La legislación agropecuaria de Santa Fe está atrasada cien años
Una vieja herramienta agrícola en campos de Santa Fe Crédito: Archivo El Cronista Regional

La legislación agropecuaria de Santa Fe está atrasada cien años

Un siglo de retraso. De la primitiva marcación del ganado con hierro candente se evolucionó hasta la tecnología de punta con identificaciones mediante microchips. De precarios, aunque ingeniosos sistemas de canalización para el riego, se accedió a sofisticados mecanismos de irrigación artificial. Pero los progresos fueron parciales. La agricultura es el principal pilar económico de la provincia, sin embargo, el código que la legisla tiene cien años.

En la Legislatura, los intentos para actualizarlo fueron varios pero también, vanos. En 1994, la ex diputada demoprogresista, Zulema Merino, dio el primer paso. Más tarde, hizo lo propio el justicialista Carlos Bermúdez. Pero la falta de consenso y de voluntad política empujaron a que ambas iniciativas caducaran. Ahora, una nueva embestida pretende renovar el debate y actualizar la norma que fue sancionada el 29 de agosto de 1901. Bermúdez volvió a ingresar su proyecto con algunas modificaciones, y Carlos Favario (PDP) retomó el de su ex compañera de banca, Zulema Merino.

“Tenemos coincidencias casi en un 80 por ciento. Veremos si podemos acordar el resto, o si directamente dejamos las diferencias de lado”, dijo optimista el Dr. Carlos Favario.

En la elaboración de las propuestas participaron referentes de entidades agropecuarios, productores, funcionarios del Ministerio de la Producción, miembros del Poder Judicial, y los especialistas en Derecho Agrario, Claudio Bermúdez y Fernando Brebbia, considerados autores intelectuales de los proyectos.

La finalidad del Código es “orientar, promover y regular la explotación agropecuaria; proteger y conservar los recursos naturales renovables, y preservar el medio ambiente”. Pretende legislar sobre el uso de la tierra, el deslinde, el régimen de agua, las infracciones, el transporte, la propiedad y el sistema de identificación de ganado, la flora y la fauna, el régimen forestal, la prevención de incendios y la policía sanitaria.

“Pretendemos modificar las injustas estructuras de explotación, con miras a sustituir el régimen del minifundio y del latifundio por un sistema justo de propiedad”, dijo Carlos Bermúdez.

Como innovación, los dos proyectos toman del Código Rural Italiano la figura de la “unidad económica” de la tierra. Sobre esa base se prevé un sistema de subdivisiones que será regulado por los organismos de control y la autoridad de aplicación (MAGIC).

La partición solicitada deberá estar acompañada de proyectos que justifiquen tal petición, a fin de evitar el disgregamiento del campo, que atentaría contra su potencialidad productiva.

Las iniciativas también plantean facultar a los jueces de primera instancia y comunales, previa reforma a la Carta Orgánica del Poder Judicial, para que intervengan en las problemáticas cotidianas del sector agropecuario. Eso permitiría agilizar los litigios, muchas veces entorpecidos por la burocracia. Incluso, podrían intervenir en las subdivisiones de tierras.

Los puntos de diferencia

Como ya se señaló, las disidencias entre ambos proyectos no son insalvables. El PDP, por ejemplo, dedica todo el Título IV a la Irrigación. Se redacta sobre la base de la Ley de Riego que impulsara la ex diputada radical, Isabel Jove, y que lograra media sanción. El PJ, en cambio, no incorpora el tema porque entiende que debe tratarse en un Código Específico de Agua.

A su vez, el oficialismo dedica un título a la Colonización de las tierras fiscales. Se apunta, sobre todo, a aprovechar las hectáreas de islas que pueden ser “salvadas” con nuevas tecnologías. Recuperado ese terreno, podría transformarse en productivo con la consecuente generación de mano de obra que permitiría descomprimir la situación de desempleo reinante en las grandes urbes. El PDP no prevé esta variante.

Finalmente, el PJ suma un Título sobre Plan Forestal Provincial, un Capítulo sobre Precintos para vehículos que transporten ganado, y un Título final sobre Hierras y Señaladas, que impone una petición a la autoridad policial para marcar el ganado. El PDP, por su parte, anexa como medio de marcación de animales, un sistema de identificación electrónica a través de “transponders o microchips”.

Bermúdez admitió que en estos años “no hubo voluntad política o necesidad” de aprobar esta legislación. “Pero ahora es imprescindible, porque en este momento de postración del país es el campo el que otra vez dará la puntada inicial para el desarrollo”.

Favario lamentó el tiempo transcurrido pero rescató que sirvió para “madurar algunas posiciones y limar muchas asperezas”.

“Ojalá que el diputado Bermúdez, miembro del bloque oficialista que en definitiva decide la suerte de los proyectos, motorice las gestiones para lograr la sanción de esta ley. Porque como muchas veces se dijo, la suerte de esta provincia va en paralelo con la suerte del campo”, sentenció el legislador.

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