El gobierno pretende licuar una deuda de casi 20 millones de pesos
El gobierno pretende licuar una deuda de casi 20 millones de pesos

El gobierno pretende licuar una deuda de casi 20 millones de pesos

El Cronista Regional en su edición de abril, revelaba la intención del gobierno provincial de “imputar partidas de distintos rubros a los específicos del FAE”, según una denuncia de la Federación de Cooperadores Escolares. Su titular, Juan Manuel Villafañe, había señalado que a través del veto parcial de la Ley Provincial Nº 11.999, sancionado mediante el decreto Nº 3720, el gobierno de la provincia pretende una suerte de “licuación” de las deudas que mantiene con el FAE, computado “como monto integrativo del referido aporte, las inversiones efectuadas en el año inmediato anterior por la provincia” con recursos provenientes del tesoro, de los programas de financiamiento educativo y el denominado fondo del conurbano.

Con el voto del justicialismo, el Senado provincial otorgó sanción definitiva a ese veto que el Poder Ejecutivo había formulado sobre la normativa que regula el funcionamiento del Fondo de Asistencia Educativa.

El tratamiento implicó una acalorada polémica en la que los referentes de la oposición cuestionaron no sólo el tema de fondo, sino también el procedimiento. Lo mismo había sucedido previamente, en la Cámara de Diputados.

En lo que respecta a las formas, el radicalismo y la Democracia Progresista señalaron que es un error pretender sancionar cambios a una ley a través de un veto, que supuestamente implica rechazo. Los legisladores sostuvieron que el gobierno debería haber remitido a la Legislatura un mensaje paralelo e independiente en el que plasmara las modificaciones que pretendía realizar.

En cuanto a la cuestión de fondo, tanto los diputados y senadores de la oposición como la Federación de Cooperadores Escolares denunciaron que la ley prevé un mecanismo “ilegal”.

La norma exime a la provincia de aportar el veinte por ciento que históricamente cedía el FAE y la autoriza a compensar o licuar su deuda con la institución a través de obras ya realizadas, subsidios entregados, programas a ejecutar u otros conceptos.

En este sentido, los cooperadores recordaron que el incumplimiento del Estado supera los veinte millones a nivel provincial, mientras que sólo un millón de pesos le adeuda a la Federación de La Capital.

Juan Villafañe, presidente de dicha organización, adelantó que recurrirán a la justicia para denunciar lo que consideran una “ilegalidad”.

En diálogo con la prensa, el dirigente opinó que esta sanción representará en los hechos “un retroceso muy grave” porque “se niegan aportes en educación por unos 20 millones de pesos”.

En tanto, el titular de la Agrupación de Cooperadores Escolares de Santo Tomé, Gerardo Silvestri, dijo a El Cronista Regional que la decisión representa “virtualmente la desaparición del FAE” y alertó sobre las consecuencias que tendrá en esa ciudad la falta de aportes, sobre todo en las escuelas de barrios periféricos.

En el Senado, en tanto, Pablo Cardinale (PDP), advirtió que la ley sancionada y ni siquiera defendida por el Justicialismo, puede dar lugar a una denuncia penal en contra del gobernador Carlos Reutemann, por “malversación de fondos”.

La cuestión generó rispideces en el seno del propio gabinete provincial. El expediente que pasó por la Legislatura tenía sólo la firma de Reutemann y del ministro de Hacienda, Juan Carlos Mercier. La ausencia de la firma del ministro de Educación, Alejandro Rébola, no fue casual. Más tarde, el propio funcionario admitió que “nadie” lo consultó sobre la aprobación de esa iniciativa, y sostuvo que en lo personal hubiera resuelto la cuestión “de otra manera”, intentando abrir una instancia de diálogo con los actores involucrados.

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