Informe sobre la privatización del Banco de Santa Fe
El gobierno presentó un informe según el cual el proceso de saneamiento, liquidación y privatización del Banco Provincial de Santa Fe, significó un costo de 4.120 millones de pesos para el Estado santafesino.
La presentación, a cargo del ministro de Economía, Ángel Sciara; y el secretario de Hacienda de la provincia, Carlos Fernández, tuvo lugar luego de que el 30 de julio pasado se cancelara la última cuota del préstamo que la provincia tomó con el Fondo Fiduciario (por 163,7 millones de dólares) para privatizar la entidad.
“Es una paradoja que la provincia haya debido gastar, perder y dilapidar más de 1.000 millones de dólares a precio de hoy, para quedarse sin su banco”, señaló Sciara en el inicio de la presentación, realizada en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno en la ciudad de Santa Fe.
El documento “es el resultado de una investigación meticulosa, detallada y documentada de un equipo de trabajo de nuestro ministerio, que fue coordinado por el secretario de Hacienda”, añadió el ministro.
Fernández, en tanto, precisó que del trabajo se desprende que el proceso de privatización del banco tuvo un costo total de 4.120 millones de pesos, generado en las etapas de saneamiento (3.036 millones), liquidación (780 millones), y a través de los juicios contra la entidad que deberá asumir la provincia (304 millones).
Ese monto equivale, según se calculó, a la construcción 2.653 centros de salud o 337 escuelas; o el 85 por ciento del pavimento de todas las rutas provinciales primarias o 35 hospitales de alta complejidad.
“Si bien se pueden usar distintos métodos para actualizar los valores, que vienen de mucho tiempo atrás, con cualquiera se obtendrá una cifra semejante a la que estamos dando”, señaló Fernández.
Al respecto, especificó que “los datos para la elaboración del informe se sustentan en los balances del Banco de Santa Fe Sapem en liquidación; en los informes de la comisión liquidadora y de la Dirección Provincial de Control del Agente Financiero; de la auditoría de Deloitte Argentina (que audita los estados contables); en la información de Contaduría de la provincia; y en las conclusiones arrojadas por el trabajo de la comisión investigadora del año 1997, llamada Comisión Nogueras”.
