Obra pública cero y coparticipación en caída: cuando el ajuste baja al territorio

Por Gastón Gardiol*

Porque cuando el Estado Nacional se retira, no desaparece el problema: cambia de escala. Y hoy ese problema se trasladó con toda su crudeza a las provincias y, especialmente, a los municipios y comunas del interior.

Los números empiezan a hablar por sí solos

A nivel nacional, la paralización de la obra pública dejó miles de proyectos frenados: entre 3.500 y 4.000 según estimaciones del sector y más de 100.000 empleos perdidos en la construcción. Ese impacto tuvo su correlato en Santa Fe, donde el freno de la inversión nacional golpeó de lleno a uno de los sectores más dinámicos del empleo.

Sin embargo, lo que resulta más elocuente es el contraste: mientras la Nación se retiró, la provincia sostuvo la obra pública como política anticíclica. Esa decisión permitió amortiguar la caída y sostener miles de puestos de trabajo en todo el territorio. Es decir: donde el Estado se retiró, el empleo cayó; donde el Estado sostuvo la inversión, el empleo resistió.

Pero el problema no termina ahí. Porque mientras las provincias hacen el esfuerzo de reemplazar a la Nación, lo hacen con menos recursos.

En Santa Fe, la coparticipación federal cayó en términos reales durante los primeros meses de 2026, con pérdidas millonarias que impactan directamente en las cuentas provinciales y, por efecto cascada, en municipios y comunas. Menos recursos para más responsabilidades.

La explicación es simple. La caída de la actividad económica reduce la recaudación de impuestos coparticipables, especialmente el IVA. Menos consumo implica menos ingresos para distribuir.

Pero hay un segundo factor, aún más delicado, que trasciende lo económico y se mete de lleno en el terreno político.

Las decisiones del gobierno nacional generan una fuerte asimetría: mientras la Nación conserva herramientas para financiarse, como endeudamiento, reconfiguración de partidas y otras herramientas de política macroeconómica, los gobiernos subnacionales no cuentan con esas mismas posibilidades.

Las provincias, y sobre todo los municipios y comunas, son el eslabón más débil de la cadena. No tienen acceso al crédito en iguales condiciones, no pueden generar financiamiento propio a gran escala y dependen en gran medida de recursos que hoy están en retroceso.

El resultado es una transferencia silenciosa pero profunda de recursos desde el interior hacia el centro, combinada con una transferencia de responsabilidades en sentido inverso.

Y el impacto es concreto: se vuelve cada vez más difícil sostener la prestación de los servicios básicos, del mantenimiento urbano y de la infraestructura mínima. Todo recae sobre administraciones locales cuyos ingresos propios también se ven afectados por la caída de la actividad económica.

Es decir, no solo reciben menos por coparticipación: también recaudan menos a nivel local.

Así, el modelo configura una ecuación cada vez más compleja: menos recursos, más responsabilidades y menores herramientas para financiar la gestión.

Y en ese contexto aparece uno de los argumentos más repetidos desde la lógica oficial: que el mercado va a ocupar el lugar que deja el Estado.

Una confusión de base que conviene despejar

El mercado está para hacer negocios. Y está bien que así sea. Pero el mercado no reemplaza al Estado. El mercado no hace rutas donde no hay rentabilidad inmediata. No construye escuelas donde la matrícula no cierra en términos financieros. No invierte en obras de saneamiento en localidades pequeñas porque no generan retorno.

El mercado no educa, no cura, no brinda seguridad. Por eso, cuando el Estado se retira de esas funciones, no aparece automáticamente un actor que lo sustituya. Lo que aparece es el vacío. Y ese vacío, en el mejor de los casos, lo intentan llenar las provincias y los gobiernos locales; en el peor, queda sin respuesta.

En ese marco, provincias como Santa Fe y sus municipios están obligados a hacer algo que el modelo libertario omite: sostener el tejido productivo y social desde abajo.

Financiar infraestructura, sostener empleo, garantizar servicios básicos y amortiguar la crisis en sus territorios.

Pero ese esfuerzo tiene límites. Porque no hay federalismo posible si las provincias financian lo que la Nación abandona sin contar con los recursos necesarios.

La discusión de fondo, entonces, ya no es solo económica. Es política.

¿Puede existir un país federal con un Estado Nacional que se retira de la inversión en infraestructura, reduce la masa coparticipable y deja librado al mercado el desarrollo territorial?

¿O estamos, en realidad, frente a un proceso de recentralización encubierta, donde la Nación conserva poder fiscal, pero se desentiende de las responsabilidades?

Desde el interior productivo, la respuesta empieza a tomar forma

Santa Fe muestra hoy que hay otro camino: sostener la obra pública, defender el empleo y asumir un rol activo del Estado como motor del desarrollo. Pero también deja en evidencia una tensión creciente: no se puede sostener indefinidamente un modelo de desarrollo local con un esquema nacional que le quita recursos.

El riesgo no es solo fiscal. Es territorial.

Porque cuando se paraliza la obra pública, no solo se frenan proyectos: se frenan pueblos, ciudades y oportunidades. Y cuando cae la coparticipación, no solo caen números: se achican las respuestas del Estado más cercano a la gente, las de los municipios y comunas.

En definitiva, el ajuste no desaparece: se traslada.

Y hoy, en la Argentina de la “obra pública cero”, ese ajuste tiene un nuevo nombre: gobiernos locales haciéndose cargo de lo que la Nación decidió abandonar.

La pregunta es cuánto tiempo más podrán hacerlo.

*Gastón Gardiol es secretario de Gobierno de la comuna de Franck, dirigente de la UCR y emprendedor. Especialista en innovación, gestión y desarrollo local.