Entre la equidad y el deseo de recaudar

Un minucioso y complejo rastrillaje por cada uno de los 133 mil kilómetros cuadrados de superficie de la provincia permite actualizar y trazar un nuevo mapa del territorio.

Se trata de otro revalúo de propiedades, que con estudios fotogramétricos, geográficos y satelitales, realizó durante todo el año 2002 la Dirección Provincial de Catastro.

El trabajo absorbe las modificaciones registradas en los terrenos, tengan o no edificación. Las variantes no sólo implican los “cambios vegetativos” propios del ciclo de vida de una vivienda, como las mejoras no declaradas. El análisis es mucho más vasto y tiene en cuenta factores económicos, geográficos y regionales.

Aquí influyen desde los índices inflacionarios del país hasta los elementos que pudieron afectar la ubicación de una región: hace algunos años, ciertas zonas sojeras podían aparecer como deprimidas, pero el intenso cultivo que logró ahora esta legumbre repercute favorablemente en el valor de la propiedad.

Esos cambios “positivos” para el propietario no pasan desapercibidos para el Estado provincial. Porque todas esas modificaciones implican también un efecto impositivo.

“Estos hechos sucesivos y múltiples influyen sobre el valor de la base imponible, aunque las alícuotas se mantengan iguales”, confirmó el ministro de Hacienda de Santa Fe, Lic. Miguel Angel Asensio. Es decir, el revalúo derivaría en un aumento del impuesto Inmobiliario Urbano y Rural y “generaría un cambio en las boletas de la gente”, dijo el propio Asensio. Pero la decisión es política.

El trabajo realizado por Catastro es estudiado ahora por las Juntas Centrales de Evaluación. La tarea es minuciosa y lenta. Fuentes consultadas vaticinan que el análisis puede demandar lo que resta del año. Cuando estos estamentos finalicen su labor, elevarán los resultados, conclusiones y sugerencias a las instancias políticas.

La decisión de llevar o no esta actualización a la práctica estará entonces en manos del Poder Ejecutivo Provincial. Y si correspondiera, de ambas cámaras legislativas.

No existe una periodicidad establecida que obligue a confeccionar estos revalúos en un determinado momento -son costosos, complejos y de una gran elaboración-. Pero medidas económicas de fondo como la devaluación los tornan necesarios.

Es probable que el contribuyente no se conforme con estos motivos, y piense que el trabajo es funcional a meros fines recaudatorios. Y tal vez lo sea. El Estado, sin embargo, dirá que se trata de hacer valer con fuerza implacable el bastante maltratado “criterio de equidad”.