El CeProNat solicitó la defensa del derecho a la salud
El CeProNat solicitó la defensa del derecho a la salud
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Redacción El Santafesino
21/01/2008
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El CeProNat solicitó la defensa del derecho a la salud

El Centro de Protección a la Naturaleza (CeProNat) envió una carta a la secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, Dra. María Bressa, en relación a la vulneración explícita del derecho a la salud de los santafesinos.

“El derecho a la vida, a la salud y a un ambiente sano tiene especial protección en numerosos tratados, conferencias y demás declaraciones internacionales que forman parte de nuestro sistema jurídico. Asimismo, la Reforma de la Constitución Nacional en el año 1994, consagró en su art. 41 el derecho-deber de todos los habitantes de la nación, ‘…a gozar del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo…’. Este artículo fundante tiene su correlato en la Ley General del Ambiente N° 25.675 o de Presupuestos Mínimos, donde se consagran los principios de prevención y de precaución, favoreciendo la protección del ambiente y de los seres humanos ante la duda o incerteza científica”, sostiene la misiva en el primer párrafo.

El pedido se fundamenta en “la extensión de la superficie destinada a actividades agrícolas, llegándose a implantar cultivos hasta el borde mismo de las poblaciones en muchos lugares de nuestra provincia y de toda la región, ocurriendo una situación similar en las banquinas de las rutas nacionales y provinciales. Estos cultivos requieren cada vez más la aplicación de productos tóxicos, que poseen distintos grados de peligro para la salud humana. Por lo tanto, se da una situación de extremo riesgo en los sitios de contacto entre el desarrollo de las actividades agrícolas y la población. En estos casos, resultan vulnerados derechos humanos fundamentales como lo son la salud y la vida de la mayoría en beneficio del interés lucrativo de unos pocos”, explican el presidente del CeProNat, Carlos Manéis y la secretaria, Luciana Gottardi; en representación de todos sus miembros.

En virtud de diferentes notas y comunicaciones donde se detallan los efectos de las fumigaciones en las cercanías de domicilios particulares, establecimientos educativos, sanitarios y productivos; la institución decidió coordinar la campaña “Paren de Fumigar” que tiene como objetivo contactar a personas e instituciones que se sientan afectadas por las aplicaciones de agroquímicos. No obstante el accionar institucional, “hasta ahora no ha obtenido el resultado necesario para la protección de las personas”, reconoce el comunicado.

Desde el CeProNat recuerdan que “está vigente en nuestra provincia la Ley N° 11.273 que establece restricciones y prohibiciones de uso y aplicaciones de los productos fitosanitarios (Arts. 33 y 34 de la Ley y Arts. 40 y 51 del Decreto Reglamentario N° 552/97). Asimismo, el mencionado decreto impone en su artículo 52 la obligación de trazar los límites de la planta urbana de los municipios y comunas, a los efectos de aplicar las prohibiciones referidas. El organismo de aplicación de esta normativa es la Dirección de Sanidad Vegetal, dependiente del Ministerio de la Producción, no siendo efectivo su accionar hasta el momento”.

Además, en la misiva añaden que “la Defensoría del Pueblo de la provincia, mediante la Resolución N° 055/07 recomendó al Ejecutivo para que a través de la Subsecretaría de Municipios y Comunas se inste a los entes municipales y comunales que no hayan dado cumplimiento a la delimitación de sus plantas urbanas lo hagan en el marco de la reglamentación mencionada, pero estimamos que ello no se ha cumplido hasta el momento, aún cuando las leyes orgánicas de Municipios y Comunas, N° 2756 y 2439, respectivamente, facultan al intendente o al presidente comunal a realizarla”.

“Atendiendo a informes de carácter científico, de carácter internacional, nacional y local, como los producidos por las Universidades del Litoral (UNL) y de Rosario (UNR), creemos que la clasificación del grado de toxicidad de estos productos que realiza el SENASA, en algunos casos tampoco resulta eficaz a los fines de la protección humana”, advierte la entidad.

“La salud es un derecho fundamental y el Estado tiene el deber de garantizarla no sólo desde el punto de vista remedial sino también desde su prevención en origen. Las posturas médicas de los últimos tiempos señalan que la mejor enfermedad es la que no sucede y para ello debemos prevenir y actuar en consecuencia. Los daños colaterales -esto es, vidas humanas disminuidas por discapacidades evitables o segadas desde la tierna infancia por el contacto con agrotóxicos- terminan por ser asumidos por el total de la sociedad, favoreciendo el accionar especulativo de unos pocos. Además de los costos directos, fácilmente evaluables, debe incluirse la sobrecarga en los servicios de salud, las tareas de control, la pérdida de calidad ambiental, la disponibilidad de recursos humanos y la descendencia futura de los santafesinos, todo lo cual tiene y tendrá un considerable y creciente impacto en los siempre escasos recursos económicos provinciales”, enfatiza el comunicado.

Teniendo en cuenta la situación descripta y la evidente incidencia en derechos como la salud y la vida de las personas, el CeProNat solicitó a la secretaría de Derechos Humanos que “tome intervención directa y comprometida en este asunto, y que lleve adelante todas las acciones necesarias para el cumplimiento de los fines asignados a esa Secretaría de Derechos Humanos dentro de las facultades conferidas a la misma, en el marco de la defensa irrestricta por el derecho de cada uno de los santafesinos a vivir de manera saludable en un ambiente acorde para el desarrollo de todas sus potencialidades”.

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