Hay sólo 23 profesionales para 800 escuelas: reclamo para jerarquizar el trabajo socioeducativo
Los equipos socioeducativos cumplen funciones clave dentro del sistema escolar y arrastran reclamos históricos que -según sostienen- continúan sin respuesta por parte del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, representantes sindicales y colegios profesionales. Sus integrantes advierten que la situación no solo impacta en sus condiciones laborales, sino también en el ejercicio efectivo de sus tareas frente a problemáticas cada vez más complejas.
Las intervenciones del equipo se activan ante la interrupción de trayectorias escolares, conflictos graves de convivencia, sospechas de violencias o abuso sexual infantil y problemáticas de salud mental. Según señalan, año a año aumenta la complejidad de los casos y también la demanda de intervención. Sin embargo, la estructura institucional que debería sostener ese trabajo permanece sin modificaciones.
Un equipo reducido para una región extensa
En la Regional IV, el equipo está integrado por 23 profesionales -trabajadoras sociales, psicólogas, psicopedagogas y terapistas ocupacionales- que intervienen en aproximadamente 800 escuelas públicas y privadas distribuidas a lo largo de 400 kilómetros.
Sus actuaciones no son accesorias: elaboran informes técnicos, firman y sellan con matrícula profesional y, en numerosas oportunidades, son convocadas en instancias judiciales vinculadas a la vulneración de derechos de niñeces y adolescencias. Se trata de intervenciones que requieren formación específica, respaldo disciplinar y responsabilidad legal.
La escuela como primer nivel de intervención
“La escuela es un lugar donde resuena toda la problemática de la niñez”, explicaron referentes del Equipo Socioeducativo dependiente de la Región IV del Ministerio de Educación. En ese sentido, el equipo funciona como primer nivel de intervención, aunque no solo responde a demandas de directivos o docentes, sino también a convocatorias de otras instituciones que detectan situaciones de vulneración de derechos.
En algunos casos, la intervención se circunscribe al aula y al trabajo con el equipo directivo. En otros, implica entrevistas sostenidas con familias, elaboración de diagnósticos de situación y articulaciones con organismos de niñez o salud. Además de las trayectorias educativas, abordan situaciones derivadas de violencia familiar y de género, abusos, violaciones e intentos de suicidio.
La continuidad de esas intervenciones, sin embargo, se ve condicionada por la magnitud de la demanda. Existen equipos de dos o tres profesionales que manejan más de 200 situaciones al año, lo que vuelve materialmente complejo sostener el seguimiento prolongado de cada caso. El trabajo es, además, profundamente territorial: las profesionales se trasladan de manera constante entre escuelas ubicadas en distintas localidades de la región, muchas veces distantes entre sí.
La contradicción de fondo
Pese a contar con título universitario, matrícula habilitante y respaldo de sus respectivos colegios profesionales, denuncian que su labor no es debidamente reconocida en la estructura orgánica del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe.
En diálogo con El Santafesino, los integrantes del Socioeducativo, explicaron que el propio Ministerio creó el programa para que profesionales especializadas intervengan ante problemáticas complejas, pero las mantiene dentro del escalafón docente.
“No somos docentes”, subrayaron. Sin embargo, están encuadradas administrativamente como tales, lo que impacta en su salario, en su categoría laboral y en sus posibilidades de desarrollo profesional.
Esa definición administrativa no es un detalle menor. Mientras el Ministerio exige intervenciones técnicas, informes con validez profesional y responsabilidad frente a organismos judiciales, las mantiene dentro de un escalafón que no reconoce la especificidad disciplinar ni la jerarquía que implica su formación universitaria y matriculación obligatoria.
Qué implica el reconocimiento profesional
Desde el equipo sostienen que el reconocimiento del título no es una formalidad administrativa, sino una garantía institucional. Supone que el desempeño dentro del Ministerio sea coherente con la disciplina y formación de cada integrante, preservando la especificidad de cada intervención.
Cada actuación está regida por un marco disciplinar y un posicionamiento ético-político que respeta incumbencias propias. En ese sentido, el reconocimiento implica también la exigencia de matrícula vigente: es el colegio profesional el que respalda la práctica y la matrícula la que acredita la idoneidad para el cargo.
Reclamos históricos sin respuesta
Ante este escenario, los planteos -que llevan años- incluyen:
- mejoras salariales acordes a la formación y responsabilidad asumida;
- reconocimiento efectivo de títulos y trayectorias formativas;
- creación de cargos genuinos que otorguen estabilidad laboral;
- apertura de concursos para cargos de coordinación;
- condiciones laborales acordes a la complejidad de las intervenciones;
- y garantías de movilidad para cubrir una región que abarca cientos de kilómetros.
Las profesionales advierten que la falta de respuestas no solo afecta sus condiciones de trabajo, sino que compromete el fortalecimiento de un dispositivo que interviene en los escenarios más sensibles del sistema educativo.
