El código de defensa de consumidores, cada vez más cerca
El código de defensa de consumidores, cada vez más cerca
Economía
Redacción El Santafesino
26/09/2010
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El código de defensa de consumidores, cada vez más cerca

Luis Lombó, titular de la Asociación de defensa del consumidor, manifestó a El Santafesino que la entidad bregaba porque la provincia cuente con una ley de defensa al consumidor para que los mismos municipios tengan la facultad de ser órganos de aplicación de la norma ya que los habitantes del interior “se encuentran desprotegidos, porque a veces no pueden trasladarse hacia los organismos o hacia las audiencias” que se encuentran en las principales ciudades. La expresión de deseo de la institución comienza a concretarse porque la cámara de diputados dio media sanción al código provincial de defensa de Consumidores y Usuarios, proyecto impulsado por el legislador Hugo Marcucci y trabajado junto a iniciativas presentadas por los diputados Bertero y Lamberto. De lograr sanción definitiva en la cámara alta, la provincia de Santa Fe tendrá la posibilidad de adherir a la ley nacional 24.240 a fin de garantizar los derechos de los consumidores y usuarios.

Principales puntos

La iniciativa, que fue trabajada en conjunto con ADELCO, prevé distintos puntos, a saber:

– Adhiere a la Ley Nacional Nº 24.240 y sus modificatorias.

– Instituye que el Gobierno Provincial tiene el deber de crear y adoptar políticas de protección de los consumidores y usuarios.

– Delega facultades de ejercicio del control y vigilancia de las disposiciones de la Ley Nacional Nº 24.240 y sus normas reglamentarias en las Municipalidades y Comunas que en forma expresa adhieran a las disposiciones de la ley.

– Prevé instituciones adecuadas que garanticen la accesibilidad e inmediatez en la resolución de los conflictos que versen en la materia, regulándose el Procedimiento Administrativo, de Arbitraje, y Judicial, todos bajo la misma esencia, caracterizados por la gratuidad, flexibilidad y agilidad.

– Reconoce legitimación activa a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios y al Defensor del Pueblo para que puedan actuar en defensa de los intereses del conjunto social.

– Proclama la necesidad de que el Gobierno Provincial, Municipal y Comunal promuevan la constitución de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, fomenten su funcionamiento y la participación de la comunidad en las mismas.

– Establece la obligación del Estado Provincial de formular programas generales de educación para consumidores y usuarios e incorporar los mismos dentro de los planes oficiales de enseñanza, conforme prevé la ley Provincial Nº 12.072, además de capacitar a los educadores para ejecutarlos.

Los legisladores destacaron que se persigue “garantizar el derecho a la protección de la salud, de la seguridad y de los intereses económicos de los consumidores, el acceso a información adecuada y veraz, la libertad de elección, el trato digno y equitativo, la calidad y eficiencia de los servicios públicos, educación para el consumo, y el establecimiento de procedimientos para la prevención y solución de conflictos” ya que en la provincia existe un vacío legal en cuanto a este tema.

Por otro lado, cuando surgiera la existencia de una infracción a la legislación vigente, se prevé la instrucción de un sumario al presunto infractor quien será pasible de sanciones que van desde el apercibimiento público y el pago de multas, hasta el decomiso de las mercaderías y clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado. En todos los casos, se establece la obligación de dar publicidad a la resolución condenatoria, a costa del infractor.

Es ley el “registro para el resguardo del usuario del servicio telefónico”

La legislatura de la provincia también sancionó una ley que prohíbe las llamadas que efectúan las empresas de telemarketing a quienes se anoten en el Registro para el resguardo del usuario del servicio de telefonía manifestando su disconformidad con este tipo de prácticas. La inscripción será gratuita y podrán anotarse todos los usuarios de servicios telefónicos que expresen su voluntad de no ser objeto de las llamadas de telemarketers. El mismo deberá ser confeccionado por la autoridad de aplicación de la ley, quien incluirá en la base datos la solicitud efectuada por los ciudadanos dentro de las veinticuatro horas.

El objetivo que se persiguió con esta norma fue crear un sistema que evite los abusos cometidos contra los usuarios de servicios telefónicos que derivan de contactos realizados con fines de publicidad, promoción y venta de bienes o servicios de cualquier naturaleza. La ley aprobada avanza en el fortalecimiento de los derechos individuales y en la protección de la privacidad de los santafesinos, brindando una solución concreta a esta demanda que viene siendo reclamada por la sociedad.

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