Los diputados devolvieron a comisión la Ley Ómnibus y el presidente Milei acusó a los gobernadores de traición

La Cámara de Diputados debatió artículo por artículo la ley ómnibus, tras la jornada de martes maratónica de más de 30 horas que desembocó en la aprobación del dictamen en sus términos generales.

En el marco de un debate tenso, una serie de rechazos a diversos incisos clave para el oficialismo causaron que los diputados de La Libertad Avanza solicitaran regresar el proyecto a comisiones.

La vuelta del proyecto a comisión se da después de cuatro sesiones de debate e incluso luego de la aprobación en general de la ley por 144 votos a favor contra 109 rechazos el último viernes. Tras más de un mes de negociaciones, el proyecto original de 664 artículos, había quedado en poco más de 300.

En el recinto solo se llegó a votar en particular hasta el artículo 6. Entre esos puntos, el Gobierno había llegado a aprobar 6 emergencias: económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa. En el camino ya habían quedado la fiscal, previsional, de defensa y social.

Sin embargo, al momento de aprobar las bases de esas facultades legislativas delegadas al Presidente -en el artículo 4- empezaron los traspiés al punto que la emergencia en seguridad, por ejemplo, quedó en una cuestión meramente “simbólica” o “declarativa”, porque después el inciso que especificaba en que iba a consistir esa facultad (“fortalecer la actuación de las fuerzas federales de seguridad” en distintos órdenes) fue rechazado.

Pero también le rechazaban al Presidente el poder para “regular y reordenar el sector energético” y para “modificar, unificar o eliminar fideicomisos o fondos fiduciarios” que eran fondos clave para los gobernadores.

En este último punto hasta Carolina Píparo, aliada de LLA, votó en contra por una modificación que se había realizado a pedido de Nicolás Massot.

“Daban potestades sobre asignaciones para fondos fiduciarios y Massot propuso exceptuar a dos. Milei estaba enfáticamente en contra de ese tipo de discriminaciones positivas, o es para todos o para nadie”, señalaron en su entorno.

Llegado el artículo 5 -el de la Reforma Administrativa del Estado- le rechazaron al Gobierno seis incisos y solo aprobaron uno: para implementar mejoras en la profesionalización de la carrera de agentes de la administración nacional.

Los votos en contra venían de un sector de la UCR, una parte de Hacemos Coalición Federal, de Miguel Pichetto; y parte de Innovación Federal, de los gobernadores de Salta, Río Negro, Neuquén y Misiones.

Encima el próximo punto del debate era el capítulo de privatizaciones, el que, en el disenso, se sabía, era más generalizado. Varios legisladores de los bloques dialoguistas fueron los que intentaron encarrilar la discusión cuando se vislumbraba el fracaso. Los libertarios se limitaron a aplaudir algunas de sus intervenciones.

Las dificultades en las negociaciones se vieron desde el día uno y tuvieron una primera cristalización en la firma del dictamen, cuando el proyecto oficialista se impuso con 55 firmas, pero 34 de ellas en disidencia, con diferencias en más de 100 artículos.

No se construyó confianza, la atomización opositora no ayudó y la tozudez oficialista tampoco. Siempre rondó la amenaza, atribuida al asesor presidencial Santiago Caputo, de que si no aprobaban las delegaciones o las privatizaciones como LLA exigía iban a retirar el proyecto. A todo o nada.

Esa advertencia se concretó después del cuarto intermedio en el que los jefes de bloque se reunieron con el presidente de la Cámara, Martín Menem, y con Caputo. Hicieron una evaluación en la que consideraron que lo que había sido aprobado “ya no les servía”.

El último intento antes de la sesión había sido del ministro Luis Caputo, que llamó en persona a varios de los gobernadores y les pidió votar a favor. A cambio les dijo que él iba a encargarse de que de alguna manera le lleguen los fondos.

Los mandatarios provinciales venían denunciando que el proyecto era solo para salvar las cuentas nacionales y desfinanciar a las provincias. Por eso amenazaban con coparticipar el impuesto País.

Los gobernadores le pidieron que ese compromiso lo haga público, una señal concreta. “Porque si no es como el cuento del pastorcito mentiroso”, señaló un diputado del mandatario cordobés. Pero no ocurrió.