¿La misma actitud fiscalista que baja del Estado nacional?
Está muy fresco en la memoria de los productores agropecuarios el duro y profundo cuestionamiento del gobernador santafesino a la actitud meramente fiscalista del gobierno del doctor Eduardo Duhalde. Particularmente por la imposición de retenciones a las exportaciones agropecuarias. Y reconocimos en el mandatario provincial su sensatez al salirle al cruce a esta actitud gobierno nacional. Sus críticas alcanzaban casi los mismos niveles de las nuestras.
Sin embargo, hoy Carlos Reutemann nos sorprende cuando anticipa que acudirá al mismo procedimiento que cuestionaba, aumentando la presión tributaria sobre el campo, comenzando por el impuesto inmobiliario y siguiendo, quizá, con otras tributaciones. Y fundando ello en que el campo vive tiempos de supuesta bonanza, sin que haya mediado -hasta donde conocemos- un imprescindible relevamiento de la realidad global del sector. Si lo hiciere, se encontraría con que el campo no es solamente la producción de soja, a la que aludió, y algunos rubros más.
El territorio santafesino también está poblado por productores lecheros, cañeros, arroceros, frutihortícola, frutilleros, algodoneros, chancheros y de muchos rubros más que siguen sufriendo graves carencias. Son, en general, los que deben soportar los efectos negativos de la devaluación (por estar destinados principalmente al deprimido mercado interno) y no reciben ninguno de sus beneficios. También se encontraría con una amplia estructura de producción minifundista; es decir, de supervivencia. En síntesis, se encontraría con un mapa de profundas diversidades que de ninguna manera puede suportar nuevas exacciones recaudatorias.
Además, en su conjunto, su producción sufre los efectos de la dolarización de las deudas por insumos y de los precios de los mismos productos; la aplicación del CER, solo postergado por un puñado de días; la reducción a la mitad del IVA que deben recuperar con sus ventas; las maniobras de los exportadores que postergan, sin actualización, pagos a los productores; el encarecimiento de uno de sus insumos vitales, el gasoil; la falta de financiamiento, y todo aquello que obliga a esta organización y su gente a una tarea reivindicativa constante. Todo ello a punto tal que estimaciones recientes indican que habrá una sensible reducción de las producciones de cosecha fina.
En síntesis, si bien es cierto que hay productores que logran alguna rentabilidad, no es menos cierto que tras más de una década de trabajo a pérdida, con ello solo intentan aliviar el tremendo endeudamiento en el que se incurrieron en esos años de prolongado quebranto.
Finalmente, sostenemos enfáticamente que frente a decisiones del tipo de la que nos ocupa -y preocupa-, debe procederse con el elemental principio democrático de consultar a las partes involucradas, de discutir y escuchar sus inquietudes. Someterlos a medidas inconsultas constituye una reducción democrática en tiempos en que la sociedad argentina demanda participación. Particularmente, frente a la tremenda crisis actual a la que entiende, entendemos, como fruto de las deficiencias, cuando no claudicaciones, de quienes la gobiernan y hasta de quienes debieran representarla.
