treinta (30) días, la cuantificación de los montos previstos para compensar daños, subsidiar y/o brindar mecanismos de asistencia crediticia para los damnificados que residan en las zonas de desastre a efectos de resolver la ampliación del fondo creado por ley 25.735, y prevista en el segundo párrafo del artículo 3º de la misma”.

En su artículo segundo, señala que “por las vías que correspondan según lo establezca la reglamentación y el acuerdo previsto en el artículo 1º se deberán contemplar beneficios directos para las siguientes situaciones:

*Familias afectadas cuya vivienda haya sido destruida, deteriorada o deban reubicarse en una nueva unidad habitacional;

*Familias afectadas por la destrucción total de bienes muebles básicos que permiten la habitabilidad del inmueble;

*Actividades industriales, comerciales, agropecuarias y de servicio afectadas de manera total o parcial;

*Otros sectores o actividades no económicas que hubieren sido afectados de manera total o parcial.

Esta norma está en línea con los reclamos del sector empresario, uno de los más golpeados por la inundación en Santa Fe, que se agrupó en el movimiento denominado empresas afectadas.

Varios de sus representantes se reunieron recientemente con funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación, encuentro del que participó el Director Nacional de Industria, Lic. Alberto José Valle, y asesores de la Subsecretaría de Industria de la Nación.

En la oportunidad, se abordó la problemática de las empresas inundadas, la situación actual, y los reclamos sostenidos, entre otros temas. Los funcionarios se mostraron interesados en la problemática del sector afectado, y se comprometieron a elevarla al Ministro de Economía de la Nación.

Además, se acordó en reconsiderar las actuaciones provinciales y nacionales en el caso y diligenciar los relevamientos de daños y necesidades de reparación a fin de permitir la asistencia con mas fondos que permitan cubrir los mismos.

Para los representantes de empresas afectadas los funcionarios del gobierno provincial no percibieron a siete meses de las inundaciones, la dimensión del problema que se sintetiza en este panorama alarmante:

-Los efectos del desborde del río Salado sobre la ciudad de Santa Fe provocaron la pérdida de más de 5.000 puestos de trabajo, muchos emprendimientos no han podido abrir sus puertas y otros lo hacen en muy precarias condiciones, con una probabilidad cierta de que aumenten las fuentes de trabajo cerradas.

-Sólo se recibió un adelanto de $2.500 y en pocos casos un segundo adelanto que tiene un tope máximo de $5.000. Según este sector, el Gobierno dispone del dinero para los adelantos por lo menos desde julio.

-Aún cuando al día de hoy se liquidara la totalidad de los subsidios a otorgar, éste cubriría sólo un 15% de las pérdidas reclamadas aproximadamente.

-En diciembre vencen las excepciones a impuestos de las empresas afectadas y los beneficios salariales otorgados por el MTSS.

En el marco de la relativa trascendencia que tiene el problema de las empresas santafesinas en los medios periodísticos locales, los representantes de las mismas advirtieron la última semana la gravedad de la situación.

Sin embargo, la transición política que atraviesa el gobierno provincial por estos días, extiende aún más la incertidumbre sobre un tema que debería ser urgente prioridad de las autoridades.