Solicitan una reconstrucción hídrico-vial al gobierno de la provincia

La tan esperada reunión de las comisiones de emergencia que se llevara a cabo semanas atrás, y en la que se presentaran el vicegobernador de Santa Fe, Marcelo Muniagurria, directivos de la Dirección de Vialidad Provincial, de Hidráulica, del Magic y de la Subsecretaría de Municipios y Comunas, dejó tras su paso más decepciones que las expectativas que había generado. En la oportunidad, el senador por nuestro departamento junto con sus pares de San Justo y San Javier y el presidente de la Sociedad Rural local, hicieron entrega a los mencionados representantes provinciales de un informe por escrito que resume y refleja las reales demandas de obras hídrico-viales propias de los distritos del departamento afectados.

“El departamento San Cristóbal, con 14 mil metros cuadrados de superficie, tercero en extensión y primero en stock ganadero de la provincia de Santa Fe, fue en el que mayor impacto negativo asestó la inundación desde noviembre de 2002. A partir de esta dramática realidad, decidimos reunir el apoyo de las fuerzas vivas tratando de trabajar sobre el problema. Presentamos un proyecto en el que se solicitó que se respeten los estudios integrales en la cuenca del departamento. A partir de todas las reuniones mantenidas en Ceres, San Cristóbal y San Guillermo, se fueron despejando conflictos y aunando esfuerzos”, dijo en su introducción el senador por San Cristóbal, Felipe Michlig.

Los reclamos

Casi todos los distritos (dos municipios y 25 comunas) caídos en desgracia por el desastre hídrico, presentaron sus respectivas carpetas en las que expusieron, de manera pormenorizada, los registros de pérdidas y las ayudas económicas necesarias para la recuperación. Los montos arrojados arribaron, para la zona oeste, a los 11.362.119 pesos, y para el área este a 10.222.288 pesos, lo que acercó un total de 21.584.407 pesos. Esta inversión incluiría obras de reconstrucción de ripios, alteo de terraplenes, acondicionamiento de puentes dañados, colocación de alcantarillas, más otras labores de mantenimiento.

Todas las voces coincidieron en afirmar que las obras deben ejecutarse de inmediato y en forma integral sobre la base de estudios serios, a fin de evitar conflictos relacionados con el mal manejo de los cursos hídricos (aguas arriba, aguas abajo).

Los reclamos más salientes del informe presentado fueron: que se establezca una clara política de Estado tendiente a solucionar la problemática que genera los excesos hídricos; que dicha política sea fundamentada en estudios integrales; Consideramos que la concreción de las obras solicitadas se encuentran dentro de un marco de justificación económica, en estimaciones realizadas por las agencias del Inta de Ceres y San Cristóbal, las pérdidas económicas en el departamento superan los 350 millones de pesos, lo cual ocasiona una merma en el ingreso a las arcas de los municipios, la provincia, como así también de la Nación, por cuanto debemos conceptuar estos costos para la realización de las obras como una inversión y no como gastos; se considere urgente la ejecución de dichas obras, resaltando la importancia en el tratamiento de los sistemas de desagües de los arroyos San Antonio, Las Conchas y Saladillo; se justifique la existencia y continuidad de los comités de cuenca y se considere la posibilidad de que Hidráulica sea una entidad descentralizada, autárquica y que se la dote de un presupuesto acorde a las actuales circunstancias, entre otros incisos.

Víctor Airaldo, de Federación Agraria, sostuvo que “no deben desatenderse las realidades socioeconómicas de los pequeños productores, poniendo especial interés en la crisis del sector lechero de los departamentos San Cristóbal y Castellanos. En el tema hídrico, ponemos como una de las prioridades a la parte sur de la ruta Nº 2 (San Cristóbal-San Justo), donde confluyen varios canales y derivan en el Arroyo San Antonio. Lo mismo ocurre en Portugalete, donde son receptores de agua y que nunca tuvieron salida. Hablamos de entre 20 y 25 mil hectáreas de tierras bajo agua que son sumamente productivas. Si vamos a seguir demorando las obras con estudios que se repiten, estaremos perdiendo el tiempo. No podemos permitir que a corto plazo tengamos que los mismos problemas, y que ante la menor lluvia retorne el estado crítico. El agua va hacia las subpendientes naturales. Tenemos obras hechas en la parte oeste donde hay 94 metros sobre el nivel del mar, mientras que el Salado está a 54 metros y las rutas 2 y 4 están a 74 metros. Las obras se hicieron arriba y hay que continuarlas aguas abajo. Nosotros no podemos ser el freno del paso del agua perjudicando nuestros campos que pueden ser mucho más productivos de lo que son”, enfatizó.

Airaldo expresó con dos casos ejemplares la dramática realidad que genera en la zona la ausencia de obras que, dicho sea de paso, data de más de treinta años: “Hace 40 años el distrito Portugalete producía 40 mil litros de leche diarios. Las dos plantas que trabajaban no daban a vasto. Hoy no se produce más leche por falta de obras. En el tramo San Cristóbal-San Justo de la ruta Nº 2 hay 6 pueblos, 7 escuelas, 2 centros de salud y 2.000 habitantes. Hay una mini-cuenca lechera entre Ñanducita y Lucila con dos usinas lácteas que trabajan muy bien. Cada vez que cae una pequeña lluvia toda la zona queda aislada, sin posibilidad de poder sacar la producción”.

Las respuestas

El interventor de Hidráulica, Roberto Gioria, aseguró que “se tiene a disposición dinero del Fondo Hídrico para obras hídricas. En 15 días se llamará a la primera licitación que comprenderá obras por 5 millones de pesos para movimiento de suelos y limpieza de canales. Otra licitación por el mismo monto será destinada para alcantarilleo, puentes y obras de arte en general. El mes próximo haremos otra vez dos licitaciones por las mismas sumas”, aseguró. “Las obras más importantes son San Antonio, Saladillo y Las Conchas, pero atendiendo a las prioridades expresadas en las carpetas, haremos en conjunto con todas las partes involucradas una jerarquización de las obras a realizar. Queremos planificar obras por cuencas enteras; esa gestión sería fundamental para evitar los conflictos aguas arriba / aguas abajo, teniendo en cuenta a todos los actores en el control y las gestiones”, dijo el interventor.

El administrador de Vialidad, José D’Ambrossio, reconoció: “Tenemos que trabajar con una gran escasez de fondos viales. Contamos con los 50 millones del BID, lo que queda del PSP (un crédito conformado por un 75% del BID y 25% de la provincia), y el Fondo Hídrico con la tasa del gasoil. Naturalmente, con esto no alcanza. Vialidad maneja una planificación en la que contempla especialmente el 90% del interior provincial, sobre todo el centro-norte. Tenemos como prioridad la ruta Nº 2 entre San Cristóbal y San Justo, pero no contamos actualmente con una capacidad operativa-económica para hacer las obras que se requieren”. Y aclaró: “Aún no pudimos trabajar en las rutas por la altura de las napas. Hay tramos en que los baches y roturas son muy importantes. Todas las fuerzas deben sumarse a esta lucha para la recuperación de los fondos viales que ya está en la legislatura, porque de lo contrario no tendremos fondos para trabajar”, expresó D’Ambrossio.

El subsecretario de Municipios y Comunas de la Provincia, Claudio Tibaldo, afirmó que “desde nuestra dependencia entre mayo y junio se repartieron en este departamento 850 mil pesos de ayuda financiera. Se llamó a licitación para una compra importante de combustible, con el cual se va a proveer a cada comuna. Además, otorgamos el equivalente a 60 tubos de alcantarilla en un monto de 8.400 pesos para compra de materiales e insumos”. Al respecto, el intendente de la ciudad de San Cristóbal, Edgardo Martino, planteó el problema de la incapacidad de almacenar tamaña cantidad de combustible, puesto que el municipio no cuenta con una infraestructura edilicia adecuada.

Por su parte y en el cierre del encuentro, Muniagurria manifestó que “se deberá hacer hincapié en el carácter integral de los estudios evitando esto de tirarle el agua y la sequía al otro. Tenemos el compromiso de poner la obra pública en marcha lo más rápido posible”.

Sin escatimar esfuerzos ni priorizando agendas preelectorales, el gobierno provincial tiene, casi sobre el ocaso de su gestión, el deber de responder eficazmente a las urgentes demandas de los sectores afectados, y de elaborar el terreno para que la obra pública pueda ser asumida por las futuras administraciones como una cuestión de Estado determinante para el desarrollo regional.