Cooperadores denunciaron graves irregularidades en el Protomédico
Hospital Protomédico de Recreo Sur, Santa Fe Crédito: Archivo El Cronista Regional

Cooperadores denunciaron graves irregularidades en el Protomédico

A través de sus apoderados legales, Domingo Rondina y Erica Lamas, los cooperadores solicitaron al ministro de Salud, Dr. Carlos Parola, “el inicio de sumario” e “inmediata remoción” de Ribeiro hasta tanto se investiguen las acusaciones en torno a su “carácter agresivo”; al manejo de recursos para “préstamos internos” y su “hostigación” al representante de la Asociación dentro del Consejo de Administración del nosocomio.

La denuncia consta en el expediente Nº 00501-0040103-8 y los abogados patrocinantes de la Cooperadora interpusieron un pronto despacho el 30 de abril último instando al ministro de Salud a dar una “pronta resolución” al caso que podría terminar en la Justicia Penal.

Al cierre de esta edición, la cartera de salud no se había expedido acerca de esta denuncia que se enmarca en una disputa por el control de los Bonos de Contribución para el Servicio (BCS) que desde hace doce años administra la Cooperadora.

El ministro Parola fue notificado de esta situación el 24 de septiembre de 2001…

Ribeiro y su conducta

En su presentación ante el ministro de Salud, los integrantes de la Asociación Cooperadora cuestionan en tres aspectos al director del Protomédico, Dr. Ricardo Ribeiro.

El primero es su carácter agresivo. Los integrantes de la Cooperadora califican al director como “una persona de carácter violento y conflictivo que siempre tuvo dificultades en el manejo del Hospital”. Esta conducta se manifiesta no sólo hacia ellos “sino también respecto a los empleados, al personal e incluso a algunos pacientes del área programática”.

En segunda instancia, los cooperadores denuncian que Ribeiro manejó dentro del Hospital una suerte de “financiera” con recursos provenientes de la Asociación Cooperadora. Según se expresa en la denuncia mencionada, “desde la constitución de la Asociación Cooperadora, el Dr. Ribeiro, alegando su condición de Director del Hospital, manejó los fondos de la Asociación”. En concreto, revelaron que con el dinero de la Cooperadora, Ribeiro “instaló un sistema de préstamos a los empleados”, inclusive con el cobro de “elevadas tasas de interés” según sospechan los cooperadores.

“Para hacerlo -precisaron- alegaba que se veía forzado a ayudar a los empleados que, debido a los atrasos de pago de este Ministerio, se encontraban en una difícil situación económica”.

“Este sistema de préstamos -añadieron- totalmente reñido con la conducta que debería tener un funcionario público, por el cual se montó una pequeña ‘financiera’ interna, duró hasta marzo de 2001”.

A partir de la presencia de un miembro de la Cooperadora en el Consejo de Administración del Hospital, se suspendieron esos préstamos y la Cooperadora reclamó al director que se reintegre la administración de los fondos de esa institución. Esto enfrentó a los cooperadores con la autoridad máxima del nosocomio. Según estos, a partir de marzo de 2001 comenzaron los “hostigamientos, agravios y persecuciones” por parte de Ribeiro.

En la denuncia se agregó un dato llamativo: el Director admite estas circunstancias en el expediente 35599/2001 formado en la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia, donde “sorprendentemente -afirmaron los cooperadores en su argumentación- acusa a la Asociación de haber renunciado a sus fines sociales por no realizar más préstamos”.

Por último, denunciaron el permanente hostigamiento al que Ribeiro somete a los miembros de la Asociación, muchos de los cuales son empleados del Hospital, por lo cual se genera un “clima laboral insoportable”. Aduciendo que el Director actúa “agresiva e irreflexivamente”, los cooperadores solicitaron al ministro de Salud -a través de sus apoderados legales- que se inicie un sumario sobre Ribeiro y sea removido de su cargo al menos provisoriamente.

Los bonos

El Consejo de Administración del Hospital decidió retomar el control sobre los bonos contribución que habían pasado a manos de la Cooperadora después de que estallara en el seno de nosocomio el escándalo de los préstamos mencionados. Los cooperadores rechazaron esta medida y solicitaron una manifestación formal del ministerio de Salud al respecto.

Según pudo saber El Cronista Regional, el Consejo asumió desde el 2 de mayo último la cobranza de los bonos, que representan una recaudación anual de unos 40 mil pesos.

Las administradores comunicaron esta decisión al Presidente de la Asociación Cooperadora, Aldo Ludueña, mediante una nota donde se expresa “que los bonos contribución para atención en consultorios, medicamentos y demás prestaciones realizadas por el Hospital, serán vendidos por personal del Hospital, y a cuenta del Consejo de Administración”.

La misiva a la que accedió El Cronista Regional, está fechada el 25 de abril y lleva las firmas el director del establecimiento, Dr. Ricardo Ribeiro, y de los consejeros Viviana Vergara, Noemí Luraschi, Nydia Casella y Orlando Juan Carlos Requena, quienes avalan la medida.

Sin embargo, los cooperadores opusieron su resistencia amparándose en actas del año 1991, que reconocen su desempeño dentro del nosocomio y dejan constancia de la implementación del sistema de bonos, entre otras actividades.

Las Actas Nº 6, Nº 8 y Nº 10 de marzo, mayo y junio de 1991 respectivamente, describen el rol de la Asociación Cooperadora e incluso en una de ellas, se menciona la lectura de la resolución del ministerio de Salud de la provincia que reconoce a la misma como tal. Esas actuaciones están convalidadas por el propio director del Hospital, Dr. Ribeiro, quien por ese año avalaba con su firma las decisiones en torno a la Asociación y ahora desconoce a esa entidad señalando que “hasta la fecha, realizaba cobranza de bonos sin autorización formal del Hospital, intermediando en la remuneración de profesionales contratados y en adquisición de insumos”, según se expresa en la nota mencionada.

A su turno, Ludueña respondió que esa falta de autorización alegada por las autoridades “es incorrecta” porque “el Hospital autorizó el cobro” a partir de marzo de 1991, “según actas de 15/03/91, 17/05/91, 14/06/91 y 20/09/97, todas suscriptas por el Director Ribeiro”. Y agregó que “nuestra autorización es una costumbre de doce años que siempre fue consentida por el Hospital y el Ministerio”.

El Consejo de Administración en la Decisión Nº 032/2002 que acompaña esa comunicación, considera que el Hospital “debe recurrir a nuevas formas de financiamiento de sus gastos, a los efectos de dar continuidad a las prestaciones que se realizan, y poder responder a las urgentes necesidades en salud de la población”.

Por otra parte, asegura tener facultades para controlar esos ingresos provenientes de los bonos y demás beneficios, por gozar de “capacidad administrativa y financiera” y en función de “precedentes en Hospitales Provinciales y Hospitales Samco, de la percepción de donaciones a través de bonos contribución a los efectos de financiar parte de las prestaciones”.

Asimismo, expresa en forma explícita la intención de desplazar a la Asociación Cooperadora de esa función afirmando que implementará “el cobro de una contribución voluntaria, bajo la forma de bonos, ofrecidos a los usuarios del servicio en la oficina de admisión”. Como se dijo, eso se cumple desde el jueves 2 de mayo.

Servicios en riesgo

Ludueña advirtió por otra parte, que los recursos que obtiene la Cooperadora permiten cubrir una serie de servicios, que en caso de ser suspendidos, se generaría una “grave crisis”.

Dentro de la labor que desempeñó la Cooperadora desde sus inicios, los bonos permitieron generar una masa de recursos para solventar servicios, comprar insumos y equipamiento. Concretamente, en los últimos años posibilitó pagar la prestación médica de ocho profesionales que no son remunerados por el ministerio de Salud y que ahora -gracias a ese bono- cobran cinco pesos por consulta. Incluso atienden a las personas de bajos recursos que no pueden pagar.

En su decisión, el Consejo de Administración no asegura la continuidad de esas prestaciones y determina “asignar los fondos obtenidos por este sistema (el de los bonos), a la adquisición de insumos para el mantenimiento de los programas prioritarios del Hospital (…) y asistir a pacientes en situaciones especiales, que requieran estudios o insumos de uso no habitual en el Hospital”.

Llama la atención que el director del nosocomio no reconozca el importante rol de la Asociación Cooperadora en el aporte permanente de fondos para mantenimiento del establecimiento sanitario y su prestación a los ciudadanos, y sólo circunscriba su participación en la conducción del Hospital en su representación dentro del Consejo de Administración.

En contrapartida -y a favor de la Cooperadora- el Inventario y Balance de la Asociación Cooperadora del Hospital consigna el detalle de los equipos adquiridos con fondos de la misma, observado por María Alejandra Angelucci, abogada del Dpto. de Asociaciones Civiles y Fundaciones de la Inspección General de Personas Jurídicas.

Consultado sobre este tema, el presidente de la Cooperadora, Aldo Ludueña, dijo a El Cronista Regional que “siempre tuvimos el aval del director del Hospital, Dr. Ricardo Ribeiro,” para realizar los convenios con los profesionales que permiten cubrir falencias y una importante demanda que tiene el establecimiento en determinadas especialidades.

En definitiva, esta polémica decisión podría tener “consecuencias jurídicas difíciles”, como advirtió el presidente de la Cooperadora, en caso de una suspensión de los contratos celebrados con esos 8 profesionales y de cambios en el sistema de cobranza de los bonos, tarea a cargo de personas con una remuneración adicional (seguro de fidelidad), eventualmente desencadenantes de juicios laborales.

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