Iapos: el costo de un medicamento para vivir
Iapos: el costo de un medicamento para vivir

Iapos: el costo de un medicamento para vivir

Desde hace varias semanas, la oposición en ambas cámaras legislativas de la provincia de Santa Fe cuestiona el sistema de provisión de medicamentos que posee IAPOS. Según los legisladores, la obra social provincial paga por drogas oncológicas y medicamentos para tratamientos especiales (por ejemplo, SIDA) dos y hasta tres veces más que los precios que pagan los hospitales públicos santafesinos por los mismos productos pero a través de licitaciones.

A principios de octubre, un cuadro comparativo difundido por el senador Alberto Beccani y el diputado Angel D`Ambrosio, exponía los costos abonados en setiembre último por licitación pública, en el Hospital Provincial de Rosario. Esas cifras eran comparadas con los precios que pagaría IAPOS si comprara con su actual sistema de provisión, regido por un convenio que se firmó con el Colegio de Farmacéuticos de la Primera Circunscripción. Como ejemplo de la lista, por el artículo ETOPOSIDO 100 MG. AMP. el Hospital pagó 12 pesos, el IAPOS pagaría 51,66%; por CARBOPLATINO 150MG FCO. AMP. el Hospital pagó 40 pesos y el IAPOS pagaría 169,79 pesos; por MITOMICINA 20MG. FCO. AMP. el Hospital pagó 48 pesos, el IAPOS pagaría 268,58 pesos; y por OXALIPLATINO 100MG. FCO. AMP. el Hospital pagó 300 pesos y el IAPOS pagaría 775,08 pesos.

La titular del organismo, María Inés Insaurralde, desautorizó esas cifras. Dijo que no le constaban los datos y que los mismos no eran oficiales. Que el tema era “demasiado complejo” y que no debían olvidarse los “lobbys” de la industria farmacéutica y de los laboratorios y droguerías interesados en el tema.

Para justificar las diferencias, la funcionaria dijo que en realidad IAPOS no compra medicamentos porque según la ley, el suministro de remedios sólo puede hacerse a través de “las farmacias”. Y es verdad, pero es IAPOS quien los paga.

Por eso la oposición política le exigió una y otra vez que realizara licitaciones, a fin de transparentar el actual sistema que, además, excluye a las droguerías del sur provincial.

Con la misma excusa de que “el IAPOS no compra”, la funcionaria se resiste a llamar a licitación pública. Las presiones que generó públicamente el tema la llevó a prometer apenas la realización de un concurso de precios. Pero la cosa quedó sólo en eso. Hace más de dos meses que lo anunció ante los senadores de su propio partido, y sin embargo, hasta el momento no lo cumplió. El argumento ahora para justificar la demora es que “llamar a concurso de precios no es nada sencillo”. Cada vez que se le pregunta sobre las droguerías que quedan excluidas de su sistema de provisión, ella dice que está dispuesta a “estudiar todas las propuestas que se le realicen”.

En las últimas horas, dos cámaras de droguerías respondieron a las acusaciones de Insaurralde y anticiparon que recurrirán a Tribunales ante las denuncias vertidas. Sugirieron a la directora del Iapos que denuncie si duda de las empresas proveedoras de medicamentos y aseguraron que el Colegio de Farmacéuticos impone los precios a los que deben venderles al Iapos. En el ámbito legislativo, Beccani mantuvo una reunión con la funcionaria, quien -según confirmó este periódico- se comprometió en el corto plazo a revisar los sistemas de compra de medicamentos y de todo tipo de contratación de servicios, inlcuso de ser necesario, plantear la modificación de la legislación vigente.

Al considerar el tema de la compra de medicamentos como “complejo”, Insaurralde revela su forma de pensar respecto de la capacidad de razonamiento de los ciudadanos santafesinos, que suponen que si un mismo medicamento cuesta un peso en un lugar y diez en otro, se adquiere en el lugar más barato. Ciudadanos en definitiva, muchos de los cuales padecen verdaderos dramas familiares al afrontar enfermedades sin cura definitiva como H.I.V. o distintos tipos de cáncer y que entregan su vida -su esfuerzo, su trabajo, su dinero- a un problema de salud, esa salud que no atiende como es debido un gobierno que no administra con criterio los caudales públicos.

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