19 mil discapacitados han accedido a sus derechos

La Subsecretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad entregó, durante la presente gestión gubernamental, el Certificado Único de Discapacidad a 19 mil santafesinos. De esta manera, sumando los existentes a 2007, totalizan 44 mil las personas con discapacidad que han accedido a los derechos que les corresponden. El acceso a este indispensable documento y la eficientización de su entrega constituyó una de las acciones distintivas de las políticas hacia este sector de la sociedad.

Al respecto, la titular del organismo dependiente del Ministerio de Salud de la provincia, Silvia Troccoli, indicó que “este documento permite acceder a las prestaciones básicas en materia de salud, educación y ayudas personales, contempladas en las leyes nacionales y provinciales, que garantizan el ejercicio de los derechos de las personas con esta condición, y establece las obligaciones del sector privado al respecto”.

La funcionaria provincial calificó como “histórico” el hecho de que el certificado de discapacidad se entregue el mismo día en que la persona es evaluada, ya que, en el momento, se extiende una documentación provisoria válida hasta que el certificado definitivo es remitido desde la órbita nacional.

La agilización del trámite de entrega de los certificados únicos también fue posible porque, en un año y medio, se incorporaron al sistema 14 equipos de evaluación más, que funcionan en Samcos, hospitales y otras reparticiones estatales. Santa Fe es la provincia que más juntas evaluadoras tiene (34) en comparación con el resto del país.

Troccoli, precisó que “a los fines de obtener el certificado, lo primero es sacar un turno con toda la documentación médica del paciente para luego acceder a una entrevista con la junta que acredita que éste tenga una discapacidad específica”.

“Para llegar a esta instancia de evaluación –añadió Tróccoli– antes las personas con discapacidad debían esperar entre cuatro y seis meses. Ahora, los turnos se dan para 10 ó 20 días”, precisó.

Al explicar el desempeño de las juntas de evaluación –compuestas por un médico, un trabajador social y un psicólogo– la subsecretaria señaló que “son, a instancias de esta gestión, pioneras en la implementación de los nuevos métodos de acreditación que propone la Organización Mundial de la Salud (OMS), denominados “CIF” o Clasificación Internacional del Funcionamiento y la Salud”.

“Los nuevos criterios –señaló– parten de una orientación que trasciende el concepto de enfermedad, centrándose en el de salud, y facilitan herramientas de clasificación que evitan las connotaciones negativas, peyorativas o discriminatorias, ligadas en el pasado al mundo de la discapacidad”.

Igualmente, Tróccoli destacó que “la CIF se centra en los aspectos de salud, y no de enfermedad, y puede ser aplicada a todo tipo de personas de forma universal, basándose más que nada en el valor de la inclusión, en el modelo universal de la discapacidad, rechazando la visión de que la misma sea un rasgo que defina sólo a un grupo minoritario y separado de personas”.

“Al adoptar la CIF –evaluó la funcionaria– la provincia se suscribió a una nueva visión de la salud más inclusiva, justa y humanista”.

Al avanzarse en la resolución de la demanda de certificados de discapacidad, el organismo comenzó a acercar a la gente la tramitación del certificado de Incapacidad Laborativa, exigido por la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, para la tramitación de pensiones no contributivas, capacitándose a los profesionales médicos de los efectores de salud provincial a fin de que puedan realizarlo en todo la red hospitalaria.

Condiciones para la inclusión laboral

“Con el Decreto 291/09 del gobernador Hermes Binner se formalizó una nueva política de ingreso del personal a la administración pública provincial asegurando y profundizando el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, que no reconoce antecedentes en la provincia ni en el país”, afirmó Troccoli.

La incorporación de los postulantes más idóneos para cada vacante se realiza bajo condiciones de objetividad, imparcialidad y transparencia en un proceso riguroso de selección, y en caso de igualdad de mérito, se da prioridad a los postulantes que acrediten encontrarse incluidos dentro de lo dispuesto por la Ley de Protección Integral del Discapacitado (Nº 9.325).-

Además, se inició un proceso de fuerte incentivo en la generación de proyectos de micro emprendimientos y autoempleo para personas con discapacidad en edad laborativa.

La subsecretaria mencionó también como un logro de jerarquía, “la creación de un centro de audición en cada Nodo provincial para garantizar el acceso al diagnóstico audiológico universal de los recién nacidos, para detectar de manera precoz sorderas e hipoacusias y tratarlas oportunamente”.

Para ello, se amplió el instrumental médico diagnóstico, incorporando a los ya existentes, nueve oto emisores acústicos y tres potenciales evocados, recibiendo además en donación 100 audífonos, por un valor de 300 mil pesos, que serán destinados a personas con problemas auditivos, y que amplían el banco de elementos ortopédicos que la provincia ya posee.