Reclaman un sistema de premios y castigos para comunas y municipios

Varios fueron los intentos para tratar de compensar las deudas entre la provincia, municipios y comunas. Pero hasta el momento, ninguna ley se ha sancionado en ese sentido. Las diferencias políticas o de criterios hicieron fracasar los debates y ya se ha logrado que un proyecto pierda estado parlamentario.

Debilitada esta posibilidad, varios intendentes y jefes comunales reavivaron el reclamo para que el Estado provincial salde sus compromisos. Todos coinciden en que esos pesos, aunque más no sea dosificados en cuotas, llegarían como un regalo del cielo para oxigenar en algo las deprimidas administraciones locales.

Las deudas datan de muchos años y en varios casos son cifras millonarias. En cuanto a las comunas y municipalidades, el incumplimiento se generó, básicamente, por servicios públicos (luz, ex Dipos) y aportes previsionales no realizados, entre otros conceptos. La suma total supera los 162 millones de pesos y a la cabeza aparece Santa Fe con una deuda de 48.956.580 pesos

La deuda total de la provincia con el resto de las administraciones es de más de 2.300.000 pesos. En este caso, los incumplimientos se originaron por contribuciones de mejoras acumuladas a partir de la construcción de escuelas y otros edificios públicos.

La primera compensación que se planteó entre las partes fue a través del decreto provincial Nro. 3469 de 1993 al que le siguió el Nro. 807 de 1996, con sus modificatorios.

Pero al ritmo que pasaron los años, las deudas se fueron multiplicando y los sistemas de compensación vigentes hasta el momento prácticamente perdieron sentido.

Con la segunda gestión de Carlos Reutemann, el Poder Ejecutivo propuso compensar a través de un nuevo régimen. Envió un mensaje a la Legislatura que establecía descontar progresivamente la deuda de municipios y comunas hasta un tres por ciento de su coparticipación, con un plazo máximo de cincuenta años.

En el caso de las comunas y municipios acreedores, se proponía un sistema de devolución en la medida que se cobrara a las deudoras, y en un plazo máximo de seis meses.

La iniciativa cosechó varias críticas porque muchos la entendieron como un sistema de premios y castigos, pero que terminaba beneficiando a los más incumplidores. La ley permitía que los municipios más endeudados, probablemente por manejos desordenados, terminaran pagando su deuda en plazos casi eternos. La polémica fue ardua y la falta de consenso empujó a que el proyecto perdiera estado parlamentario.

De todos modos, en mayo último, ingresó a la Cámara de Diputados, impulsado por el justicialista Carlos Paganini, un proyecto de similiares características. Pero por ahora, esa iniciativa también recorre el prolongado y a veces sinuoso camino de las comisiones.

Mientras tanto, se buscan paliativos y salidas alternativas. En una de sus últimas sesiones, el Senado aprobó un proyecto de Comunicación del bloque radical mediante el cual se le reclama al Poder Ejecutivo que cancele su deuda consolidada.

En los fundamentos recordaron el proyecto del gobierno que quedó “trunco” y advirtieron que es necesario “diferenciar a aquellas administraciones que cumplieron sus obligaciones de aquellos otros que mantienen cuantiosas deudas con la provincia”.

“Si se pregona la aplicación de reglas de premios y castigos, la primera decisión a adoptar en la provincia es atender los justos reclamos de aquellos municipios ordenados y cumplidores que desde hace muchos años vienen solicitando lo que les corresponde”, sentenció el proyecto.