Leyes que transparentan los actos de gobierno
Fuente: El Cronista Regional

Leyes que transparentan los actos de gobierno

El diputado provincial por el Partido Demócrata Progresista (PDP), Héctor Jullier, se refirió críticamente a la falta de voluntad política del oficialismo para sancionar la ley de derecho a la información. «Este gobierno está terminando su gestión y nada hace pensar que en la provincia dejen de ocultarse los actos de gobierno», manifestó.

El legislador santafesino indicó que, entre otras cosas, una norma de este tipo «serviría para evitar los manejos discrecionales en materia de publicidad oficial, que muchas veces es utilizada como una herramienta de poder y control de los mismos medios de comunicación por parte de los gobiernos de turno».

El derecho a la información pública es instrumento para el ejercicio de otros derechos. Su culminación está en el derecho a la participación política, a la transparencia y a la vida en un estado de derecho democrático. Es un límite a la exclusividad o monopolización de la información por parte de los Estados, los grupos de presión o los partidos políticos.

«Todos los santafesinos tienen derecho a saber cómo manejan los funcionarios los asuntos públicos. Qué decisiones toman, qué destino le dan al dinero del Estado, o qué hacen o dejan de hacer. Este derecho de acceso a la información pública es reconocido internacionalmente como un derecho humano y, en la Argentina tiene jerarquía constitucional. Sin embargo nuestra provincia, por decisión política del oficialismo, sigue negando el acceso a la información a sus ciudadanos», expresó Jullier.

Para el diputado del PDP, «hay un evidente doble discurso. El gobernador, apenas asumido, había prometido a la opinión pública que una de sus prioridades sería promover la sanción de una norma que respete los postulados constitucionales sobre el tema, algo que volvió a reiterar año a año en cada inicio de sesiones ordinarias en la Legislatura. Pero lamentablemente, a escasos meses de concluir esta gestión, debemos decir claramente que este gobierno no ha tenido voluntad política para que los santafesinos sepan que es lo que hacen quienes tienen la responsabilidad de conducir el Estado»

Párrafo aparte merecieron en la consideración de Jullier los legisladores del oficialismo. «Hablan de acceso irrestricto a la información en sus discursos, pero sus acciones y omisiones tienden a evitar la consagración legal del mismo», señaló.

Más adelante, Héctor Jullier se refirió a las «inconcebibles trabas» propuestas por representantes del Partido Justicialista en la Legislatura, mediante distintos proyectos de ley. «Una de las más vergonzosas fue la ley impulsada por el senador Raúl Gramajo, quien incluyó en una iniciativa la obligación en los solicitantes de acreditar interés legítimo. «Es una cláusula restrictiva, de carácter predemocrático, que no aporta nada a la necesidad de transparentar la gestión pública», sostuvo el diputado santafesino.

Vale recordar que durante el año 2002 el ex legislador santafesino Carlos Favario (PDP) presentó una iniciativa parlamentaria, por primera vez en la provincia, tendiente a sancionar una ley que contemple el derecho a la vista y a la información pública. Pero la misma perdió estado parlamentario por la negativa del oficialismo a su tratamiento y consagración como ley.

«El derecho a la información pública es un instrumento para el ejercicio de otros derechos. Su culminación está en el derecho a la participación política, a la transparencia y a la vida en un estado de derecho democrático. Es un límite a la exclusividad o monopolización de la información por parte de los Estados, los grupos de presión o los partidos políticos», recalcó más adelante Jullier.

Para finalizar, el legislador del PDP indicó que «es necesario terminar con la monopolización de la información en la administración pública, con estructuras burocráticas diseñadas con el fin de no informar o, de informar sólo aquello que le conviene a ella o al poder político de turno. Sólo de este modo la provincia de Santa Fe dará un salto cualitativo en la transparencia de los actos de gobierno y en la participación democrática».

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