La “eliminación” del CER fue una burla a las pymes

La eliminación del polémico índice de ajuste CER no trajo alivio a los empresarios pymes. El Gobierno nacional dictó el Decreto 214/02 mediante el cual exceptúa de la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia a todos aquellos préstamo otorgados a personas físicas y que tengan como garantía hipotecaria la vivienda única, familiar y de ocupación permanente, los préstamos personales hasta la suma de $12.000 o los préstamos personales con garantías prendarias hasta la suma de $30.000, así como los contratos de alquiler cuyo locatario fuere persona física y el destino, la vivienda única, familiar y de ocupación permanente. Pero dejó fuera a los créditos contraídos por las personas jurídicas (sociedades anónimas, de hecho, de responsabilidad limitada, etc.) así como los hipotecarios que no sean sobre vivienda única y los préstamos personales y prendarios superiores a la suma de $12.000 y $30.000, respectivamente. Es decir que se les seguirá aplicando el CER a los créditos que fueron contraídos por las empresas.

En este marco, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios sostiene que el mantenimiento de este Coeficiente para las deudas de las empresas y los alquileres comerciales –que significará un incremento al ritmo de la inflación- será insostenible para las pymes: “El sector apenas sobrevive en un mercado que lleva cuatro años deprimido, con la cadena de pagos cortada, créditos cuyas tasas astronómicas los convierten en inexistentes, precios y condiciones de pago de insumos a merced de los oligopolios”. La entidad considera que la aplicación del CER traerá consecuencias desastrosas: “hará que los bancos se queden con todas las propiedades de los ciudadanos argentinos y el efecto será mucho más desastroso que el de la “famosa” 1050 de Martínez de Hoz. En este marco, además de pedir a la sociedad en su conjunto que se movilice, la entidad brinda asesoramiento jurídico a los perjudicados y envió a los diputados nacionales una propuesta alternativa para la indexación de las deudas del sector.

Por su parte, el Centro Comercial de Santa Fe envió cartas al ministro de Economía de la Nación y al secretario de la Pequeña y Mediana Empresa expresando la “creciente preocupación y angustia” de sus asociados con respecto a la aplicación del coeficiente. En las nota del mismo tenor dirigidas a Roberto Lavagna y al Dr. Julio Masara, el Centro Comercial de Santa Fe pide, directamente, la eliminación del CER. La entidad afirma que durante la última década, el empresario pyme ha sido “la verdadera víctima del sistema financiero” ya que imposibilitado de acceder al crédito, los pymes se financiaron con descubierto de cuenta corriente, pagando tasas del 50 al 60 por ciento anual, algunos con créditos personales a tasas del 20 al 24 y otros hipotecando sus viviendas para inyectar capital de trabajo a su empresa a tasas del 14 al 18 por ciento. Los pymes pagaron este costo financiero en un contexto de deflación de precios, por lo tanto, han quedado entrampados. No sólo están endeudados, sino que ahora no tienen capital de trabajo ni forma de tenerlo, al menos momentáneamente. En este marco, “la última década “significó la más fenomenal transferencia de ingresos de los sectores productivos al sector financiero”, sostiene el Centro Comercial de Santa Fe y agrega que hoy, quienes deben volver a cubrir al sistema financiero son los empresarios pyme y los trabajadores. Al respecto y en lo que refiere al sector que representa, la entidad afirma que ninguna están condiciones económicas de asumir el costo de la indexación planteada en el Decreto 214/02.

Una propuesta alternativa

APYME reclama que la “temible” actualización mediante el CER sea derogada para alquileres comerciales y deudas correspondientes a todo tipo de créditos, incluidos los hipotecarios personales y prendarios que financiaron la actividad de pequeñas y medianas empresas por montos en origen inferiores a 300.000 dólares. En su reemplazo, la entidad propone que alquileres y deudas del sector sean actualizadas con un nuevo índice, elaborado por el INDEC, atado a variables directamente relacionadas con la actividad pyme.

El nuevo índice surgiría de la interrelación de variables tales como:

-Recuperación del PBI

-Recuperación de la demanda interna

-Baja en los niveles de desocupación y subocupación

-Mejora de la actividad industrial

-Mejora del nivel de actividad de la construcción

-Mejora de la actividad del comercio minorista

Esta propuesta cuenta con el apoyo de la adjuntoría 2º de la Defensoría del Pueblo y fue enviada a los distintos bloques de diputados (para que fuera tratada el 10 de mayo, cuando se reglamentaba el Decreto que recortaba los alcances del CER). Su aprobación “evitaría un último golpe a quienes brindan la mayor cantidad de trabajo en un país devastado por la pobreza y el desempleo”.

Además, Apyme ha puesto a disposición de los empresarios santafesinos un servicio de consultoría jurídica y contable gratuita con el objeto de brindar asesoramiento a los empresarios que se encuentran afectados por la aplicación del CER; el objetivo principal es plantear la inconstitucionalidad de este índice de actualización que no guarda ninguna relación con la enorme depresión que sufre el mercado interno, con caída de las ventas y aumento de los costos operativos.

Este servicio de consultoría para empresarios afectados por el CER, se brinda los días lunes y miércoles de 19 a 20 horas en la sede de Apyme, sito en calle 25 de Mayo 2215 de la ciudad de Santa Fe. Las consultas pueden realizarse al Tel. 4538668.