Se suman presentaciones judiciales
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Se suman presentaciones judiciales

La catástrofe que sacude a Santa Fe ya repercute en la Justicia, tanto a nivel provincial como federal.

Los fiscales federales Luis Comparatore y Patricio Evers iniciaron desde Buenos Aires una «investigación preliminar» para determinar si incurrieron en violación de sus deberes los funcionarios que «no adoptaron en tiempo y forma las medidas conducentes para preservar a la población de la crecida del río Salado».

Afirmaron en un escrito de una carilla que «en los distintos medios» se sostuvo que los daños «pudieron haberse evitado o al menos aminorado si se hubiese prestado atención a los informes de los técnicos hídricos».

Los representantes del ministerio público pusieron al procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, y al fiscal santafesino en conocimiento de sus actuaciones, en las que -de resultar la posible comisión de algún delito- darán intervención a un juzgado federal.

«En los distintos medios se ha puesto de manifiesto que los nocivos daños producidos a la vida y salud de las personas, como así también a sus bienes, pudieron haberse evitado o al menos aminorado si se hubiese prestado atención a los informes de los técnicos hídricos», dijeron los fiscales.

Agregaron que «tales circunstancias ameritan efectuar una investigación tendiente a determinar la responsabilidad de los funcionarios públicos que, advertidos por los técnicos, no adoptaron en tiempo y forma las medidas conducentes para preservar a la población».

En su presentación los fiscales dispusieron requerir a diversos medios de comunicación copias de los videos en los que se reprodujeron declaraciones de técnicos que señalaban que, tiempo atrás, habían advertido del peligro.

Supuestas amenazas

Paralelamente, en Santa Fe, el abogado Domingo Rondina pidió, mediante una presentación judicial, que el gobernador Carlos Reutemann aclare quién lo amenazó para no romper la avenida Mar Argentino. Si lo amenazaron, el primer mandatario «está obligado a denunciar a quienes lo hicieron», sostuvo el abogado al realizar su presentación ante el fiscal Norberto Favaretto.

Rondina plantea la denuncia por el supuesto «atentado contra la autoridad». En el escrito plantea: «Vengo por el presente a denunciar la posible comisión de un ilícito penal perseguible de oficio, del cual habría sido víctima el gobernador Carlos Reutemann por parte de personas de su conocimiento».

«Se trata de un delito de acción pública, y por lo tanto suponemos que el magistrado de turno estará actuando ya de oficio puesto que el caso es de público y notorio», remarcó el abogado.

El sábado pasado, al ser consultado sobre la emergencia, Reutemann dijo a medios de prensa: «La magnitud del problema es de una gran dimensión. Cuando tuve que tomar la decisión de romper la avenida Mar Argentino todos tuvieron la opinión contraria. He sido amenazado por querer romperla». Pero cuando se le preguntó quiénes lo habían amenazado, respondió: «Eso no lo voy a decir nunca. Es un problema mío. Es de un cara a cara».

Rondina pidió que se llamé a declarar al gobernador o se le pida por escrito que aclare quiénes y por qué lo amenazaron, para «sancionar duramente a aquellos que operan contra el interés de la ciudadanía en horas de catástrofe».

Otra denuncia

Estas presentaciones se suman a la denuncia realizada por Ana Isabel Zanutigh, María Cristina Temporetti Sosa y Emiliano José de Olazábal, por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de personas. Dicha denuncia ya fue elevada al juzgado de Instrucción de Séptima Nominación, a cargo del juez Diego De la Torre.

Según Temporetti Sosa, «el Poder Ejecutivo provincial y el municipio tenían informes técnicos en donde se advertía que una inundación como ésta era posible. No dieron el alerta para que la gente de los barrios afectados pudiera evacuarse a tiempo. Esto seguramente hubiera evitado muchas pérdidas de vidas humanas».

En la denuncia se menciona al gobernador Carlos Reutemann; al ministro de Obras Públicas, Edgardo Berli; al intendente Marcelo Alvarez, al secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad «y a quienes resulten jurídicamente responsables de los ilícitos» planteados.

Fuente: ellitoral.com.ar

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