Un escándalo judicial con inquietantes derivaciones en el tablero político santafesino
Traferri y Ponce Asahad, protagonistas de un escándalo institucional. Crédito: Archivo

Un escándalo judicial con inquietantes derivaciones en el tablero político santafesino

El ex fiscal Gustavo Ponce Asahad vinculó a un senador provincial con una red de juego clandestino. Se trata de Armando Traferri, representante del Departamento San Lorenzo, quien fue citado a declarar el próximo viernes.

El ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, detenido por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y transmisión de datos reservados en una causa que investiga una red de juego clandestino en Rosario, declaró ante la Justicia e involucró a un senador de la provincia de Santa Fe en la red de protección de las apuestas ilegales.

Ponce Asahad implicó al representante del departamento San Lorenzo en el Senado santafesino, Armando Traferri, en la red de juego electrónico, donde también están implicados el empresario Leonardo Peiti y el ex fiscal regional Patricio Serjal, ambos detenidos.

En la audiencia imputativa, el ex fiscal advirtió que “hay una pata política fortísima en esta investigación. Y no viene de ahora”. En su declaración, describió con nombres y apellidos la presunta operatoria: “La vinculación de Peiti con el Ministerio Público (Fiscalías) se produce a través del senador Traferri con el doctor Serjal en una reunión que mantuvieron en los altos del Palacio Viejo, en calle Montevideo 1968, en la sede de la Regional. Estaba el senador en reunión con Serjal. Me entero porque entré a la planta baja y descendió el senador Traferri. Me dijo ¡¿Vos sos Ponce Asahad? Pasame tu número que estoy en una reunión con Serjal’. Le di mi teléfono. Me dice te hago una llamada perdida y agendame. El senador hace la llamada a mi teléfono. Las antenas deberían darnos en el mismo lugar”, continuó en su declaración.

La causa, en donde Ponce Asahad fue acusado de cobrar sumas en dólares para proteger el negocio de una de las bandas criminales más famosas de la Argentina, tiene origen en el desprendimiento de la investigación contra Los Monos por juego clandestino y extorsiones. Eso destapó la protección que gozaba la organización por parte del fiscal, un empleado judicial y el jefe de fiscales de Rosario.

La causa ya había revelado protección policial y judicial y la declaración de Ponce Asahad revelaría, también, la cobertura política de la asociación ilícita. La caída del ex fiscal decapitó el Ministerio Público de la Acusación en Rosario y provocó una tormenta que repercutió en diversos niveles del sistema penal de Santa Fe.

Protección judicial y policial

La investigación contra la banda se inició en agosto pasado. Los fiscales Matías Edery, Luis Schiappa Pietra, Gisela Paolicelli y María Eugenia Iribarren descubrieron que Los Monos tenían una parte de su organización dedicada a regentear casinos clandestinos y a extorsionar a comerciantes para obtener una suma fija mensual a cambio de no matarlos o atacar a sus familiares, de quienes generalmente tenían datos.

Esa parte de la organización contaba con protección judicial y policial. De la parte policial, por el momento, está imputado y preso Alejandro “Pipi” Torrisi, un jefe retirado de la fuerza que se encargaba de la habilitación de los casinos clandestinos de Los Monos y de la recaudación. De hecho, cuando fue arrestado en la vía pública en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, llevaba unos 150 mil pesos que se presume que provenían del juego ilegal.

La otra parte de la protección de la banda, supuestamente, se la habrían brindado el fiscal Gustavo Ponce Asahad, su colaborador Nelson Ugolini y el jefe de fiscales de Rosario, Patricio Serjal Benincasa. La investigación señala que estos le daban información confidencial a un integrante de la organización, Leonardo Andrés Peiti, a cambio de una suma de USD 4.000 por mes. El dinero producto del “pacto” comenzó a ser abonado por Peiti desde diciembre de 2018 hasta al menos julio pasado, según la imputación en su contra.

El pago de las coimas

Se estima que durante 20 meses Peiti pagó 80 mil dólares en coimas. Habrían sido entregadas en efectivo, generalmente en mano a Ponce Asahad, según fuentes de la causa. Estas entregas a veces se hacían en boulevard Oroño y Mendoza –una de las zonas más transitadas de Rosario–, frente al domicilio del fiscal; otras en la Asociación Argentina Árabe de Profesionales, un lugar al que Ponce Asahad accedía por tener llave, según afirmó Peiti. Otras veces, según el empresario imputado y “arrepentido”, un reconocido abogado hacía de “pasamano” del dinero.

Las coimas mensuales en dólares se abonaban una vez al mes o fraccionadas en dos veces. A los 80 mil dólares se suman otros 10 mil dólares que habría abonado Peiti el 9 de julio pasado a Ponce Asahad, cuando el entonces fiscal -según sus dichos- le advirtió que había una investigación en su contra y le solicitó 100 mil dólares. Como el empresario imputado y “arrepentido” no contaba con ese dinero, pagó 10 mil dólares.

“Peiti me hizo ahí menciones sobre sus vinculaciones con la política, con la policía provincial y federal, con Gendarmería. Que tenía contactos o protección. Peiti no es una pyme, es un emporio. Ocupa mano de obra que es mano de obra desocupada como policías. (…) Peiti en la reunión que tuve al terminar la charla sacó una bolsa y me dijo ‘esto es para Patricio, una atención’. Era como una bolsa de regalo. Adentro tenía una caja como de zapatillas. Se lo llevé a Serjal”, describió Ponce Asahad.

Y continuó: “Recibí un llamado por via de WhatsApp del senador Traferri quejándose y diciendo en relación a Serjal ‘¿cómo se le ocurre a este tarado que yo voy a defenderlo tras pedirle 100 mil dólares a Peiti?’ Lo decía en alusión a los dos autos Toyota (por cuya recepción Serjal tuvo un proceso disciplinario en la Legislatura) Lo llamé a Serjal y le dije. ‘Me llamó Traferri enfurecido de que le habías pedido 100 mil dólares a este tipo?’ ‘Vos no te preocupes’, me dijo Serjal”.

Ponce Asahad había solicitado ampliar su declaración al reconocer algunos de los hechos imputados para aportar detalles de las personas que participaron vinculadas “a otros estamentos del Estado”. Según el parte oficial del Ministerio Público de la Acusación, “en virtud de la gravedad institucional de la declaración, la jueza Eleonora Verón remitió la copia de audio y video de la audiencia a la Legislatura provincial y a la Corte Suprema de Justicia, a fines que se revise su contenido y dispuso una serie de medidas de seguridad para los actores involucrados en la audiencia”.

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