Motoniveladoras: El Congreso aprobó un pedido de informes
La Comisión de Obras Públicas de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación aprobó un pedido de informes presentado en julio de este año por el diputado Hugo Storero, con relación al bloqueo preventivo impuesto oportunamente por el juez Nicole Netzar, del principado de Liechtenstein, sobre una cuenta vinculada a la empresa patagónica Austral construcciones -atribuida al empresario Lázaro Báez-, firma que le vendió a la provincia de Santa Fe un total de 140 motoniveladoras de origen chino por un monto aproximado a los 12 millones de dólares.
En dicho orden y en función del proyecto de resolución, la mencionada Comisión Parlamentaria solicita “saber si nuestro país ha recibido un requerimiento del Poder Judicial del Principado de Liechtenstein, a los efectos de obtener información vinculada con operatorias realizadas en virtud del Expediente Nº 16102-0015635-2 DPV S/ Resolución Nº 1145/05 DPV-Licitación Pública para la adquisición de motoniveladoras de la provincia de Santa Fe, llevada a cabo en junio de 2005”. En caso afirmativo, se ha requerido una copia del texto cursado por el magistrado europeo y toda información relacionada a las acciones adoptadas a partir de dicha recepción, como así también, “si se ha dado intervención a la Unidad de Información Financiera (UIF), en el marco de lo dispuesto en la Ley 25.246”, o si la misma ha sido informada de algún hecho que hiciera alusión a posibles situaciones irregulares vinculadas con la mencionada licitación y, en su caso, cuáles han sido las medidas adoptadas.
Por otra parte, se solicita al Poder Ejecutivo que informe “si la Administración Pública de la Provincia de Santa Fe, que realizó la licitación, ha reportado posibles situaciones irregulares vinculadas con la misma, y si se ha dado intervención a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)”. En cuyo caso, también se requieren datos acerca del estado de la investigación y el resultado de la auditoria.
Crónica y antecedentes
El 17 de junio de 2005, la Dirección Provincial de Vialidad adjudicó la compra de 140 motoniveladoras a la empresa Austral construcciones. A partir de allí, legisladores provinciales de la oposición encontraron numerosas anomalías. Entre ellas, que el objeto social de la firma no era el de compra-venta de maquinarias viales y que, quien se presentó como su titular, no reunía los requisitos legales correspondientes para asumir estos compromisos. Tampoco quedaba clara su relación con dicha empresa, por lo cual, según se estimó en el acto de apertura de la licitación se debería haber rechazado la oferta de Austral.
Además, hubo otros aspectos que tuvieron que ver con el precio. Por ejemplo, la intermediación elevó el monto de la operación a 12 millones de pesos. En este contexto, el juzgado Penal de Instrucción de la Tercera Nominación tomo a su cargo la polémica investigación.
La denuncia presentada por parte de los diputados provinciales constó de 50 fojas y más de 400 páginas. En la misma, además de los aspectos mencionados, se deja constancia que la empresa Austral Construcciones logró adjudicarse la venta de estas maquinarias por un valor de 51 millones de pesos, “en forma totalmente parasitaria”, ya que según los despachos de Aduana, el precio comercial unitario de las máquinas, más gastos de fletes, seguros y gastos de importación, ascendía a 91 mil dólares, contra los 121 mil por unidad que finalmente terminó pagando la provincia.
Cabe aclarar que para la comercialización de sus productos, la fábrica china poseía representación directa en la ciudad de Buenos Aires, modalidad que podría haber evitado la intermediación de Austral, que terminó cobrando 12 millones por sus servicios.
El bloqueo y la ruta del dinero
A partir del bloqueo preventivo y del pedido del Juez Netzar presentado por Suiza ante la Cancillería a mediados de julio de este año, fuentes ligadas a la investigación informaron que en el mes de mayo de 2006, Austral Construcciones habría depositado 10 millones de dólares en el banco Macro Bansud. Dichos fondos habrían pasado al Sud Bank and Trust de Bahamas (un paraíso bancario y fiscal), y finalmente, se habrían depositado a nombre de la empresa “Trade 24 Limited”, con sede en Seychelles, islas ubicadas en otro paraíso fiscal, en el Hypo Investment Bank de Liechtenstein, donde los bloqueó el juez.
Por esos días, diversos medios nacionales informaron que representantes de “Trade 24” exhibieron ante el magistrado europeo un contrato de asociación con Austral Construcciones, como justificación del origen del dinero, además de otros documentos firmados por el ex administrador de Vialidad de Santa Fe sobre la polémica compra.
