El gobierno propone nuevo sistema de Declaraciones Juradas

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección Provincial de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público, iniciará una ronda de reuniones para discutir la propuesta para un nuevo régimen de Declaraciones Juradas Patrimoniales en la provincia de Santa Fe, que resulte superador del actual y cumpla con las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Entre los participantes de la primera ronda de reuniones, que se desarrollará entre el 30 de agosto y el 3 de setiembre, se cuenta el gobernador Hermes Binner. En tanto, las jornadas contarán con la asistencia técnica de Ricardo Rivero Ortega, catedrático del Área de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca (España), e investigador con una amplia experiencia en áreas como Derecho Administrativo, lucha contra la corrupción y buen gobierno.

Los encuentros tendrán lugar en las ciudades de Rosario y Santa Fe, dirigidos a personal de la administración pública, mientras que las próximas etapas de participación estarán destinadas a actores externos, como por ejemplo organizaciones de la sociedad civil y sectores académicos.

Con el objetivo de proponer una adecuación de la normativa provincial y en la búsqueda de un sistema eficaz desde el punto de vista de la prevención de la corrupción, la Dirección Provincial de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público lleva adelante un trabajo de diseño y elaboración de un proyecto que sirva de base a la discusión de un nuevo modelo de declaraciones juradas.

En ese contexto, esta área del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos organizó la actividad de la semana próxima con la colaboración de la Subsecretaría de Cooperación y Relaciones Internacionales del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, y en el marco del Programa Hispano Argentino sobre Gobernabilidad y Administración, ejecutado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Presidencia de la Nación y financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Para superar un régimen desfasado

“Las declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios públicos son básicamente un instrumento jurídico que permite ejercer un control respecto de los posibles enriquecimientos ilícitos en que puedan incurrir aquellos agentes que se encuentran obligados a presentarlas, ocurridos durante el ejercicio de su función”, explicaron desde la Dirección Provincial de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público.

Según precisaron, en la provincia de Santa Fe el sistema de declaraciones juradas está regulado a través de la ley N° 7.089, sancionada en 1974 y reglamentada por el decreto 584/98, a su vez modificado parcialmente por el decreto 18 de 2003.

“Este régimen ha quedado desfasado respecto de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción, siendo tal vez lo más notorio el hecho de que mientras la normativa internacional promueve sistemas de declaraciones juradas integrales y la publicidad de las mismas como un modo de habilitar la participación ciudadana en el control de los posibles enriquecimientos ilícitos y de las situaciones de conflicto de interés en que pudieran incurrir los funcionarios públicos, el sistema provincial reduce el contenido de las declaraciones juradas a un aspecto patrimonial y mantiene en secreto la información contenida en ellas”, señalaron.