“El propio Estado provincial construye una ficción en torno del flagelo de la inseguridad y el delito en Santa Fe”
Fuente: El Cronista Regional

“El propio Estado provincial construye una ficción en torno del flagelo de la inseguridad y el delito en Santa Fe”

La crónica policial después de cada fin de semana en la ciudad de Santa Fe adquiere el parecido a un dramático obituario. Recientemente, el brutal asesinato de una mujer de edad mayor en el barrio Guadalupe y otros episodios de inseguridad encendieron la luz de alerta a las autoridades oficiales. Los vecinos, urgidos por el pavor y la desesperación, comenzaron a medidas extremas de seguridad al Gobierno provincial.

La vorágine periodística difunde a diario una serie numerosa de enfrentamientos entre bandas, crímenes por ajuntes de cuentas, homicidios en situaciones de asaltos a mano armada, atentados contra la propiedad en comercios y residencias particulares, etc. Como si la vida no valiese nada. El acostumbramiento a la inseguridad despierta el peligroso efecto de la “normalidad” cotidiana: debemos convivir con el delito en las calles, habituarnos a él y aceptarlo resignadamente.

La capital provincial se encuentra entre las urbes más inseguras de América latina: en los primeros nueve meses de 2007, ya hobo más de 80 homicidios, la misma cantidad que en todo el 2006 y un 40% más que el promedio de los últimos tres años. Es la ciudad argentina con mayor cantidad de crímenes en relación con la cantidad de habitantes. De proseguir esta escalada de violencia, Santa Fe terminaría este año con una tasa de 24 crímenes cada 100 mil habitantes, porcentaje similar al de Porto Alegre y superior al de Buenos Aires.

De este total de homicidios registrados en Santa Fe, poco menos del 90% se produjo durante enfrentamientos entre bandas y en los sectores periféricos del oeste de la ciudad –cuyos barrios registran altos índices de pobreza y marginalidad-; no obstante, debe considerarse que hay muchos crímenes perpetrados en ocasión de robo y atentados contra la propiedad. En suma: un crimen cada tres días se produce en Santa Fe, lo que rondaría los 120 casos para el total del año.

La visión de un especialista

El Lic. Osvaldo Agustín Marcón es un destacado docente y académico autor de varios libros sobre diversas problemáticas sociales, entre ellas los derechos de los menores en conflicto con el sistema penal, las políticas públicas para el tratamiento de adicciones en los jóvenes y la inseguridad urbana, etc. El Santafesino dialogó con este especialista con el propósito de volver a instalar públicamente la problemática desde un enfoque autorizado, discutir y dilucidar cuáles son las causas concretas que han convertido a Santa Fe en la capital nacional del delito.

-Cabe considerar que el flagelo de la inseguridad es estructural y responde a múltiples causales, tanto institucionales como sociales y culturales. Pero en el caso puntual de Santa Fe, y teniendo en cuenta sus características como ciudad y sus indicadores socioeconómicos: ¿Cuáles cree usted son las causas que convirtieron a la capital provincial en el distrito con el índice de inseguridad más elevado de la Argentina?

-Es cierto que nadie puede sostener la postura de que hay una sola causa que determina el flagelo de la inseguridad. Pero cada vez que pensamos puntualmente en la ciudad, el tema de la inclusión de la pobreza como una de las causas centrales no puede quedar al margen. Entonces, comparemos: por ejemplo, Suiza es el país desarrollado que más armas tiene por cantidad de habitantes, pero a su vez cuenta con los menores índices de inseguridad en el mundo. Canadá tiene en proporción más cantidad de armas que EE.UU., pero éste tiene más muertes violentas por armas que aquél. En términos generales, consideremos que la forma latinoamericana de vivir va generando condiciones inequitativas de existencia material.

Todo ello viene a colación de lo siguiente: existe otro tipo de inequidad, igual o más importante que la desigualdad económica: la que refiere a la distribución del capital cultural y educacional. En este contexto, si bien Santa Fe viene mostrando índices significativos de crecimiento económico por el modelo sojero, la inversión en obra pública, etc., este crecimiento no es equitativo para toda la población en general. Los sectores más postergados siguen siendo los mismos: vasta con ir al cordón oeste santafesino para darse cuenta de ello, pero esto es sólo parte del problema.

En la ciudad de Santa Fe hay una profunda inequidad en lo que es la distribución de los bienes o capitales culturales, educacionales y hasta simbólicos. Y no me refiero puntualmente a los niveles de escolarización, o la posibilidad económica de asistir la oferta cultural local, sino a la inexistencia de recursos intelectuales suficientes para resolver conflicto sin recurrir a la violencia. La mitad de los santafesinos atraviesa procesos de exclusión social profundísimos, y hay una absoluta ausencia del capital cultural al que hacía referencia. En Santa Fe, la mitad de la población está por debajo de la línea de pobreza y de esa mitad diría que un ínfimo porcentaje termnó la escuela primaria. Entonces, la brecha con sociedades desarrolladas (en EEUU, el 38% de la población tiene estudios superiores) es enorme. Este factor, la desigualdad cultural, es clave para entender el dramático estado de la inseguridad en la ciudad.

Antes era la escuela la institución encargada de difundir la educación y la cultura. Hoy hay otros mecanismos de transmisión del conocimiento y formación en valores cívicos, y la familia ha quedado rezagada como institución primigenia: convive con la Internet, la TV, la música, etc., lo cual habla del impacto profundo que en la sociedad vienen provocando las nuevas tecnologías. El mayor o menor acceso a estos recursos, por lo general, inciden positivamente en los sectores sociales ‘integrados’ pero no gravitan favorablemente en los ‘no integrados’. Esto también muestra la inequitativa distribución de los capitales culturales, educacionales y simbólicos. Y si no le prestamos la debida atención a este factor, nos vamos a equivocar y estaremos mirando a la inseguridad desde un lugar erróneo.

-¿Cómo observa el rol y el protagonismo del Estado ante la inseguridad? Pues se viene observando una batería de medidas coyunturales que se anuncian a partir de crímenes sórdidos y de alto impacto mediático (como el que aconteció días atrás en Guadalupe): la remoción de 5 jefes policiales en 4 años de gestión, la incorporación compulsiva de 400 efectivos policiales más en las calles, etc. Pero no se observa una política integral en la materia.

-Corrientemente nos sentimos tentados a decir que el Estado de Bienestar se retiró definitivamente desde los años 90’. Pero en realidad se retiró de determinadas áreas relacionadas al campo social, porque en otras (la economía y sus indicadores, el control de precios, las retenciones impositivas, etc., etc.) interviene activamente. Y se aplica la lógica de volcar policías compulsivamente a la calle, que coincide con lo que buena parte de la sociedad está pidiendo, como si esa medida por sí sola fuese suficiente para desterrar la inseguridad. Hay una tendencia automática a hacer equivaler inseguridad con un problema policial, pero en realidad vemos que en muchos países latinoamericanos como el nuestro, aumenta la pobreza y crece proporcionalmente el delito, por ejemplo. Es necesario contextualizar a la inseguridad como flagelo en su dimensión social, cultural e histórica.

En cuanto al rol del Estado, yo creo que en esto de la distribución inequitativa de los recursos culturales e intelectuales es responsable directo: tenemos un Estado ‘carente de inteligencia’. Se advierte que no hay inteligencia dentro de la institución gubernamental; no quiero decir que no haya agentes profesionales del Estado probos y capaces, sino que la inteligencia es el funcionamiento de una estructura en forma de red organizada, donde cada elemento cumple una función que es indispensable para el funcionamiento del todo. Esto no está presente dentro del Estado provincial, el cual debería ser una entidad que funcione como red dando respuestas a la gente inteligentemente.

Frente a problemáticas sociales estructurales como la pobreza o la inseguridad, el Estado adopta la ‘postura del montaje’, de una ficción, ‘como si estuviera resolviendo el problema’, pero viéndolo desde adentro uno se da cuenta de que el Estado cae en el error de creerse y de hacer creer a la sociedad que está haciendo algo para resolver la inseguridad, cuando en realidad no es así.

-Se retroalimenta en su propia versión ficcional de la resolución del conflicto…

.Sí, el Estado provincial construye y alimenta una ficción, una ficción retroalimentada, es un ‘como si estuviéramos actuando’ para resolver la inseguridad pero en realidad no se hace nada. La maquinaria estatal, en lugar de abrirse y dar una respuesta proporcional al tamaño del flagelo, crea una ficción. La respuesta tiene que ser siempre proporcional a la dimensión y a la naturaleza compleja de la problemática que se trata.

-¿Y cómo observa en este marco la participación de aquellas entidades no gubernamentales, que representan a vastos sectores de la sociedad y canalizan sus expectativas y aspiraciones, frente a la problemática de la inseguridad? ¿Qué se debiera realizar desde esos espacios sociales para contribuir a la resolución del conflicto?

-A mí me preocupa cuando aparece, una y otra vez, ese discurso propalado desde el Estado -y que tiene origen en los años 90’- por el cual se deja el problema en manos de la sociedad civil y sus fuerzas de representación, como desentendiéndose del asunto. Eso es cínico y peligroso. ‘Hagan ustedes lo que consideren lo mejor para resolver el flagelo’, a veces pareciera ser el mensaje oficial, como un retirarse literalmente del asunto y dejar a la sociedad a merced de sus propias debilidades, como la inseguridad.

La ciudadanía debe ejercer con más fuerza el rol de contralor, de palanca de presión frente al Estado para obtener respuestas y garantías ante la ola de violencia e inseguridad. Y el Estado tiene que asumir responsablemente el deber de dar respuestas.

-Socialmente asistimos a la consolidación de un malestar psicológico colectivo cuyo patrón predominante es el miedo: miedo a salir de la propia casa, por ejemplo. ¿Puede ser que este estado de miedo colectivo traiga consecuencias socioculturales negativas, como la pasividad o la incapacidad de reacción y reclamo frente al Gobierno por más seguridad, o la demagogia punitiva del pedido impulsivo de mano dura, o de bajar la edad de imputabilidad, etc., sin una discusión seria sobre los orígenes y causas profundas de la inseguridad?

-Sí, yo creo que asistimos más que nada a una recreación del viejo “sálvese quien pueda”, y allí pesa la posición de clase: quien tiene más poder adquisitivo podrá enrejar su casa, contratar un sistema de seguridad privado, comprar perros guardianes, etc. Y sobre eso se monta el miedo colectivo. Así, no hay conciencia social de que a la fuerza la tenemos no cuando actuamos solos, sino cuando lo hacemos colectivamente.

Un ejemplo opuesto a esto fue la movilización social que despertó Blumberg en Capital Federal, más allá de que estemos o no de acuerdo con la posición ideológica de derecha que sostuvo aquel reclamo. Lo que debe considerarse aquí es la capacidad de convocatoria y la reacción social inaudita en Capital Federal, que instaló una necesidad de cambio en material penal. En Santa Fe, como en otras tantas ciudades, se nota que está muy presente ese ‘sálvese quien pueda’, y la actividad de protesta o reclamo se realiza desde casa, puertas a dentro y siempre y cuando no demande demasiado esfuerzo. Quizá falten referentes sociales en Santa Fe capaces de reunir fuerzas, organizar y actuar para reclamar, porque hay mucha pasividad social frente al flagelo de la inseguridad.

-¿Es posible articular integralmente desde el Estado una política pública que contemple el reconocimiento de los derechos civiles, el acceso a bienes culturales y educacionales, etc., con una política seria en seguridad pública?

-Sí, pero tal articulación debería delinearse sobre la base de lo territorial, es decir, sobre un territorio determinado donde se identifiquen los sectores más socialmente vulnerables. En esos sectores se debería planificar un tipo de intervención integrada, donde ninguno de los actores sea hegemónico sino que haya una nivelación tanto del control de policía como de las vecinales, asambleas barriales, etc., ensayando mecanismos de representación social articulados. Se debería realizar un mapa territorial sobre la inseguridad que permita un reconocimiento de los sectores más conflictivos, pero no un mapa del delito sino un ‘mapa de vulnerabilidad social’ frente a la inseguridad. No es fácil, pero confío en que es el camino más viable para empezar a revertir este flagelo que tanto nos preocupa.

Urge que el Estado aplique los recursos necesarios, no sólo legislativos sino también profesionales, materiales y un proyecto a mediano y largo plazo para resolver el flagelo de la inseguridad, porque de lo contrario el problema va a tomar tal dimensión que después sus consecuencias sociales e institucionales serán irreversibles.

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