Otra muerte reclama responsables

Duarte era un interno alojado en la División Robos y Hurtos, en la Jefatura de la Unidad Regional I de la capital santafesina. Un día, apareció “colgado” en su celda y los funcionarios policiales explicaron que el recluso se había suicidado. Pero el tesón de la familia y las investigaciones posteriores demostraron finalmente que la policía había mentido. Duarte murió asesinado.

El caso provocó un cimbronazo en la gestión del por entonces gobernador Jorge Obeid, quien decidió disolver Robos y Hurtos.

Ahora, la negra historia parece reeditarse bajo otro nombre: Diego Sequeira. Sequeira, de 21 años, estaba alojado en la cárcel de Las Flores por asaltar un supermercado. El 2 de abril de 2000 apareció en su celda también “colgado” con una sábana. La explicación oficial, idéntica. Sequeira se suicidó. Pero su madre nunca aceptó la hipótesis. Advertida, tal vez, por una carta que tiempo antes su hijo le había enviado diciéndole que temía este desenlace, emprendió una lucha por la verdad.

La misma mañana de su muerte, Sequeira había recibido una fuerte golpiza. Por eso, la justicia abrió una causa que investigó esos hechos y que derivó en el procesamiento de algunos agentes del Servicio Penitenciario. Y fue el mismo juez, Dardo Rosciani, quien inició otra causa para indagar sobre el deceso del recluso.

En los últimos días, la abogada patrocinante de la familia, Patricia Hidalgo, reveló los resultados de nuevas pericias solicitadas tanto por la familia como por la misma justicia, que coincidieron en señalar que Sequeira no se suicidó, sino que fue asesinado.

“Este tipo de hechos son una preocupación, pero en definitiva, si hay responsabilidad por parte de estas personas que están siendo investigadas, tendrán que responder no sólo en sede judicial sino también en sede administrativa”, se limitó a decir el actual ministro de Gobierno y por entonces Subsecretario de Justicia, Carlos Carranza al ser consultado por este medio.

El funcionario aclaró que “todavía” no hay personal penitenciario imputado por esta muerte porque “todavía no se ha aclarado el origen” de ese deceso. Pero advirtió que de comprobarse la hipótesis del homicidio, “los responsables serán separados del cuerpo”. “Este tipo de situaciones no son toleradas por este Ministerio. Siempre hemos tratado de erradicar cualquier síntoma de violencia por parte del personal Penitenciario”, sentenció.

Distinta fue la reacción del Dr. Arturo Gandolla, quien había asumido como director del Servicio carcelario provincial, pocos meses después de producido el suceso. Gandolla, actual candidato a concejal por la ciudad de Rosario, refutó las declaraciones de la Dra. Hidalgo quien le atribuye haber entorpecido la investigación, y adelantó que “querellará” a la letrada.

El caso estalla en la última etapa de una gestión gubernamental que terminará topándose con numerosas causas por muertes no esclarecidas. Veintitrés víctimas oficiales como consecuencia de las inundaciones, cinco miembros de una familia que cayó en un socavón de la ruta 168, siete muertos por los incidentes de diciembre de 2001 en la ciudad de Rosario, más de una decena de presos que murieron “quemados” en una comisaría de Villa Gobernador Gálvez en 2001, otros dos que también fallecieron incinerados en la comisaría 11 de esta ciudad, y ahora, Sequeira….

Todas, durante el gobierno de Carlos Reutemann; por todas se clama justicia.